El Parlamento Centroamericano ha refugiado a medio centenar de funcionarios perseguidos por corrupción
El Parlamento Centroamericano ha refugiado a medio centenar de funcionarios perseguidos por corrupción
Entre 1991 y 2025, al menos 51 diputados del Parlamento Centroamericano estuvieron involucrados en casos de corrupción antes o durante su paso por el organismo, y otros 40 cargaron con manchas en sus expedientes, la mayoría aparecidas años después de su salida, según una investigación de Redacción Regional junto a periodistas aliados que revisó los perfiles de 500 funcionarios de Centroamérica y el Caribe. El ideal de ‘integración regional’ con el que nació el organismo ha servido de fachada para una función realizada tras bambalinas: la de consolidar un refugio para una lista de políticos con apuros judiciales.
Con reportes de Sol Lauría (Concolón, Panamá), Jody García (Plaza Pública, Guatemala), Carolina Pichardo (República Dominicana), Daniel Fonseca (Honduras), Wilfredo Miranda (Divergentes, Nicaragua).
El Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha sido utilizado en los últimos 34 años como un refugio para políticos perseguidos por corrupción administrativa, lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado. Lo dicen los datos a partir de procesos judicializados o de investigaciones oficiales en Centroamérica y República Dominicana: entre 1991 y junio de 2025, al menos 51 exfuncionarios de la región han sido señalados por corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y otros delitos antes, durante o hasta dos años después de haber salido del organismo.
En promedio, el Parlacen ha recibido a al menos diez diputados señalados por la justicia en cada período, a lo largo de los 34 años que lleva activo. A esto se suman otros 40 exfuncionarios de la región que, hasta una década después de salir de la institución, enfrentaron procesos judiciales o grietas en sus reputaciones.
Que el Parlacen se haya convertido en un refugio de políticos perseguidos por la justicia lo han reconocido, incluso, políticos que primero cuestionaron al organismo y luego corrieron hacia él para utilizarlo como un paraguas. Es el caso de los expresidentes Alejandro Giammattei, en Guatemala, Ricardo Martinelli, en Panamá.
Otros, como el expresidente Arnoldo Alemán de Nicaragua, se han refugiado bajo el paraguas del Parlacen en medio de investigaciones por sendos casos de corrupción.
Después de dejar la presidencia, en 2002, Alemán fue acusado y procesado por corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Ese mismo año se le dictó prisión preventiva y posteriormente fue condenado a 20 años de cárcel (aunque más tarde la sentencia fue reducida y pasó a régimen de arresto domiciliario, hasta que en 2009 la Corte Suprema, controlada por Ortega, lo absolvió).
Su escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) lo obtuvo después de dejar la presidencia y de ser enjuiciado. Alemán asumió como diputado del Parlacen en 2007, lo que le otorgó inmunidad regional y fue parte de las razones por las que pudo evadir el cumplimiento total de su condena.
De los 51 legisladores con manchas en sus perfiles, denunciadas formalmente o judicializadas, 13 llegaron al organismo arrastrando escándalos por corrupción; 29 se destaparon, aunque con trabas, mientras ejercían su rol como diputados regionales y 9 más se conocieron uno o dos años después de perder el fuero que les garantizó la inmunidad.
Redacción Regional junto a periodistas aliados en Centroamérica y Dominicana elaboró una base de datos con los perfiles de 500 parlamentarios que han integrado este organismo desde su fundación. Dado que la entidad, presidida por Carlos René Hernández Castillo, del partido Nuevas Ideas de El Salvador, negó información de los listados de los funcionarios que han integrado este organismo, se recabó un listado histórico a partir de memorias de labores de los Tribunales Electorales de cada uno de los países miembros, además de informes publicados en la página web del Parlacen y archivos judiciales y de prensa de la región.
Perseguidos por corrupción, lavado y hasta narcotráfico
Los perfiles se completaron a partir de denuncias formales, procesos fiscales en curso o sanciones de gobiernos extranjeros. En cada caso se determinó que los señalamientos coincidieran con el momento de su nombramiento en el organismo, ya sea antes de ser juramentados diputados, durante el ejercicio en el Parlamento Centroamericano, o uno o dos años después de perder el fuero, periodo promedio en que puede demorar un proceso judicial.
