Las acciones del juez Cruz implican retardo malicioso y violación al debido proceso. Una práctica que han realizado varios juzgadores que conducen juicios contra personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso contra los exdirigentes de la Asociación 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pachecho y Héctor Chaclán, no hay manera de que se designe al juez contralor del caso. De tal suerte que ambos dirigentes han acumulado más de un semestre sin ser escuchados en primera declaración. En otros procesos, es el Ministerio Público (MP), el que no se presenta a las audiencias y por ello, las mismas deben ser suspendidas y reprogramadas.
Ramón Cadena Rámila es un reconocido abogado que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Ha sido asesor jurídico y litigante de organizaciones campesinas, de pueblos indígenas y de defensa del territorio. Por su labor de entrega plena a la defensa de derechos colectivos, Ramón Cadena es ampliamente reconocido y respetado nacional e internacionalmente.
La fiscalía que presentó la denuncia, el juez que emitió la orden de captura y ordenó su detención y traslado a la cárcel de Mariscal Zavala, no llegan a los talones a Ramón Cadena. Como bien lo señaló el abogado, en Guatemala no se dan las garantías para la resolución de asuntos legales. El sistema, cooptado por un puñado de personas corruptas, utiliza la ley como arma de venganza y el poder que ostenta para ejercer arbitrariedad.
De allí que si bien las denuncias carecen de fundamento y el MP resulta incapaz de quebrantar la presunción de inocencia de las personas perseguidas, los jueces venales, retuercen la ley. Con ello no solo han violado los derechos de las personas falsamente acusadas. También han permitido que Wálter Mazariegos, usurpador de la rectoría en la Usac, destruya la única universidad pública del país.
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Mazariegos se vale de su poder y posición para impedir el cambio de autoridades pese al vencimiento del período de varios integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU). Aunque hay sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obliga a realizar las elecciones, el CSU sigue sin cumplirla y, en los pocos casos en donde se han dado, cuando el resultado no favorece al grupo delincuencial de Mazariegos, impiden el cambio. Es decir, sigue actuando de manera fraudulenta porque es la única forma de mantenerse en el poder.
No se olvide que en el caso Usac, estudiantes, docentes y personas defensoras, han sido criminalizadas sin base alguna, tan solo por denunciar el fraude. El usurpador Mazariegos se impuso ilegal y violentamente en la rectoría. Para asaltar el poder, se valió de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que impidieron la elección legítima de autoridades. Desde esa posición, a partir de 2022 ha manoseado las leyes del país y las normas de la Usac para perseguir a quienes dignamente denunciaron su accionar criminal.
Ramón Cadena es inocente, como lo son todos los estudiantes, docentes y personal administrativo denunciado por Mazariegos y perseguido por el MP y los jueces corruptos.
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