Por qué le llaman «golpe de Estado técnico» a la intervención del MP en las elecciones
Por qué le llaman «golpe de Estado técnico» a la intervención del MP en las elecciones
Guatemala ocupa la mirada mundial porque existe un esfuerzo de la Fiscalía de derribar a uno de los partidos que pasó a la segunda vuelta. Las elecciones pasaron de las urnas a las cortes con una amenaza de alterar el orden constitucional y crear un clima de inestabilidad política y social. ¿Está en curso un posible golpe de Estado? ¿Quiénes lo protagonizan? ¿El presidente Alejandro Giammattei ha tenido un rol en esta crisis? Plaza Pública recrea los escenarios de estos días turbulentos, expone la opinión de voces especializadas en Derecho Constitucional y revela una reunión entre el gobierno y los alcaldes electos por Vamos.
El Ministerio Público (MP) se convirtió en el actor protagonista en la obra política más reciente en Guatemala.
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, presentó el 12 de julio un caso minutos antes de oficializarse los resultados de la primera vuelta para la Presidencia. El expediente indaga en la constitución de Movimiento Semilla, el segundo partido con más votos.
La fiscalía pidió algo muy específico: suspender al partido que promueve la candidatura de Bernardo Arévalo. Para ello, Curruchiche se auxilió del juez Fredy Orellana —del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal— para ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla.
Lo anterior es el contexto de uno de los puntos más críticos de la actual etapa política que atenta contra la estabilidad de las elecciones. Hay sectores en el país que consideran que las acciones del MP de Consuelo Porras contra el partido Semilla, constituyen un intento de «golpe de Estado técnico»; hay posiciones más cautelosas que consideran que tal extremo no ocurre, siempre que no se afecte el período de gobierno.
No es la primera vez que el Ministerio Público interviene en estas elecciones. Antes lo hizo para que el TSE sancionara al candidato presidencial Edmond Mulet —del partido Cabal— por supuesta campaña anticipada; también influyó en la revocatoria de inscripción de Manuel Baldizón —del partido Cambio— como aspirante a diputado. Pero el caso contra Semilla puso aún más tenso un proceso electoral ampliamente cuestionado, a cinco semanas de la segunda vuelta presidencial.
Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtió el 13 de julio, de manera provisional, la suspensión del partido y la orden del juez Orellana, la resolución dejó claro que el MP podía continuar con la investigación.
Curruchiche confirmó que el caso sigue su curso. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), aportó más detalles en una transmisión por YouTube —disfrazada de conferencia de prensa— y aseguró que son investigadas las personas que no habrían accionado en el TSE por la supuesta falsificación de firmas y aparente inscripción de personas fallecidas entre los afiliados para la constitución del partido Semilla, en 2018.
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Aunque el fallo de la CC confirmó la fecha de la segunda vuelta electoral con los partidos políticos oficializados por el TSE, no anula la orden del juez Orellana de suspender al comité para la constitución y al partido Semilla.
«Se decreta que la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés emitida en audiencia oral de autorización judicial por el Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala dentro de la causa penal 01079-2023-00231, por la que —afirma el postulante— se decretó la “suspensión de la personalidad jurídica del Partido Político Movimiento Semilla”, NO AFECTA NI DEJA EN SUSPENSO el Acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral, de fecha doce de julio de dos mil veintitrés», se lee en la resolución.
El 18 de julio, el juez Orellana ordenó al MP investigar al director del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, Ramiro Muñoz Jordán, por no acatar la suspensión de Semilla. No obstante, Muñoz, al igual que los magistrados del tribunal electoral, goza del derecho de antejuicio.
Muñoz, de momento, está ausente de sus funciones. A partir del 16 de julio, el pleno del TSE le autorizó vacaciones, según el Acuerdo 1386-2023, por «motivos de índole familiar».
Según el Pacto Colectivo y de Condiciones de Trabajo del TSE, a Muñoz le corresponden 20 días hábiles de vacaciones. El mismo documento refiere que, para solicitar su periodo vacacional, no hacía falta que el registrador argumentara «motivos familiares».
