La reciente muerte de Manuel Calderón, un hombre petenero con una discapacidad mental no descrita, a manos de la Policía Nacional Civil, no puede analizarse como un hecho aislado. Es el resultado de un Estado que no protege, de instituciones que no comprenden y de una sociedad que ha aprendido a convivir con el sufrimiento ajeno como si fuera normal.
«Al llegar los agentes, se emitieron comandos de voz para reducirlo al orden, pero el hombre no obedeció». La nota de prensa advierte: causa de muerte no determinada, aunque todos sabemos que eso no es cierto.
Desde mi experiencia como psicóloga con decidida bandera psicosocial en mano, he visto cómo el acceso a la salud mental en Guatemala es inmensamente limitado y profundamente desigual. No existe una garantía real de atención psicológica como derecho básico, especialmente para las poblaciones rurales y empobrecidas. La cobertura es insuficiente, los servicios públicos son escasos y centralizados, el estigma social en relación con la salud mental propia y ajena es enorme y el enfoque predominante sigue siendo clínico, desarticulado de las realidades sociales, culturales y comunitarias.
Y desde nuestra traumática experiencia cultural sabemos que cuando el sistema no responde, el sufrimiento no desaparece: se acumula. Se manifiesta en conductas que luego son criminalizadas, en crisis que no reciben contención, en personas que terminan siendo vistas como una amenaza en lugar de como sujetos con el mínimo derecho a la dignidad.
Y es precisamente en ese vacío institucional que la policía termina ocupando un rol que no le corresponde: el de responder a crisis de salud mental sin formación, sin sensibilidad, sin protocolos adecuados y sin una red de apoyo interinstitucional. Y con una congruencia psicosocial bárbara porque hemos aprendido, desde siempre, a minimizar los problemas a golpes.
Este país no tiene rutas claras de atención para personas con padecimientos mentales graves. No hay equipos comunitarios suficientes, no hay seguimiento continuo, no hay acompañamiento familiar ni social sostenido. Y cuando una persona entra en crisis, la respuesta suele ser el aislamiento, el castigo social y la fuerza. La muerte de este hombre debería obligarnos a cuestionar no solo qué hizo la policía, sino qué no hizo el Estado antes de ese nefasto desenlace.
Hablar de salud mental en Guatemala también implica nombrar el estigma. La pobreza, la falta de información y el peso de ciertas interpretaciones religiosas han contribuido a que las enfermedades mentales sean vistas como posesiones demoníacas o castigos divinos. Esto no solo retrasa el acceso a tratamientos adecuados, sino que expone a las personas a prácticas profundamente dañinas. Se les condena al infierno de la negligencia y la exclusión.
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Este tema me atraviesa también en lo personal. Mi primo Rodolfito mostró desde niño síntomas claros de esquizofrenia. Escuchaba voces, tenía conductas extrañas y delirios muy evidentes. No fue diagnosticado a tiempo, no fue acompañado, no fue protegido. En lugar de atención médica y psicológica, fue llevado a la iglesia para «sacarle el demonio», porque la negación, la ignorancia y el maldito fanatismo. Vivió casi 50 años en negligencia familiar y social, sin tratamiento adecuado, sin una red de cuidado real, sin que el país que le tocó habitar reconociera su derecho a una vida digna.
Rodolfito no murió solo por su enfermedad. Murió por el abandono. Por un entorno que no supo —o no quiso— entender que las enfermedades mentales son reales y son cercanas. Murió en un país donde el sufrimiento psíquico se invisibiliza hasta que se vuelve incómodo, peligroso y hasta fatal.
En este país, tan empobrecido, la negligencia con relación a la salud mental se expresa de múltiples formas: violencia intrafamiliar, altísimos niveles de consumo de alcohol, ruptura del tejido social y una sensación crónica de desesperanza.
El obstáculo más crítico hoy no es solo el estigma, sino la falta de servicios públicos cercanos, gratuitos y culturalmente pertinentes. Muchas personas reconocen su malestar, pero no tienen a dónde acudir. Y cuando la ayuda no es accesible ni continua, la búsqueda se posterga hasta que la crisis estalla. Entonces, la respuesta llega tarde.
La salud mental no puede seguir siendo un privilegio ni una cuestión de fe. Es una responsabilidad del Estado y un derecho humano fundamental. A corto plazo, es urgente integrar el apoyo psicosocial en la atención, capacitar a personal de salud, educación y líderes comunitarios en detección temprana, contención y derivación adecuada.
A mediano plazo, Guatemala necesita una política pública de salud mental con enfoque psicosocial, comunitario e intercultural, con financiamiento sostenido. Una política que priorice la prevención, el trabajo comunitario y la reconstrucción del tejido social. Que proteja especialmente a la niñez, la adolescencia y a las personas con padecimientos mentales graves, antes de que el abandono se convierta en tragedia.
Cada muerte evitable y cada vida marcada por la negligencia nos interpela como sociedad. Entonces, no se trata solo de indignarnos cuando alguien muere a manos de la policía. Se trata de preguntarnos cuántas veces fallamos antes. Cuántas veces miramos hacia otro lado. Cuántos Rodolfitos siguen viviendo —y muriendo— en silencio en este país.
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