Cada perfil de la base de datos fue creado a partir de una serie de variables: si el funcionario tenía o no antecedentes con la justicia, en caso de que sí, la fecha en la que fue denunciado o imputado, los delitos imputados (en investigación abierta), el avance del proceso (sobreseimiento o condena) y el periodo para el que fue electo en el Parlacen, con el fin de determinar si buscaban la diputación en la antesala de señalamientos en su contra.
Más de la mitad de los perfiles con señalamientos encajan en la categoría de corrupción administrativa y de fondos públicos, en la que se agruparon delitos como enriquecimiento ilícito, compras irregulares y malversación de recursos del Estado. La segunda categoría con mayor peso es la de lavado de dinero y sobornos, que no siempre se relaciona con el narcotráfico, pero que en varios casos se trató de mecanismos financieros usados por los exfuncionarios para encubrir operaciones financieras sospechosas.
A esto se suma el narcotráfico y crimen organizado, donde aparecen exlegisladores vinculados al trasiego de drogas como cocaína y heroína, siendo el caso de César Augusto Díaz Flores, un diputado suplente del Parlacen al que en 2003 se le descubrieron siete kilos de heroína en el vehículo que viajaba. En menor número se encuentran los perfiles agrupados en la categoría de financiamiento ilícito o fraude electoral. Estas categorías fueron definidas para unificar señalamientos que en cada país reciben nombres distintos.
Las sanciones contra los 51 funcionarios señalados van desde condenas judiciales hasta procesos que se diluyeron en archivos poco claros, sin llegar nunca a sentencia. Otros han sido sancionados internacionalmente, con prohibiciones de entrada a EE. UU. o despojo de bienes en ese país, lo que demuestra que en ocasiones, la justicia externa ha avanzado más que la interna.
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El parlamento de la inmunidad
El Parlamento Centroamericano fue creado hace 34 años, en un intento por unificar Centroamérica y agilizar el fin de los conflictos armados en algunos países como El Salvador y Guatemala. El documento de su fundación —El espíritu de Esquipulas II— firmado en 1987 por los expresidentes centroamericanos de entonces proponía la idea de crear organismos políticos regionales que promovieran la democracia y ayudaran a llevar la paz a los pueblos en guerra.
Era una apuesta urgente en medio del fuego.
Pero con el paso del tiempo y el fin de esas guerras, el organismo fue pasando a segundo plano cediéndole el protagonismo al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que lo adoptó bajo su sombrilla. Sin poder vinculante desde que fue creado y con un bajo nivel de incidencia en la política regional, el Parlacen ha funcionado hasta ahora como un foro de discusión y de recomendación.
Es decir, sus resoluciones no tienen peso legal en ningún país miembro ni son de obligatorio cumplimiento.
Pero pese a su falta fuera legal, el organismo ha sido codiciado como el paso que sigue por algunos políticos señalados de corrupción, una práctica que ha crecido cada vez más.
Lo que comenzó con seis casos de políticos señalados por corrupción en la década del 2000, se disparó a 23 entre 2011 y 2020. A partir de 2021, a pesar de que la década no ha terminado, se sumaron 22 políticos más, señalados de delitos como narcotráfico, lavado de dinero o malversación de fondos públicos.
Esa inmunidad que da el Parlamento Centroamericano a sus miembros se ampara en el Tratado Constitutivo, un documento que contiene la esencia del organismo. El Tratado señala que los diputados regionales gozan de inmunidad civil y penal en el país donde fueron electos o del que son originarios. Esa inmunidad les protege de ser arrestados o procesados por las autoridades de sus países ya sea por demandas civiles o administrativas.
Además, la inmunidad les garantiza facilidades de tránsito en cualquiera de los Estados miembro, por lo que no pueden ser obstaculizados ni retenidos en el ejercicio de sus funciones. Ese marco legal —creado originalmente para garantizar la libre función de los parlamentarios— ha permitido que funcionarios con indicios de haber cometido uno o varios delitos en sus países de origen logren hallar un cerco de protección en la región.