Esta no es la primera vez que Muñoz se ausenta de sus labores justo cuando en el plano electoral se dirime un asunto de interés público. El jefe del RC pidió licencia entre el 16 y el 18 de mayo, cuando debía elaborar un informe sobre una asamblea del partido Prosperidad Ciudadana (PC) de 2022.
El informe fue enviado por la subdirectora, Eleonora Nohemí Castillo Pinzón, quien elaboró un documento «escueto» e «incompleto», según las magistradas de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, quienes otorgaron un amparo provisional al partido Cambio, de Manuel Baldizón, y anularon todas las candidaturas de PC, incluyendo la presidencial de Carlos Pineda, que se perfilaba como el favorito de las encuestas de intención de voto.
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La alianza gobernante muestra fisuras
Las elecciones estuvieron marcadas por distintos indicios que beneficiaban al partido de gobierno y sus aliados: el retiro de candidaturas incómodas, el reclutamiento de alcaldes para la reelección, el uso de recursos públicos para la campaña del partido Vamos, las acciones legales contra candidatos, entre otros.
Los últimos días en el plano nacional también han estado marcados por un distanciamiento entre Giammattei y actores aliados, excepto la fiscal general Consuelo Porras, considerada por la oposición política como la más cercana al presidente.
El posicionamiento más relevante fue el del mismo TSE, cuyos magistrados fueron electos por la alianza de partidos políticos en el Congreso, que durante los últimos cuatro años votó a favor de las disposiciones del Ejecutivo.
El tribunal electoral se había mostrado a favor de los partidos políticos aliados del oficialismo y al inicio de este proceso fue discrecional al momento de inscribir candidaturas. Producto de esas decisiones quedaron fuera candidaturas como la de Thelma Cabrera, del MLP; Roberto Arzú, Podemos; y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, esta vez no acató la orden del Juzgado Séptimo de suspender al partido Semilla por supuestas anomalías en su constitución.
La posición del TSE la apoyó el sector empresarial, encabezado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la comunidad internacional y una amplia cantidad de organizaciones sociales.
También han existido posicionamientos a través publicaciones de prensa en el extranjero, columnas de opinión y comunicados, como el más reciente firmado por 23 expresidentes de Latinoamérica y España, quienes expresaron su preocupación por el intento de bloquear la personalidad jurídica de Semilla.
En la CC también se reflejó una fisura, al analizar la forma en cómo sus magistrados inclinaron sus decisiones en los últimos fallos.
El máximo tribunal del país frenó al MP y dio protección provisional a Semilla. La resolución fue respaldada por la magistrada Leyla Lemus, electa por Alejandro Giammattei, de quien fue secretaria general al inicio del mandato en 2020.
El fallo de la corte tuvo un solo voto razonado disidente, el de la magistrada Dina Ochoa, quien en 2021 fue reelecta en el cargo por el Congreso de la República. La primera vez que llegó a ese puesto, en 2016, fue designada en la CC por el entonces presidente Jimmy Morales. Ochoa indicó que su disidencia obedece a que la corte no tuvo a la vista la resolución del Juzgado Séptimo, previo a otorgar el amparo provisional.
Antes de este último golpe a la contienda electoral, nueve partidos aliados del oficialismo promovieron en la CC un amparo que mantuvo en un limbo jurídico por una semana las elecciones.
Plaza Pública documentó que, de las 161 actas electorales presentadas como pruebas de alteración de resultados de la primera vuelta electoral, solo 15 eran ilegibles y que ninguna de estas fue tomada en cuenta en los resultados preliminares del TSE.
Pese a ello, la CC admitió las «pruebas» y retrasó la oficialización de los resultados del 25 de junio.
Un diputado del Congreso, quien pidió no ser identificado en esta publicación, señaló que una de las intenciones de la alianza oficial después de que los resultados preliminares de la primera vuelta colocaron en segundo lugar al Movimiento Semilla, fue entorpecer el proceso por medio del recuento voto por voto, algo no establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), para que estas fueran anuladas y que se repitiera el proceso.
Sin embargo, ninguna junta electoral accedió a un nuevo conteo de sufragios válidos, únicamente se repitieron las audiencias de impugnaciones y se cotejaron algunas actas donde se consignan los resultados electorales y que sirven para adjudicar cargos.
