¿Y si participamos en la transformación?

Las élites guatemaltecas, al mantener el control sobre los recursos, las políticas y el sistema judicial, han creado un entorno donde las condiciones de vida son insostenibles para la mayoría. Este control no es solo económico; se extiende a la esfera política y judicial, donde las decisiones se toman en función de los intereses de unos pocos, ignorando completamente las necesidades y derechos de la mayoría. La situación es tan grave que se ha convertido en un ciclo vicioso: la pobreza perpetúa la falta de acceso a recursos y oportunidades, lo que a su vez limita la capacidad de la población para cuestionar el sistema opresor.

La «perversa necesidad» de las élites de volver crónico este problema revela su deseo de mantener poder y riqueza, sin reconocer que los efectos eventualmente pueden volverse en su contra. Mientras ellos continúan acumulando, la población enfrenta las consecuencias de un sistema que les niega lo más fundamental: el derecho a una vida digna. Esta indiferencia hacia el sufrimiento ajeno provoca una profunda indignación en quienes lo vivimos y somos testigos de esta injusticia.

Los recientes datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023 son un grito desesperado que resuena en cada rincón del país. Después de casi un cuarto de siglo, los resultados son desoladores: no ha habido avances significativos en la mejora de las condiciones de vida de la población. Por el contrario, algunos territorios se han vuelto más pobres, vulnerables y amenazados, acercándose peligrosamente a una crisis humanitaria.

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Es un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana que el mismo Estado que reconoce que las condiciones de vida en ciertas zonas son deplorables sea el que perpetúa esta situación. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué tipo de futuro están construyendo para las generaciones venideras? La falta de acción y compromiso por parte de quienes administran lo público es un claro indicativo de que sus prioridades están profundamente distorsionadas. En lugar de trabajar por el bienestar de la población, parece que su única preocupación es mantener el statu quo que les beneficia.

La rabia se intensifica al ver cómo la desnutrición infantil se ha convertido en una tragedia nacional. Cada niño que sufre de desnutrición es un futuro perdido, una vida truncada antes de haber tenido la oportunidad de florecer. Esta situación no solo afecta la salud física de los niños, sino que también impacta su desarrollo cognitivo y emocional, limitando su posibilidad de tener una vida digna. ¿Acaso no es esto una forma de violencia estructural? La negación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de la población es un acto de barbarie que no puede ser ignorado.

Es inaceptable que, en un territorio con tantos recursos y potencial, la pobreza y la desnutrición sigan siendo problemas endémicos. Desde este pequeño espacio, hago un llamado urgente a unirnos a los liderazgos y movimientos sociales que nos invitan a la acción colectiva para superar el actual modelo político, económico y social, que ha demostrado ser un fracaso.

Hace un año, mostramos nuestra fuerza al llenar las carreteras de color y resistencia, evidenciando que en nuestras múltiples diferencias reside nuestra fortaleza. No podemos permitir más promesas vacías, cambios cosméticos ni prudencia ante el patrón del norte. Acompañemos, fiscalicemos, exijamos, movilicémonos y trabajemos juntos para provocar esa transformación social que genere bienestar integral para todas y todos. Porque, como dice la canción: «el que no cambia todo, no cambia nada».