Jimmy Morales acababa de terminar su mandato como presidente de Guatemala en enero de 2020 cuando buscó acogerse en el Parlamento Centroamericano, que estaba dispuesto a darle la bienvenida sin preguntas. Morales tenía en pausa al menos cinco investigaciones que habían sido impulsadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión respaldada por Naciones Unidas que durante 12 años investigó, procesó y desarticuló a varias estructuras criminales que protegían a expresidentes, ministros, militares, diputados y empresarios. Cuando las investigaciones de la CICIG comenzaron a acercarse al entorno de Morales, este vio urgente romper relaciones con el organismo y le impidió la entrada al jefe de la misión, el comisionado Iván Velásquez Gómez.
Con ese legado, Morales dejaba la presidencia de Guatemala y saltaba al fuero del Parlacen frente al rechazo de miles que buscaban impedir su juramentación. Tras dos intentos fallidos, entre la sede del organismo y un hotel capitalino, el expresidente fue nombrado diputado regional a escondidas, fuera de la ciudad de Guatemala, que quedó oliendo a humo y rabia.
Refugio de expresidentes
Cuatro años más tarde, el nuevo mandatario de Guatemala repitió la estrategia: Alejandro Giammattei fue juramentado diputado regional a través de una videollamada, un día después de haber entregado la banda presidencial, y mientras cargaba con denuncias y sanciones internacionales en sus hombros. Su juramentación sin ceremonia ni periodistas escondía una ironía: cuatro años antes, recién nombrado presidente de Guatemala en 2020, llegó a decir que si el organismo regional no se reformaba, Guatemala se retiraría, pero estando en el poder entendió que la promesa no le era conveniente.
Giammattei fue señalado luego de haber aceptado sobornos a cambio de otorgar contratos estatales en la compra de vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia de COVID-19. Su gobierno las compró con fechas de caducidad no mayor a un par de meses, lo que provocó que seis de cada diez dosis se vencieran sin ser utilizadas. Además, fue cuestionado porque el contrato fue suscrito con una intermediaria y no con el productor original.
Tras la salida de Giammattei del gobierno, el nuevo Ejecutivo presentó una denuncia penal por este caso, señalando posibles actos de corrupción, pero a la fecha de esta publicación, el expediente no ha avanzado en el Ministerio Público de Guatemala, entonces y aún dirigido por Consuelo Porras, a quien Giammattei se ha referido públicamente como «mi amiga». Quien sí lo ha señalado es Estados Unidos. Tres días después de haber dejado la presidencia, Giammattei apareció en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por «aceptar sobornos» en decisiones que “socavaron el Estado de derecho y la transparencia del Gobierno” de Guatemala. Mientras el Parlacen le ofrecía refugio, Washington lo sancionaba y le cerraba la entrada a su territorio.
En algunos países de la región, los expresidentes y exvicepresidentes tienen un pase automático hacia el fuero que otorga el Parlamento Centroamericano. Una reforma hecha a su Tratado Constitutivo en 2008 y vigente desde 2010, les ha garantizado que una vez dejen el poder en sus países pueden fungir como diputados regionales. Esa figura fue pensada para que líderes con experiencia contribuyeran al fortalecimiento del organismo regional, pero en la práctica, algunos exjefes de Estado bajo presión judicial la han usado como salvoconducto.
El caso de Panamá ilustra mejor este ejemplo. Desde el retorno de la democracia en 1989, todos los presidentes panameños —a excepción de Guillermo Endara— han buscado un curul en el organismo regional. Los exmandatario Ernesto “El Toro” Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, que ya tramita su incorporación, buscaron la diputación. Todos arrastraron señalamientos de corrupción o abuso de poder, aunque casos como los de Pérez Balladares y Torrijos la justicia terminó dictando sobreseimiento.
Casi un tercio de los legisladores señalados por corrupción que han ocupado un curul en el Parlamento Centroamericano proviene de las más altas cúpulas del poder Ejecutivo: expresidentes y exvicepresidentes.
Sin filtros propios
Ni el Tratado Constitutivo base ni las reformas que se le han hecho después contemplan mecanismos de depuración eficientes sobre el ingreso de diputados al Parlamento Centroamericano. Es decir, no hay quien revise, investigue o pregunte.
