Palma guatemalteca envía aceite al mundo con certificado dudoso
Palma guatemalteca envía aceite al mundo con certificado dudoso
El 60 % de este aceite lo exportaron a Europa y Latinoamérica con un sello ambiental, pero el mismo permite mezclarlo con producto no certificado. Un estudio de la Universidad de Michigan, académicos, expertos y pobladores vecinos evidencian zonas oscuras y conflicto de interés en la manera de obtener el aval «verde».
El último lustro significó prosperidad para los grupos guatemaltecos dedicados a la palma aceitera. Superaron el millón de toneladas métricas anuales de producción de aceite crudo, y el rubro de grasas y aceites comestibles superó los mil millones de dólares en exportaciones en los pasados dos años.
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La Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) publicó en 2022 que el 64 % del área que ocupan sus plantaciones (115,679 hectáreas) y el 60 % del aceite crudo exportado (664,263 toneladas métricas) contaba con certificaciones que garantizaban la no deforestación, protección de los ecosistemas y la biodiversidad, y el respeto a los derechos humanos de comunidades indígenas. Pero la historia que cuentan los locales es diferente y describen un panorama más bien sombrío.
Su principal certificador fue la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), una organización global con estándares voluntarios cuyos certificados sirven a este sector de la agroindustria, agremiado o no, para presentarse como «verde» en mercados europeos y otros destinos de exportación. Se fundó en 2004 por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Asociación de Malasia de Aceite de Palma (MPOA, por sus siglas en inglés), la empresa Unilever, AAK y Migros.
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Estudios académicos y organizaciones medioambientales han demostrado que, aún en plantaciones con sellos sostenibles, las áreas de bosque deforestado en Guatemala durante la última década superan las 3 mil hectáreas.
Las mismas instituciones concluyen que el mecanismo RSPO es ineficaz para conciliar y alivianar las disputas por la tierra y recursos naturales con las comunidades indígenas que reclaman derechos ancestrales sobre los territorios, uno de los requisitos que asegura debe cumplirse para tener el certificado. Por otra parte, cuestionan el conflicto de interés que genera la manera de obtenerlo: es la misma palmera la que paga la empresa que lo audita.
El certificado debería garantizar prácticas más verdes, pero en el camino toma tonos grises.
Certificado sobre un área gris y con miedo
La historia de Óscar Cucul retrata dos fallos en el certificado: se siente amenazado por oponerse a la palma, y sobre su comunidad flota una nube gris que emana de la fábrica.
Tiene 50 años, es líder queqchí de la comunidad indígena San Felipe, en Panzós, Alta Verapaz. Cuenta que recientemente, el 3 de octubre pasado, planeaban asesinarlo. Un compañero suyo escuchó a dos hombres comentar el plan en una tienda, mientras él se detenía para arreglar fallas mecánicas de su moto previo a asistir a una ceremonia maya. Desconoce por qué abortaron el plan, pero tiene claros los motivos.
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«Las amenazas de muerte son debido a mi lucha. Somos personas que hemos venido cuestionando cómo ‘la empresa’ afecta nuestros ríos, bosques y tierras», dice.
«La empresa» es el apelativo para referirse a Naturaceites, agremiada a Grepalma y una de las principales compañías palmicultoras en Guatemala. Administra 12 plantaciones que ocupan 14,575.40 hectáreas a nivel nacional. En 2023 produjo 161,134 toneladas de aceite, que representaron el 17 % de la producción nacional, según información de RSPO.
Cucul también habla de denuncias y criminalización en contra de las comunidades. Según el Consejo de Tierras Ancestrales (CTA), que reúne a 11 comunidades indígenas que reclaman derechos sobre la tierra en la zona del Polochic, a la fecha hay 17 personas con órdenes de captura por los delitos de usurpación, robo agravado y tala ilegal de árboles, entre otros.
Las denuncias provienen de propietarios de fincas productoras de palma que reciben asistencia técnica de Naturaceites y a la vez le proveen racimos de fruta fresca para la extracción de aceite, asegura el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua Qana´Ch´och´.
A 30 minutos de San Felipe, la comunidad de Cucul, está la planta extractora de aceite de Panacté, propiedad de «la empresa». Constantemente expele un humo blanco grisáceo que, según las comunidades aledañas, mata sus cultivos.
«Nuestros cultivos ya no dan buenos frutos. Ya no podemos producir chile, frijol o maíz», lamenta Cucul. Detrás de las cámaras que lo graban, unos 20 miembros de la comunidad permanecen en pie para refrendar sus palabras.
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Naturaceites perdió el certificado
Naturaceites tiene sembradíos de palma en el Polochic desde inicios de siglo. A partir de 2015, a los ojos del mecanismo RSPO, la empresa se convirtió en una compañía sostenible tras superar auditorías anuales de compañías certificadoras avaladas por la misma organización, realizadas en sus fincas y plantas extractoras.
