La ciudadanía batalla contra un enemigo poderoso: la corrupción estructural

La historia de Guatemala es una cadena de múltiples resistencias en contra del poder establecido. En las últimas décadas, después de la firma de los Acuerdos de Paz, ha surgido, de nuevo,  una ciudadanía con determinación de luchar por la institucionalidad en contra de la corrupción estructural, a fin de romper el estancamiento y la desesperanza a los que nos condena.

El impulso ciudadano de la era democrática post conflicto,  ha demostrado su capacidad de ejercer incidencia en diversas oportunidades. Algunas de las más recientes son: las manifestaciones del año 2015, las elecciones generales del 2023, la expulsión del alcalde en Santiago Atitlán, el Paro Nacional de ese mismo año, y la elección del presidente Bernardo Arévalo. En fechas más recientes, la recuperación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, y la lucha que se libra en contra del fraude en la elección de rector de la USAC, demuestran esa presencia ciudadana que, cuando le dan la oportunidad de participación, responde. 

No resulta extraño que exista esta voluntad porque sobran las razones para querer cambiar las dinámicas del poder en el país. Guatemala tiene de los más bajos índices de desarrollo humano de Latinoamérica y, como consecuencia directa, el fenómeno de la emigración masiva se disparó dramáticamente en la última década. 

Los que se quedan, en su mayoría enfrentan pobreza, falta de empleo, precariedad o ausencia de servicios públicos y el deterioro implacable del territorio y la naturaleza. Además, quedan atrapados en un entramado de causas estructurales que impiden salir de esta situación: un sistema económico poco creativo con baja generación de valor y alta informalidad, acomodado a un régimen de privilegios; la concentración de bienes materiales necesarios para la reproducción de la vida. 

La lucha ciudadana es impulsada por la claridad de que es necesaria una transformación profunda en beneficio de la mayoría. Sin embargo, resulta inalcanzable realizar cambios significativos por la vía institucional y democrática, debido a la penetración de la corrupción estructural que beneficia a muchos. Sucesivos gobiernos, profundamente corruptos y vinculados con las redes de criminalidad organizada, no han demostrado  compromiso con la inversión social y el bien común como principio articulador del Estado.

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Las recientes elecciones de segundo grado se comprendieron como parte de estas batallas. Estratégicamente  eran cruciales para los objetivos ciudadanos.ya que se podía iniciar el reencauzamiento de instituciones tan poderosas como la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), además de asegurar la legitimidad en el Tribunal Supremo electoral con miras a las elecciones generales del 2027. La historia reciente nos enseña que, para iniciar el camino de reconfiguración institucional y el fortalecimiento de la democracia, se trata de piezas indispensables. 

Desafortunadamente, la ciudadanía obtuvo un saldo poco contundente y que no merecía tras estas luchas sobre todo por el esfuerzo desplegado. 

Ahora tenemos una CC dominada por personajes que emergen del «pacto de corruptos»   y la mayoría se muestran alineados, no solamente a la estructura de la corrupción, sino a una manera ilegítima de utilizar sus fallos como herramienta de control político. Basta con analizar el primero que han emitido. Se permitieron intervenir en las potestades de la Comisión de Postulación a fiscal general, con un argumento insostenible: que los jueces no tienen experiencia como abogados. 

Es importante resaltar que la Constitución Política no limita la participación de los jueces para postularse al cargo de fiscal general. Por tanto, crear un factor de discriminación resulta, irónicamente, inconstitucional. Para estos magistrados, emitir fallos irracionales desde la perspectiva jurídica, no importa, pues  con ello  logran consolidar fines políticos. 

El fraude descarado que se quiere imponer en la USAC es, en términos prácticos, una expropiación a favor de los grupos corruptos de la universidad pública, en detrimento de las clases sociales más urgidas de educación superior. Al respecto, los alcances de este grave acontecimiento, fueron analizados en el artículo de Juventino Gálvez «La captura de la Usac, y el vaciamiento del futuro.»  

El presidente Bernardo Arévalo recibió de la Comisión de Postulación un listado de postulantes a fiscal general y ha elegido al abogado Gabriel García Luna que tendrá entre las manos un enorme desafío. El MP necesita una profunda depuración después del mandato de Consuelo Porras quien desarticuló la carrera fiscal y la institucionalidad interna. Además, resulta importante revertir los procesos de criminalización en contra de personas honestas que no han tenido el derecho a un juicio justo, por el giro represivo que tomó la institución. Por no hablar de la amplia impunidad con la que se ha protegido al crimen organizado y los crímenes de corrupción. 

