En un encuentro de organizaciones comunitarias al que asistí recientemente, un barillense me contó que el asfalto por fin llegó al pueblo, aunque hay pequeños parches de terracería sueltos por aquí y por allá, debido a esa extraña costumbre que hay en el país de asfaltar algunas carreteras en clave morse. Y ese solo es el lado de los Cuchumatanes, porque la otra forma de llegar a Barillas, subiendo desde las calientes tierras bajas de Ixcán, sigue siendo un trayecto casi vertical de cuatro a cinco horas de saltos y sacudidas por un camino más apto para cabras y mulas que para vehículos (solo llegan los 4X4), que deja a los pasajeros prácticamente sin riñones. Y Barillas es tan solo una de la multitud de comunidades del país que ven su potencial lastrado por la falta de vías de comunicación adecuadas.
En todas estas cosas pensé cuando leí la noticia de un supuesto «catálogo de edecanes» que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) ponía a disposición de los constructores que buscaban obtener proyectos con la entidad, así como para funcionarios y altos trabajadores de esta. Incluso se filtró una foto donde ministros, viceministros y constructores departen frente a mesas repletas de botellas de licor, en compañía de las escort girls de las que habla la noticia, difundida por medios como Con Criterio y Soy 502, y que seguramente solo acompañaban a los funcionarios durante la velada y luego se iban para sus casas (percíbase el sarcasmo en mi comentario). Es decir, ya es bastante indignante que funcionarios públicos roben del erario para satisfacer sus vicios y excesos, pero ahora resulta que las mismas instituciones de gobierno ponían a disposición de sus usuarios todo lo necesario para sus bacanales, sin que tuvieran que arriesgar su integridad yendo a buscar sus «diversiones» a peligrosos lugares de dudosa reputación. Válgame.
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Es un hecho que la calidad de la obra pública se ha reducido drásticamente desde el gobierno de Otto Pérez Molina, para ir de peor a pésimo durante los gobiernos de sus sucesores. La tan cacareada «megaobra» del libramiento de Chimaltenango, de la que tanto se jactaba Jimmy Morales, sufre de derrumbes y agrietamientos periódicos, tan aparatosos y graves como la reputación y el recuerdo del mencionado exmandatario, y de las carreteras construidas durante el gobierno de Alejandro Giammattei no podemos ni hablar, porque simplemente no existen. En algún momento me temía que los constructores corruptos ya no se iban a contentar con construir carreteras de pésima calidad. Simplemente iban a embolsarse los millones y a marcharse tan tranquilos. Y mi temor prácticamente se concretó a finales del gobierno de Giammattei: una constructora inició un paso a desnivel en la calzada Roosevelt, levantó seis columnas y luego se esfumó con la plata. Obligada a rendir cuentas durante la administración actual, la empresa finge demencia y se declara en quiebra un día, para decir al siguiente día que no, que sus finanzas están muy bien, gracias. Precisamente las secuelas de este caso, además de las complejidades de la monstruosa deuda de arrastre que se tiene pendiente con estos constructores abusivos y cochinos, fueron algunas de las razones que hicieron rodar (metafóricamente) la cabeza de Jazmín de la Vega, que hasta hace dos semanas se hallaba al frente de la susodicha caverna de ladrones, y que se había enfrentado desde el 15 de enero a la titánica tarea de limpiarla, cosa que evidentemente no pudo, cediendo el paso a un viejo cuadro de confianza del presidente Bernardo Arévalo, el doctor Félix Alvarado, que deberá ahora seguir con la monumental labor.
No debemos olvidar que los orígenes de esta macabra situación que mantiene el país sumido en el subdesarrollo, se remontan a los años noventa, cuando el capitán general del reino, don Álvaro de Arzú e Irigoyen, atendiendo a los edictos del Consenso de Washington, decidió que la construcción de los caminos del país, hasta entonces en manos del Estado, debía privatizarse y pasar a manos de empresas independientes. Entonces, las carreteras del país, que de hecho eran de una calidad bastante aceptable (aunque brillaban por su ausencia en buena parte del área rural) empezaron lentamente a convertirse en el botín de gente voraz e inescrupulosa, aunque en algunas etapas el sistema pareciera funcionar bien (la ampliación de la carretera Interamericana a cuatro carriles durante el gobierno de Oscar Berger es prueba de ello). Y ya durante los últimos tres gobiernos el sistema se convirtió en un auténtico aquelarre de cochinadas, inmundicias y vicio, donde a los constructores lo único que les interesaba era embolsarse las millonadas cada vez mayores que cobraban por tramos cada vez menores, y entregar trabajos de cada vez más dudosa calidad. Todo ello, ahora se hace aparente, mientras departían con amables edecanes en mesas cubiertas de botellas de licor, y posiblemente de otras substancias menos legales, preocupados por cualquier cosa menos por la construcción de las carreteras del país. Y por supuesto, todo a costillas de nuestros bolsillos.
El camino al futuro pasa precisamente por tener buenos caminos. Y es intolerable que la posibilidad de un futuro mejor se le niegue a comunidades esforzadas como Santa Cruz Barillas y tantas otras por la voracidad e inconsciencia de funcionarios y empresarios cuya ambición parece barril sin fondo. Por el bien del país, esperamos que el gobierno no detenga su cruzada contra la corrupción, y que cada comunidad del país quede, más temprano que tarde, conectada por las vías dignas y modernas que todos nos merecemos en Guatemala.
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