Según el artículo 9 del Tratado Constitutivo, para ser diputado del organismo regional basta con cumplir «los mismos requisitos» de los Congresos o Asambleas de los Estados miembros. Los requisitos, aunque escritos de forma diferente, terminan siendo los mismos: que sea mayor de 18 o 25 años, que sepa leer y escribir, ser ciudadano de ese país y que cumpla con una «notada honradez» o «moralidad notoria».
El abogado constitucionalista Enrique Anaya —consultado por Redacción Regional antes de ser capturado en junio pasado y de manera arbitraria por el régimen de Nayib Bukele en El Salvador —señaló que los conceptos de “notada honradez” o “moralidad notoria” son jurídicamente válidos, pero no pueden medirse con exactitud. Mientras que el jurista Edgar Ortiz, director de la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala, agrega que, si la persona ha sido funcionaria y manejó fondos públicos, se pueden medir, por ejemplo, a través de un finiquito, es decir, una constancia emitida por la Contraloría de Cuentas que avale que no tuvo reparos durante su gestión. Pero en la práctica, estos requisitos suelen pasar por alto otros indicios de corrupción, historial dudoso o vínculos comprometedores, dando paso a candidaturas cuestionables.
Que el Parlacen no sea el responsable de revisar antecedentes o validar candidaturas lo reduce a un rol pasivo en la conformación del organismo. Su papel termina siendo el de recibir y juramentar a los candidatos que fueron electos por voto popular o designados conforme a las leyes de los Estados miembros. Esto significa que la legitimidad de quienes buscan una curul queda enteramente en manos de los tribunales electorales en Centroamérica, dejando al Parlacen sin margen de acción y, en muchos casos, maniatado.
Que los 51 diputados perfilados por Redacción Regional lograran integrarse al Parlamento Centroamericano a pesar de, fue posible en primer lugar por la inacción de los sistemas de justicia de sus países, en este caso las fiscalías, a veces controladas por el partido en el poder. Si no hay investigaciones fiscales, los tribunales electorales no tienen razones para frenar candidaturas.
En Guatemala, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se beneficiaron de la gestión de Consuelo Porras como fiscal general, sancionada internacionalmente por obstruir investigaciones anticorrupción. Porras fue electa al frente del Ministerio Público en el gobierno de Morales, y en 2022 fue reelecta por Giammattei para otros cuatro años más, ignorando las advertencias de Estados Unidos y de organizaciones locales que la acusaban de perseguir a jueces y fiscales independientes y de engavetar investigaciones de alto impacto. Un año antes de su reelección, Washington ya la había incluido en la Lista Engel por socavar la justicia en el país. Aún así Giammattei la eligió al frente de la institución encargada de la investigación del delito.
En El Salvador, la Fiscalía también ha ralentizado o incluso dejado en el olvido expedientes clave, como el de José Luis Merino, el «comandante Ramiro Vásquez», padrino político de Nayib Bukele en el FMLN, líder del ala comunista en el expartido de gobierno y del entramado de los negocios Albapetróleos. En 2017, catorce congresistas estadounidenses, entre demócratas y republicanos, solicitaron al Departamento del Tesoro investigar a Merino por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Para entonces, Merino recién había dejado su curul en el Parlamento Centroamericano. Ocho años después de aquella petición, no hay avances públicos en el caso.
Lo mismo ocurrió en Honduras, tanto Porfirio Lobo como Juan Orlando Hernández entraron con facilidad al Parlacen, sin enfrentar procesos judiciales sólidos en sus países. Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2014, llegó al organismo a pesar de que su entorno cercano tenía vínculos con el narcotráfico —su hijo Fabio Lobo fue condenado en EE. UU. en 2017 por conspirar para introducir cocaína al país—. Su sucesor, Juan Orlando Hernández, también se aseguró una curul en el Parlacen inmediatamente después de dejar la presidencia de Honduras en enero 2022. Sin embargo, fue capturado y extraditado en abril de ese año y más tarde una corte lo condenó en marzo de 2024 por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
Solo hay dos formas, aunque con matices, en las que un diputado regional puede ser privado del privilegio que da el fuero: que el propio Parlamento Centroamericano decida quitárselo, como ocurrió con Juan Orlando Hernández luego que Estados Unidos pidiera su extradición, o que el político renuncie como ocurrió en el caso del expresidente Mauricio Funes de El Salvador, quien se vio obligado a dejar el cargo luego que la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró «inconstitucional" su nombramiento, asegurando que fueron vulnerados los derechos de los salvadoreños en su “capacidad de decisión sobre quiénes serán sus representantes en un organismo supranacional».