Sin un liderazgo que reconduzca el MP a la legalidad y combata la impunidad, esta institución seguirá siendo un obstáculo importante para las aspiraciones ciudadanas por el logro del bien común.

Estos complejos escenarios demuestran que a la ciudadanía no le va a alcanzar con la buena voluntad, el manifiesto interés, la presión en redes sociales o la auditoría social directa para cambiar el rumbo del país. Debe plantearse la situación como lo que es: una batalla por el poder y, como tal, debe prepararse.

Y no es de extrañar porque la corrupción estructural es una arquitectura. No es un fenómeno casuístico, ni se trata de actores aislados. Se trata de una bien pensada articulación que cuenta con líderes, inteligencia, acción política, dinero, redes de influencia, narrativas y lleva muchos años instalándose dentro del Estado y la sociedad civil.

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Sin embargo, para articular estos esfuerzos se necesitan líderes que puedan guiar en el camino hacia el bien común. Y quizá la mayor debilidad de la ciudadanía es no contar con ellos. 

No se trata solamente de personajes políticos. Se esperaría liderazgo de todos aquellos que tienen cuotas de poder, por ejemplo, los decanos de las universidades que participaron en las Comisiones de Postulación y que tenían obligación de actuar en beneficio de la institucionalidad. Desafortunadamente demostraron, en la mayoría de los casos, filiación con los grupos mafiosos. Su carencia de compromiso con los cambios estructurales necesarios, demuestra que la corrupción permea todo espacio de poder. 

Tampoco han asumido su liderazgo ciudadano los magistrados de las altas cortes, cuya función es la de actuar como órganos de control y de protección constitucional. La corrupción estructural que rige sus nombramientos escoge simples alfiles, operadores vacíos, títeres. No ocupan su lugar como funcionarios sino que atienden órdenes y así, dejan de representar los intereses colectivos y liderar el camino recto de la justicia. 

En las últimas elecciones generales, se eligió a Bernardo Arévalo, porque se consideró que, en medio de un sistema partidario totalmente corrompido, era una opción. Sin embargo, Arévalo no se ha comprometido con el rol político de la presidencia que es desarrollar una visión y liderar (planificar, negociar, pactar) para conseguirla. Recordamos a Michael Foucault para quien el poder no es algo que se posee, sino la acción misma de ejercerlo. Estas ideas se muestran sabias, cuando vemos el resultado de desempeñar el cargo político de manera burocrática. El juego de ajedrez (que él propuso como metáfora) terminó siendo una promesa fallida, pues no hubo estrategia para ganar de manera contundente las partidas.

Desde el Congreso de la República, la bancada oficialista tampoco logró ejercer liderazgo. El resultado fue la reelección de Roberto Molina Barreto, como magistrado de la CC. Un tema que subyace a este fracaso es que, ni aún con la buena voluntad que Marco Rubio le tiene a Arévalo, se logró evitar que el lobby promovido por sectores interesados en Washington ejerciera su influencia. Es válido preguntarse qué hizo el Embajador de Guatemala en Estados Unidos para contrarrestar los juegos de poder que llevaron a este resultado negativo.

Los resultados obtenidos en las elecciones de segundo grado deben capitalizarse como lecciones aprendidas. La primera es que se trata de una lucha de largo aliento y que los resultados no serán tan rápidos como sería deseable. Además, si se desea obtener logros estratégicos,  hay que prepararse con suficiente antelación. 

La siguiente batalla se librará en las elecciones generales y el tiempo es corto. La ciudadanía deberá articular múltiples frentes ciudadanos de incidencia que puedan aglutinar fuerzas y liderazgos, no solamente para la elección presidencial. Deben ganarse espacios en el Congreso de la República y las alcaldías. Evidentemente, en esta lucha, ganar uno a uno los espacios podrá ser el factor para que la ciudadanía cambie el equilibrio del poder, actualmente favorable a los grupos de poder corruptos. 

Habrá que buscar el camino que permita consolidar la mayor cantidad de candidaturas virtuosas y suficiente apoyo popular. ¿Cómo hacerlo? Se trata de una tarea que hay que imaginar de manera colectiva. Organizarse para poner manos a la obra para consolidar la efectividad de la incidencia en su diversidad de frentes. Para las múltiples tareas que implica, todos seremos indispensables.