Por medio de concurridas mesas de trabajo, entre el 11 y el 22 de este mes, representantes de distintas organizaciones del país discutirán el millar de planteamientos recibido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En esa línea, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), bajo la coordinación del ente responsable de los procesos correspondientes, se encargará de conducir los debates en que tomarán parte emisarios de cinco partidos y un centenar de entidades civiles, entre ellas la academia, cámaras empresariales y agrupaciones de la sociedad civil.
Al respecto, es importante recordar que, hace tres años, el Congreso de la República conoció una iniciativa de ley impulsada por el TSE que recogió 46 modificaciones, pero la intención no fue más allá del aval de la sala de Asuntos Electorales, de manera que a estas podrían añadirse las que surjan del análisis anunciado por la CAME.
También vale apuntar que la CAME se enmarca en el Artículo 256 Bis, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual determina que después de unas votaciones generales se instalará la comisión que debe evaluar, en este caso, el proceso 2023 y, de ser necesarias, considerar reformas de cara a la siguiente cita con las urnas.
Para el nuevo ciclo, el cronograma establece que después de las mesas de trabajo con asistentes de la variopinta sociedad, del 22 de marzo al 19 abril se realizará la integración, sistematización y redacción de propuestas para que, del 20 al 30 abril, las admitidas sean tratadas por el pleno del TSE para su aprobación y gestión como iniciativa de ley en el poder legislativo.
[frasepzp1]
Con el retorno del tema a la agenda de la dinámica partidaria, reaparecen elementos sensibles sobre la materia, por ejemplo, el número de diputados, forma de escoger a quienes ocuparán escaños, existencia del Parlamento Centroamericano, sufragio de las personas migrantes, financiamiento electoral, entre otros que van y vienen sin que se queden, o si lo hacen, abren la polémica en cuanto a los efectos.
Y es que derivado de la CAME se cambió el calendario y por eso la primera vuelta de los comicios se definió en junio y la segunda en agosto, variante que algunos sectores sugieren volver a descartar debido a la experiencia de la dramática, traumática y desesperante transición presidencial en el eterno cuatrimestre final de 2023.
Un aspecto que hasta el momento no se ha mencionado, pero que lo amerita, es el artículo 94 Bis vinculado con: «Propaganda ilegal de personas individuales. No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el Reglamento». Esta absurda camisa de fuerza ha dejado en evidencia que la medicina resultó peor que la enfermedad.
Sin lugar a duda, la convergencia de voces de la sociedad civil será un ejercicio que traerá propuestas bien intencionadas, aunque no puede descartarse que, como ha ocurrido, no pocas sean casuísticas y ajustadas a la coyuntura. Por ello, ojalá que la visión no sea cortoplacista ni políticamente correcta, pues, de ser así, continuará la tendencia de prueba y error cuatrianual.
Más de este autor