Tras la revisión, los resultados tuvieron una variación de menos de 0.4% de los mostrados inicialmente. Es decir, lejos de demostrar el fraude, las Juntas Electorales confirmaron que los resultados fueron en su mayoría fiables.
¿Está en riesgo el orden constitucional?
La abogada Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), opina que si el partido Semilla llega a ser suspendido antes del 20 de agosto, se romperá el orden constitucional en el país porque entonces ya no será posible una segunda elección presidencial, lo cual supondrá un vacío legal que impedirá que haya un nuevo gobernante en el plazo que la Constitución Política lo establece, el 14 de enero de 2024.
«En el momento que se suspenda uno de los dos partidos que van a la segunda vuelta, ya no es posible una elección. Solo el otro partido no puede llegar al 20 de agosto, porque no es un plebiscito, sino un balotaje. Desde ese momento estarían rompiendo el orden constitucional», explicó Pérez.
La abogada agregó que es inviable que el tercer partido con más votos en la primera vuelta pase a la segunda elección, en una eventual ausencia del partido Semilla, porque la Ley Electoral establece que quienes se disputan la Presidencia deben ser las dos agrupaciones políticas que obtuvieron más votos a favor en la primera jornada electoral, este año celebrada el 25 de junio.
Pero Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), es más cauteloso. Aseguró que este país aún está lejos de un golpe de Estado y que se mantendrá así aunque, previo al balotaje, se suspenda la personalidad jurídica de Semilla como lo ordenó el Juzgado Séptimo Penal, a petición de la Feci.
«Lo que hay ahorita es una alteración del proceso electoral. Romper el orden constitucional implica alterar los organismos del Estado y eso no está ocurriendo en este momento, sino que lo que se está alterando es el proceso electoral. Es un proceso constitucional obviamente, pero se puede corregir en el camino ya sea con las instancias constitucionales correspondientes, si es que funcionaran, o bien, es el TSE el que tiene que ponderar la decisión a adoptar para llevar a cabo este proceso», dijo.
Según Orellana, un rompimiento al orden que establece la Constitución se concretaría, por ejemplo, si se cancela la segunda vuelta electoral y que esto lleve a la prolongación de funciones del actual gobernante.
El abogado penalista Marco Antonio Canteo tiene una opinión parecida a la de Pérez, aunque dice que el concepto de golpe de Estado debe entenderse con mucha amplitud, porque ha evolucionado y lo que Guatemala ha experimentado en los últimos días estuvo cerca de ser un «golpe de Estado técnico» o «golpe judicial».
«Estamos en una era donde ya no se ven como en los años 70 y 80 estos golpes de cúpulas militares y represiones masivas. Hoy hablamos de golpes técnicos, golpes judiciales que considero que es la acción que pretendían con este proceso porque, desde mi punto de vista, estaba en proceso un golpe constitucional a la democracia, porque prácticamente querían burlar la voluntad popular en las urnas. Afortunadamente, podemos decir que el golpe no se consumó, estaba en proceso», señaló Canteo.
El abogado coincidió con Pérez y dijo que el riesgo de un golpe de Estado es latente porque al suspender a Semilla, automáticamente está en riesgo garantizar que un nuevo gobierno asuma funciones a partir de enero de 2024.
«¿De qué manera se puede romper el orden constitucional? Una de las características del sistema republicano establecido en la Constitución es que debe haber una alternancia en el poder, un principio básico de la democracia. Cada cuatro años hay que cambiar autoridades. Si el 14 de enero no llegamos a la alternabilidad del poder, sin lugar a dudas hay un rompimiento del orden constitucional», agregó Canteo.
Canteo y Pérez reconocieron que las decisiones del TSE y de la Corte de Constitucionalidad (CC) frenaron un intento de alteración del orden constitucional. El primero al no suspender al partido Semilla y la segunda al dar con lugar un amparo provisional que garantiza la realización de la segunda vuelta el 20 de agosto, entre los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (Une) y Semilla.
