Conviene recordar a otros líderes de gran cepa: Mauricio González Juárez, Hidelbrando Cúmes, Edmundo Nane Zirión, Miguel von Hoegen, dirigentes con quienes me tocó conformar la Asociación Gremial de Microfinanzas —AGREMIF—. Esta tuvo un papel destacado en la unificación de criterios dirigenciales, creación de instrumentos financieros, y lo que fue más importante: tomar parte en el diseño de una nueva Ley de Microfinanzas. AGREMIF ya no existe como tal, en su lugar el liderazgo lo lleva la red denominada REDIMIF, que es hoy una organización importante y muy trabajadora, con entusiastas dirigentes.
Y es que, así como existe una Ley Bursátil y del Mercado de Valores y de Capitales para las operaciones de mayor calado, al ir bajando en la escalera de los negocios, destacan las cooperativas de ahorro y crédito, así como las entidades de microfinanzas. Para ambas instituciones, correspondientes a diferentes sectores, ha sido de gran importancia un fideicomiso domiciliado en el Ministerio de Economía y administrado por el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que contribuye a la capitalización tanto de las cooperativas como de las entidades de microfinanzas.
Durante los tiempos de la pandemia este fideicomiso dio muchas vueltas, y se ha encontrado dentro de una maraña de procedimientos y cambios. Viajando entre el BANRURAL, el Banco de los Trabajadores y el Crédito Hipotecario Nacional. Vale indicar que, según la institucionalidad financiera local, estos pueden ser solamente manejados por algún banco del sistema.
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Por esta razón, la relación entre las entidades de microfinanzas y los bancos resulta ser muy estrecha. Dado que las primeras tienen una buena cantidad de restricciones para captar depósitos, su dependencia con respecto a la gran banca, así como de la banca internacional y la cooperación financiera internacional, resulta ser significativa.
Del ámbito de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos finalmente salió una iniciativa de ley, que fue aprobada por el Congreso de la República. Se trata del Decreto Número 25-2016 Ley de Entidades de Microfinanzas y de Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro.
Resulta ser esta una ley que no ha servido absolutamente para nada, porque a sus diseñadores les preocupaba principalmente la captación del ahorro, y había bancos muy celosos de la competencia en este tema. Entonces, resolvieron que para que una entidad de estas llegara a graduarse en captación, debía convertirse en una Sociedad Anónima, y llenar cientos de requisitos.
La ley actual deja en el limbo regulatorio a la mayoría de microfinancieras que son sin fines de lucro y dicta que «estas se regirán, en su orden, por el instrumento legal que dio origen a su creación, por sus estatutos, por sus reglamentos y, en lo aplicable, por las disposiciones de esta Ley y la legislación general de la República de Guatemala».
Su único cobijo institucional es un Registro como muchos otros que hay en el medio, y que se autodenomina Registro de las Personas Jurídicas —REPEJU—; y que forma parte de la jurisdicción del Ministerio de Gobernación. El ámbito de acción del REPEJU, visto con una vocación de servicio y ayuda, es de alta importancia para la política social, pues este alberga el registro —mas no la regulación— de un gran número de instituciones componentes de lo que ha dado en llamarse: Sociedad Civil.
Algunas de las entidades de la sociedad civil son instituciones caritativas, o bien iglesias, y otras están más ligadas a la transparencia, a la academia o al Desarrollo Económico y el Desarrollo Económico Local, manejando hoy en día carteras con montos significativos. Sin embargo, son urgentes nuevas reglas del juego para asegurar una gobernanza y prácticas sanas.
Miremos el caso de la Fundación Empresarial y Agrícola —FUNDEA—, por ejemplo: una entidad creada por el grupo belga TRIAS-ACT que aportó capital semilla y tomó forma a principios de siglo, operando principalmente con oficinas en Cobán, Chimaltenango y ciudad de Guatemala. El capital semilla en aquellos tiempos fue el que conformó una cartera de unos Q50 millones, siendo que ahora maneja más de Q500 millones. Se trató de un aporte pecuniario significativo traído a Guatemala al calor y esperanza de los Acuerdos de paz.
Los dirigentes belgas, de origen social cristiano, tomaron la decisión pertinente de incorporar líderes con vocación de servicio y conocimientos de la economía campesina y el desarrollo local. No obstante, como ha ocurrido con las entidades del deporte federado, entre otras ONG y fundaciones, estos líderes y sus pequeñas roscas se transforman en perennes y sempiternos. Viendo el portal de Fundea, desde hace más de quince años resulta estar el mismo cacique al frente de la institución, junto a su misma directiva, y la misma auditoría interna. ¿Quién controla entonces estas entidades que van suplantando beneficiarios y arreglando a su antojo el gobierno interno?
Guatemala resulta ser hoy en día un país en donde los sectores populares urbanos y rurales mantienen una dinámica sorprendente, la que incluso es apalancada por más de 20 mil millones de dólares anuales que entran desde el exterior en concepto de remesas; además de otras entradas poco ortodoxas de capital, que bien ameritan supervisión y un control mayor en materia de transacciones financieras, y de lavado de activos.
La laxitud de las regulaciones financieras resulta ser un tema de Ripley en el medio, plagado de instituciones puramente registrales: el Repeju, el Registro Mercantil, el Registro de Adquisiciones del Estado, el Registro de operaciones prendarias, el Registro catastral y demás. Todos estos no suelen regular ni rastrear el comportamiento de sus inscritos. Por lo tanto, se está en un limbo regulatorio en lo que respecta a la alternancia del poder en entidades sin fines de lucro, lo que permite que estas desplacen sus objetivos originales de desarrollo y se transformen en entes altamente lucrativos para sus caciques.
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