Dos años después fue acusado formalmente por la Fiscalía salvadoreña de desviar 350 millones de dólares del erario público, un caso que no habría podido procesarse en un tribunal si él hubiera continuado como miembro del organismo regional. El exmandatario, entonces, se refugió en Nicaragua donde el régimen de Ortega le concedió la nacionalidad, un blindaje automático contra la extradición. Funes acumuló múltiples órdenes de captura y algunas condenas en ausencia. Murió en enero de 2025, en Managua.
De no ser por las trabas internas que frenaron su juramentación al Parlacen, Funes habría entrado al organismo y habría gozado de inmunidad durante al menos cinco años, el tiempo que dura un período como diputado regional; o diez años si hubiera apostado por la reelección.
El mismo salvoconducto quiso emplear el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia. Al igual que Giammattei de Guatemala, criticó al organismo regional al que llamó «inoperante» durante su campaña presidencial, y amenazó con que Panamá debía salir de esa «cueva de ladrones», pero ya en la presidencia matizó sus palabras.
«Quizás me extralimité al decir cueva de ladrones, pero sí es un refugio al que partidos y personas aspiran pensando en un lugar donde tienen inmunidad, o donde tienen algo suave», dijo en marzo de 2013, a medios locales.
Pérdida de fuero, una súplica
Que el Parlamento Centroamericano comience un proceso de suspensión de la inmunidad no es tan fácil, las autoridades del país interesado deben enviar un «suplicatorio», según consta en el Reglamento Interno. Este suplicatorio debe apegarse a las normativas del organismo, del SICA —la institución sombrilla del Parlacen—, y del derecho internacional. Una vez recibido, el presidente del organismo debe hacer llegar el suplicatorio a la junta directiva para que sea discutido en la agenda general de la próxima sesión y luego pasarla a manos de la Comisión de Asuntos Jurídicos que se encarga de examinar los antecedentes de los señalados.
Todo ese proceso puede durar hasta 60 días hábiles, es decir tres meses. Al final, la decisión recae en la Asamblea Plenaria que puede discutirlo en varias sesiones. La votación es secreta y se requiere del respaldo de dos tercios de los diputados titulares para decidir quitar o no el fuero. En cambio, cuando un diputado es sorprendido en flagrancia, la inmunidad se suspende de oficio sin esperar un suplicatorio. Fue el caso de César Augusto Díaz Flores, un diputado suplente del que fue despojado de su fuero luego que en 2003 se le descubrieran siete kilos de heroína en el vehículo que viajaba. El organismo regional no tardó en quitarle la inmunidad; fue procesado por tráfico de droga un día después y condenado a 10 años de cárcel.
Hasta septiembre de 2025, el Parlacen no ha hecho público un recuento de las veces que ha aplicado este proceso. Tampoco hay información pública sobre cuántos diputados han perdido la inmunidad ya sea por suplicatorio o en sesiones extraordinarias como la ocurrida con Díaz Flores.
En 2023, el diputado suplente guatemalteco Freddy Arnoldo Salazar Flores —vinculado al grupo narcotraficante Los Huistas— perdió su inmunidad tras un proceso iniciado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por cargos de narcotráfico. Flores se entregó a las autoridades estadounidenses ante el silencio del Parlacen, que no informó bajo qué figura se le retiró el fuero al exdiputado.
Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, señala que cada vez que intentó investigar a diputados guatemaltecos en el Parlacen se topó con el argumento de que esas diligencias eran ilegales porque violaban la inmunidad parlamentaria. En 2004, la Corte de Constitucionalidad había resuelto que los diputados regionales no gozaban de fuero en Guatemala, pero la adhesión al nuevo protocolo del Tratado Constitutivo en 2010 extendió esa protección. Desde entonces, como en el resto de los países miembros, los diputados del Parlacen son blindados de manera automática, en condiciones similares a los congresistas nacionales.
