Tanto jueces como fiscales, se valen del poder que la ley otorga a sus posiciones para alterar el debido proceso. Sus acciones sirven al interés de imponer castigo, con la privación de libertad, sin dar paso al cumplimiento de las garantías procesales. Con la certeza de que la casi absoluta cooptación del sistema de justicia les brinda, no tienen empacho en pasar por alto la obligación que tienen de actuar con apego a la ley. En resumidas cuentas, hacen dogma la premisa de que la ley dice lo que el pacto golpista dice que dice.
De esa cuenta, en los años recientes, ya sea desde la judicatura o desde el Ministerio Público (MP), se ha hecho uso de mecanismos que retrasan de manera perversa el cumplimiento de los plazos y con ello, de las garantías procesales. En total desobediencia del Código Procesal Penal y de los enunciados constitucionales sobre garantías al debido proceso, jueces y MP se coluden para impedir el avance de procesos contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas.
A dichas personas se les envía a prisión sin siquiera haber sido escuchadas en primera declaración. Y cuando dicha audiencia da inicio, no siempre concluye en la fecha prevista sino que puede prolongarse más en el tiempo.
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Entre los casos que ejemplifican esta práctica están los de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, en 2023. La primera declaración de González se concretó hasta un mes después de iniciada. Y, durante el proceso algunas audiencias fueron suspendidas porque el MP no se presentó. De igual forma, en el caso contra el exfiscal Stuardo Campo, el MP no se presentó a la audiencia de ofrecimiento de prueba.
En abril de este año, el MP presentó denuncia contra el liderazgo de organizaciones de pueblos indígenas como la Asociación 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá. Luego fueron capturados Luis Pachecho y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Asociación 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente. En octubre, Pachecho y Chaclán cumplieron seis meses sin que hubiera juez designado para el caso. Debieron pasar seis meses para que el Organismo Judicial (OJ) nombrara un tribunal para conocer el caso. Esto porque a la Sala Tercera de Apelaciones del OJ le tomó cuatro meses conocer la excusa de la jueza Leticia Zecaira.
Esteban Toc, vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, fue capturado en agosto y enviado a Mariscal Zavala. Un centro de detención a más de 100 kilómetros de su residencia. El dirigente pasó más de una semana sin ser escuchado en primera declaración pues el querellante no se presentó y el juez suspendió la audiencia. Luego, el MP no se presentó. Pero el dirigente sí fue llevado a tribunales y lo mantuvieron en la acera, a la intemperie, además de que le tocó subir las escaleras de varios niveles, a pesar de su salud precaria por la afección que padece.
En el caso del abogado Ramón Cadena Rámila, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), interpuso recurso de exhibición personal. Esto porque pese a estar detenido desde el 10 de noviembre, por presentación voluntaria, al momento de interponer el recurso no se había producido la primera declaración.
De manera que, mediante litigio malicioso con un juego perverso de ausencias intencionales, las audiencias no se realizan en tiempo y se violan totalmente las garantías procesales. Con ello no solo se incumple el debido proceso sino que se castiga a las personas privadas de ilbertad con encarcelamiento injusto, lo que conlleva actos de tortura psicológica.
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