Es impresionante cómo en pleno siglo XXI aún se manejan ideas muy superficiales y divinas sobre la maternidad, el hecho de ser mujeres no nos mandata a reproducirnos e inclusive procrear. Incluso, según el Observatorio de Salud de Reproductiva, de enero a abril de este año en Guatemala se contabilizan 20,223 nacimientos de niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, de los cuales 19,542 son de madres entre 15 y 19 años y 681 en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad.
Sin embargo, las estadísticas no responden interrogantes serias y necesarias: ¿Quiénes son los hombres (niños, adolescentes o adultos) responsables de esos embarazos? ¿Cuáles fueron las condiciones (en cuanto a relaciones afectivas) en las cuales se dieron estos embarazos? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas y psicológicas de las niñas y adolescentes del registro que iniciaron a maternar? ¿A cuántas de esas niñas y adolescentes el Estado les brinda asistencia económica, psicológica y educativa para una maternidad «digna»? ¿Cuántas niñas, adolescentes y mujeres realmente desearon convertirse en madres? Legalmente en el país tener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito considerado una agresión sexual, según lo establece el Código Penal en su artículo 173 «Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad».
A nivel nacional se presenta un aproximado de 148 embarazos diarios solo contabilizando a las adolescentes menores de 19 años. Según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 2022, se muestra un dato de 4.7 millones de madres en el país, de las cuales solo 1.8 millones tienen un empleo dentro de la categoría formal o informal, contando con un ingreso promedio de Q2,395 al mes.
Guatemala es un país donde la gestación y la maternidad se romantiza a costillas de las condiciones de vida de las mujeres. Ambas condiciones deberían ser una decisión y no una obligación, se debería presentar como un deseo genuino de dar vida y criar a otro ser humano con condiciones dignas y no un mandato social por el hecho de «ser mujer».
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El país no solo no brinda condiciones dignas de desarrollo a sus habitantes, sino que obvia el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, perpetuando violencias estructurales hacia las personas y principalmente las mujeres al tener ausencia de una política trasversal de educación integral en sexualidad. Guatemala no es un país que avance en concretizar mejores condiciones para sus habitantes y menos para ejercer la maternidad, no se fomenta la paternidad responsable a través de las normas, las instituciones y las relaciones sociales; no se poseen los mecanismos suficientes para el apoyo hacia las niñas, adolescentes y mujeres a quienes el Estado obliga a gestar y maternar, ni para aquellas mujeres quienes en su privilegio deciden hacerlo.
El dar y criar vidas humanas no se debería plantear desde el «romanticismo». La publicidad es engañosa, como sociedad es fundamental analizar cómo establecer mejores condiciones dignas para las mujeres. Se necesita el reconocimiento de un marco legal para darles voz y voto sobre sus propias vidas y cuerpos.
Se debe reflexionar sobre las frases publicitarias, y en todas aquellas ideas que arroja un sistema de mercado entorno a la gestación y maternidad y lo que ello significa, a esta reflexión contraponer los pocos datos que se tienen registrados respecto a las condiciones de desarrollo de las mujeres para poder discutir ¿Guatemala es un país con condiciones dignas para gestar y maternar?
La maternidad debería ser un derecho, una decisión libre, acompañada, respetada, digna y positiva. No un camino por seguir porque esa es la «ley de la vida», es momento de corregir aquella premisa de «un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere». En realidad, la reproducción es una elección, no un mandato intrínseco de vida y mucho menos en un país con una cotidianidad llena de todo, menos de dignidad.
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