El expediente contra Gilmar Othmar Sánchez, amigo cercano del expresidente Jimmy Morales, obligó a su oficina a agotar el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. El retiro del fuero fue autorizado, pero casi al término de su periodo como diputado regional. Para Sandoval, ese precedente evidenció la falta de un criterio uniforme: mientras en el caso de Sánchez la Corte aceptó tramitar el desafuero, en el de Jimmy Morales la respuesta fue distinta. En al menos tres ocasiones, dos en 2017 y una en 2021, los magistrados rechazaron las solicitudes de desafuero que buscaban procesarlo por presunto financiamiento electoral ilícito y abuso de autoridad tras la expulsión de la CICIG.
El dilema no es exclusivo de Guatemala. En Panamá, por ejemplo, el expresidente Ernesto Pérez Balladares utilizó el mismo argumento de inmunidad para evitar investigaciones y la Corte Suprema le dio la razón, en un tribunal conformado por magistrados que él mismo había nombrado. En otros países, el proceso es distinto: en lugar de bloquear las pesquisas, la Corte evalúa las solicitudes de desafuero como lo haría con los diputados nacionales.
El Parlamento Centroamericano está conformado por cinco países: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En total lo integran 120 diputados, con 20 representantes titulares y 20 suplentes por cada nación miembro.
Hasta julio de este año, El Salvador seguía siendo parte del organismo, pero tras una reforma constitucional, la Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele anunció su salida. Entre los argumentos, los diputados alegaron que la entidad no ha contribuido en nada al desarrollo del país, que su retiro representará un ahorro para las finanzas nacionales y que el Parlacen es una entidad cuestionada.
«Hemos marcado un hito en la historia de nuestra nación. Aprobamos la salida de El Salvador del PARLACEN, una institución que, a lo largo de los años, ha sufrido escándalos y ha sido refugio de políticos señalados por corrupción», tuiteó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en su cuenta de X.
Una decisión paradójica, pues durante seis años el partido de Bukele llenó curules en el Parlacen con sus funcionarios, e incluso intentó postular a un exasesor de la alcaldía capitalina señalado por sus vínculos con pandillas. Además, durante el último año, cuando su partido presidió el organismo regional del que ahora reniegan, se negó a transparentar información sobre los perfiles de sus diputados, los presupuestos ejecutados y los criterios utilizados para admitir a representantes cuestionados.
Bajo la dirección de Carlos René Hernández, de Nuevas Ideas, el Parlacen alegó que es un ente autónomo y que no está obligado a brindar información puesto que no lo supedita ninguna ley de acceso a la información pública.
Este octubre termina la gestión de Hernández envuelta, además, en una polémica luego que el medio salvadoreño El Diario de Hoy revelara que Hernández solicitó el anticipo de dos meses de salario, equivalente a US$14,650, para él y dos diputadas de su partido en medio de la salida de El Salvador de dicho organismo.
Las preguntas que Hernández dejó sin respuesta fueron: ¿Por qué el Parlamento Centroamericano ha acogido a políticos con indicios de corrupción? ¿Cuál es la lógica de la inmunidad, especialmente cuando sus decisiones dentro del organismo no son vinculantes? Tampoco es público el contenido de las actas de juramentación de los diputados ni se sabe qué consta en las actas cuando un diputado renuncia o es desaforado ¿Qué papel jugó el Parlacen cuando Juan Orlando Hernández pidió incorporarse a pesar de indicios de su relación con el narcotráfico? ¿Qué documentación se levantó en el caso del diputado de Guatemala Freddy Arnoldo Salazar Flores, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico? Tampoco se sabe cuántas veces ha sido retirada la inmunidad a un parlamentario desde su fundación o qué criterios se aplican para aceptar o rechazar un antejuicio. Persiste, además, la incógnita sobre cómo el Parlacen responde a las críticas que lo señalan como un organismo con enormes privilegios, más útiles para el encubrimiento de la corrupción que para la cooperación regional.
A 34 años de su creación, este organismo que nació para sellar la paz en Centroamérica es hoy, en la práctica, el atajo para políticos que buscan evadir la justicia. Su efecto más tangible en los años que lleva activo ha sido ofrecer una salida decorosa a al menos 51 exfuncionarios investigados por corrupción.
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