Los alcaldes aliados y la reunión en Mariscal Zavala
El partido de gobierno no alcanzó el boleto para la segunda vuelta electoral. Sin embargo, fue el que consiguió más alcaldías (126) y la bancada mayoritaria en el Congreso de la República (39).
Durante la campaña, partidos opositores y diversas publicaciones de prensa revelaron cómo el partido de gobierno trabajó por asegurar la continuidad en el poder; incluso, Miguel Martínez, operador político del gobierno en la campaña, aseguró que era un hecho el pase a segunda vuelta para la elección presidencial.
A pesar de la fuerza de las alcaldías y el uso de recursos públicos para la campaña, el candidato Manuel Conde quedó en tercer lugar, con 435,631 votos.
El presidente Giammattei publicó un comunicado el 10 de julio en el que afirmó que respetará su mandato constitucional y pidió que se cumpla con la fecha de la segunda vuelta electoral; sin embargo, hubo una reunión con los alcaldes de Vamos electos para pedir que neutralidad en el balotaje.
Plaza Pública confirmó, con entrevistas a alcaldes, que hubo una reunión entre el presidente Alejandro Giammattei, diputados y alcaldes aliados. La cita ocurrió en la brigada militar Mariscal Zavala en plena celebración del Día del Ejército, el 30 de junio.
Vamos postuló a 169 jefes ediles actuales, de los cuales 144 habían sido electos hace cuatro años con partidos políticos o comités cívicos distintos al oficialista.
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Esa fuerza política, lograda a base de asignación de obras públicas y programas sociales para los aliados del Ejecutivo, también posicionó a Vamos entre las organizaciones con más votos este año.
En la reunión en Mariscal Zavala, Giammattei les habría agradecido a los participantes por los votos que obtuvo el partido Vamos el 25 de junio.
La junta ocurrió un día antes de que la CC suspendiera la oficialización de resultados de la primera vuelta electoral, cuando aceptó el amparo de nueve partidos perdedores, entre ellos, Vamos.
Uno de los participantes, en la actividad del 30 de junio, fue Gustavo Cano Villatoro, alcalde de la cabecera de Huehuetenango, quien logró la reelección con Vamos. Cano dijo que el propósito de Giammattei fue agradecerles a los alcaldes su apoyo y pedirles que se mantuvieran «neutrales» en la segunda vuelta presidencial, es decir, que no apoyaran a ninguno de los dos partidos que hasta ese día estaban en contienda.
«Estuve presente. Fue el 30 de junio, Día del Ejército. El tema fue la celebración del Día del Ejército y agradecimiento a los alcaldes que estuvimos en alguna actividad por el tema electoral. Se felicitó a quienes ganaron y se agradeció a los que no. En ese momento se nos pidió que esperáramos neutrales», dijo Cano.
El jefe edil negó que se les pidiera apoyo para manifestar sobre las audiencias de revisión que se repetirían la semana siguiente en el Parque de la Industria, en la capital.
Sin embargo, la convocatoria no fue abierta para todos los alcaldes. José Enrique Arredondo, quien logró la reelección en la alcaldía de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, con el partido Cabal, dijo que se enteró de la reunión por terceras personas, pero no fue invitado. «No fui invitado y tampoco hubiera ido. Según dicen fuentes del oficialismo, el presidente pidió que no tomaran partido y esperaran instrucciones», confirmó.
Plaza Pública consultó al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) para conocer quiénes más participaron en esta reunión y cuál fue el motivo, pero ninguna de las instituciones respondió.
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Tras la primera vuelta electoral, solo el Ministerio Público de Consuelo Porras se mantiene como un aliado sólido de Alejandro Giammattei, mientras se han convocado protestas contra el MP, que continúa con la persecución penal contra el partido Movimiento Semilla.
Si la persecución prospera, incluso después de las elecciones generales, el panorama será complicado para Semilla. La cancelación del partido dejaría un grupo de 23 diputados huérfanos, sin mucho margen de acción en el Congreso porque no podrían integrar la Junta Directiva de ese organismo ni presidir comisiones de trabajo, una condición estratégica para el impulso de leyes como la aprobación del Presupuesto General de la Nación cada año, clave para los intereses de cualquier gobierno.
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