Las víctimas son un grupo de once mujeres maya q´eqchíes’ que acusan a guardias de seguridad de la mina por violencia sexual -en 2007-, el líder comunitario Adolfo Ich, asesinado, y Germán Chub, que fue agredido en 2009 y quedó parapléjico. El grupo de afectados y la viuda de Ich, Angélica Choc, presentaron en 2012 sus demandas legales en Canadá, respaldadas por la organización Rights Action.
La juez Carole Brown de la Corte de Justicia de Ontario emitió este 22 de julio el fallo que envía a juicio a Hudbay Minerals por el asesinato, agresiones y violaciones en la comunidad guatemalteca. El asesinato de Ich y las lesiones de Chub, ocurrieron en los alrededores de la mina durante la protesta de vecinos que se pronunciaron en contra del desalojo de tierras en la comunidad Las Nubes, Izabal -el caso de Ich y Chub-; las violaciones, aseguran las demandantes ocurrieron en Lote ocho, en El Estor.
El grupo de mujeres afectadas exige, a través de la firma de abogados Klippensteins, Barristers & Solicitors, “US$ 1 millón en daños compensatorios para su dolor y sufrimiento y US$ 4 millones en daños punitivos debido al extremo y atroz carácter de los ataques contra ellas”, y por el asesinato de Ich "US$ 2 millones en daños generales y US$10 millones en daños punitivos”.
El abogado de las víctimas en Canadá, Murray Klippenstein aseguró que este es un caso histórico porque por primera vez se lleva a la Corte a una compañía minera canadiense en Canadá, por abusos ocurridos fuera del país norteamericano.
Las agresiones ocurrieron durante el período en el que Hudbay Minerals subsidió a la CGN. Actualmente la compañía minera es propiedad de la firma rusa Solway Investment Group que adquirió la empresa en septiembre de 2011.
En abril de 2012 Plaza Pública investigó el caso; en ese momento, el Ministerio Público aseguró que únicamente tenían una denuncia por el asesinato de Ich, el cual se encontraba “en investigación”, mientras que las violaciones no aparecían registradas en ninguna fiscalía. Los abogados de las víctimas afirmaron que no hubo demandas en Guatemala porque hay desconfianza en el sistema de justicia guatemalteco.