A los ojos de las comunidades, en cambio, la certificación verde no supuso ningún cambio.
«Por las mañanas se siente un mal olor en el ambiente. El humo (que emana de la planta extractora en Panacté) a veces tapa el sol y oscurece todo. Ya no podemos sembrar frijol ni nada porque el humo hace que nuestros cultivos no produzcan», denuncia Candelaria Choc Caal, de 53 años, habitante de la comunidad Se’Hu.
Choc Caal habla serena, con la vista fija al suelo, y solo se perturba para sacudirse las nubes de moscas que rondan alrededor. Son una plaga, otro problema que las comunidades atribuyen a las operaciones de Panacté. La hora de comer lo agrava, en segundos los enjambres se posan sobre los alimentos.
Las comunidades culpan a los restos de la fruta arrojados a las palmas tras extraer el aceite, ahí nacen más insectos.
El 27 de agosto pasado, tras casi nueve años de contar con certificaciones, RSPO suspendió los certificados para tres plantas extractoras de aceite de Naturaceites ubicadas en Panacté, Panzós; Pataxté, El Estor, Izabal, y en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
El comunicado de RSPO advirtió que en los informes de las auditorías realizadas identificaron «áreas de preocupación», razón por la que retiró la acreditación. El nombre de la compañía certificadora no se reveló.
Actualmente, se inició un proceso de queja contra Naturaceites, aunque según la página de RSPO el denunciante requirió confidencialidad. Entre los reclamos señala a la empresa de violar derechos humanos de población indígena, apropiación ilegal de tierras, restricción de acceso al agua, retención de salarios de sus trabajadores y eliminación inadecuada de residuos.
Naturaceites declinó dar una entrevista a Plaza Pública para este reportaje, pero vía correo electrónico respondió que en su reporte de sostenibilidad informa cómo gestiona los residuos generados en sus operaciones. En este proceso se incluye «reciclaje, reutilización y disposición final (en función de sus características) por medio de terceros debidamente autorizados».
Asimismo, subrayó que cuenta con «convenios de cooperación con organizaciones ambientales para asegurar el cumplimiento legal y la buena gestión ambiental. Se realizan monitoreos participativos de calidad de agua con comunidades e instancias de gobierno, así como monitoreos de calidad de aire».
Por último, aseguró que su política de derechos humanos y sostenibilidad «declara la prohibición de represalias, intimidación o acoso a quienes presenten cualquier queja o denuncia incluyendo colaboradores de la empresa, defensores de los derechos humanos o cualquier persona individual». (La respuesta completa se puede leer aquí)
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Conflictos de interés
Las quejas contra los estándares que RSPO escribe en el papel para las compañías que se adhieren voluntariamente al mecanismo son pocas. Son siete principios que exigen comportamientos éticos y transparentes, respeto a comunidades, inclusión de pequeños productores, respeto a derechos laborales y protección y conservación de los ecosistemas, entre otros.
El problema no es lo escrito, sino los mecanismos para verificar que se cumplan los principios, pues son las empresas productoras las encargadas de contratar a la empresa que auditará, explica Juan Pablo Ozaeta, oficial de empresas y derechos humanos de la oficina de Oxfam en Guatemala.
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«Esto podría prestarse a un comportamiento poco ético porque las empresas certificadoras auditan a sus ‘clientes’, que son las empresas productoras», refiere Ozaeta.
Oxfam es parte de un grupo de organizaciones de sociedad civil que solicitó a RSPO adherirse como miembro. Actualmente, participa en el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos.
Como consecuencia de este conflicto de interés, ocurren casos como el de Naturaceites, en el cual se solicitó «cambiar a la empresa auditora ya que no había detectado los problemas señalados en una queja», recuerda Susanne Gauster, asesora de cadenas inclusivas del programa Centroamérica de Oxfam.
Actualmente, la auditoría a Naturaceites está a cargo de la compañía Control Union, que mantiene suspendidos los certificados para los tres molinos de aceite mientras se realiza la investigación.
Deforestación que no cesa
«Antes de que viniera ‘la empresa’, en el valle se veían ceibas y debajo se encontraban diferentes animales para alimentarnos. Pero cuando llegó tiraron las ceibas y desviaron los ríos», recuerda Macario Chú, líder comunitario de Concepción Cuatro, también ubicada en el Valle del Polochic.
Naturaceites se defiende y dice que la tala y despeje de bosques son prácticas estrictamente prohibidas en su empresa, como lo establece su Política de Derechos Humanos y Sostenibilidad.
«A través de imágenes satelitales se puede evidenciar que sus plantaciones se establecieron en fincas ganaderas o suelos con uso agrícola. Todo esto se soporta por medio de estudios de uso de suelo que son realizados por tercera parte», subraya en información enviada por escrito a Plaza Pública.
Añade que mantiene monitoreos de biodiversidad dentro de sus plantaciones y ha detectado un aumento en la cantidad de especies presentes dentro de sus operaciones, en tanto refiere que en 2023 realizaron un estudio junto a una universidad, en el que se evidencia que la palma crea microclimas que permiten el refugio y la migración de flora y fauna entre hábitats.
El testimonio de Chú lo refrendan investigaciones del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar. Reveló que entre 2010 y 2020 fueron plantadas 15,187 hectáreas de palma de aceite a nivel nacional en suelos que previamente eran bosque.
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Otra investigación de la Universidad de Michigan, titulada Deforestación, certificación y cadenas transnacionales de suministro de aceite de palma: La vinculación de Guatemala con los mercados mundiales de consumo, identificó 119 plantaciones de palma con certificación RSPO equivalentes a un área de 32,772 hectáreas en las áreas de Petén, Alta Verapaz e Izabal.
Según el estudio, pese a las certificaciones verdes, en esa área se deforestaron 3,038 hectáreas de bosque entre 2009 y 2019. Además, algunas plantaciones se encontraban en áreas claves de biodiversidad y en áreas protegidas.
«Aunque los criterios de la RSPO estipulan que ningún nuevo despeje de tierras posterior a 2005 puede causar deforestación o dañar los bosques primarios, de alto valor de conservación y con altas reservas de carbono (RSPO, 2020), esto está ocurriendo en Guatemala. La norma de la RSPO no protege suficientemente contra la deforestación o la invasión de zonas de importancia ecológica», concluye el estudio.
El certificado permite mezclar aceite no certificado
RSPO no otorga certificados a grupos empresariales, sino a sus áreas de plantación o plantas extractoras que han sido auditadas. Por esa razón, hasta 2022, casi cuatro de cada diez hectáreas de plantaciones de palma a nivel nacional no habían pasado por ninguna verificación del mecanismo, y tampoco el 38 % del aceite exportado fue auditado.
Además, el mecanismo permite que las compañías mezclen aceite sin certificar con aceite certificado, o frutas provenientes de fincas certificadas con otras que provienen de plantaciones no auditadas. A esta cadena de suministro, RSPO la denomina «Balance de masas».
Naturaceites, por ejemplo, declaró haber producido el año pasado 27,954.96 toneladas de aceite crudo certificado RSPO que se mezcló con aceite sin certificar. Otras 66,971 toneladas eran aceite certificado que no se mezcló.
Esto, y la falta de transparencia en la cadena de suministro, dificulta a consumidores y organizaciones fiscalizadoras determinar de dónde proviene el aceite empleado para un producto final, y saber si este está vinculado a actividades de deforestación o contaminación del medio ambiente. Académicos lo denominan «el problema de la primera milla».
«El problema de la primera milla, en particular, dificulta la capacidad de las empresas para identificar el origen de su cadena de suministro, lo que a su vez obstaculiza las iniciativas de transparencia y sostenibilidad, incluido el abastecimiento sin deforestación», se lee en el estudio de la Universidad de Michigan.
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Plaza Pública se comunicó con el gerente de Comunicaciones de RSPO para América Latina, Camilo Plazas, para gestionar una entrevista, pero al cierre de esta edición adujo que nadie estaba disponible para dar declaraciones.
También se le envió un cuestionario a Grepalma, pero se limitó a mandar enlaces a la página de RSPO con información básica del mecanismo.
Acoso continuado
Lorenzo Caal, de 44 años, habita la comunidad queqchí de Se’Hu. Al igual que las comunidades de Concepción 4 y San Felipe, forman parte del CTA, que reúne a las 11 comunidades q’eqchí que no tienen certeza jurídica sobre la tierra y, por lo tanto, tampoco servicios básicos como agua o energía. Históricamente han reclamado derechos ancestrales sobre las tierras del Valle del Polochic.
Caal cuenta que vivir rodeado de palma significa, para sus familias, una constante lucha contra la agroindustria.
«Las empresas y finqueros han estado intimidándonos. Nos han etiquetado de invasores, llegan con las municipalidades a decir que no tenemos derechos, que no seamos reconocidos como comunidad porque no tenemos certeza de la tierra», cuenta.
En la década de 1970 y 1980, los queqchi’ de esta región relatan que se enfrentaron a finqueros que con la ayuda del Ejército los desalojaban luego de quemar sus viviendas, y cometer masacres y torturas contra hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. En las últimas dos décadas, el antagonista en su lucha por el acceso a la tierra es la agroindustria.
De nuevo, el sistema de certificación muestras sus zonas más grises.
El mecanismo RSPO indica que si una compañía establecerá plantaciones en territorios indígenas debe realizar procesos de diálogo, pero estas poblaciones confirman que no ha sido el caso.
«Nosotros como comunidad no hemos tenido acercamiento con ellos, ni ellos con nosotros. Nunca los hemos visto», concluye Caal.
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