En su editorial, la revista expone sobre los alcances y las perspectivas del paro nacional del 29 de julio de este año. También habla allí de la conmemoración de un bicentenario ya cumplido, pero en referencia al alzamiento del pueblo k’iche’ de Totonicapán, ocurrido en julio de 1820. Es decir, hace un año se cumplieron los dos siglos del levantamiento que lideraron Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en demanda del cumplimiento de la Constitución de Cádiz, que la criollada se abstenía de obedecer.
Un año y dos meses después de esa gesta, la élite que ha devenido en depredadora a lo largo de 200 años decretó la independencia para evadir el pago de impuestos, como hasta ahora, a la vez que para impedir eventuales alzamientos desde los pueblos.
Mucha sangre y mucho sudor de los pueblos han humedecido las adoloridas tierras de este país desde entonces. Mediante prácticas como el decreto de leyes esclavizantes, el uso del ejército para imponer políticas de segregación e incluso genocidio y la concentración absoluta de recursos, entre otras, la élite criolla ha sostenido un sistema racista y excluyente. Cuando le convino, transitó hacia la instauración de un esquema democrático, que pretendió controlar mediante la compra de voluntades políticas por medio del financiamiento. Las jerarquías y cabezas del sistema de partidos políticos sirvieron al interés de la élite que ha depredado el desarrollo y se instalaron como sus cómplices fieles en el manejo del aparato legislativo y ejecutivo. En los años recientes tomaron por asalto el sistema de justicia y establecieron así el control absoluto del aparato que montaron y que buscaron destruir.
Sin embargo, en su afán depredador y con la embriaguez que les ha producido el éxito de su empresa, no vieron venir la ola creciente del descontento. De la vara de la dignidad que levantan hombres y mujeres que conforman las autoridades ancestrales de los distintos pueblos llegó el llamado a la movilización contra el Estado corrupto y sus representantes.
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El 29 de julio, mediante la movilización y el despliegue a nivel de todo el territorio, fue escuchada y reproducida la voz nacida de la articulación de los pueblos originarios. Y es allí donde ha de seguir la voz cantante. Por ello, ante el nuevo llamado a mantener el paro nacional para reclamar la salida de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, así como del presidente Alejandro Giammattei, corresponde atender y mantener la resistencia.
Ambos personajes, junto con el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, y la mayoría de magistraturas de las cortes, la suprema de justicia y la de constitucionalidad, encarnan en su accionar y en su trayectoria la esencia de la corrupción y de la impunidad. El ejercicio de sus cargos ha sido puesto al servicio del crimen y de los intereses elitarios contra la mayoría de la población. Han apañado el robo y el despojo de recursos, así como la incapacidad absoluta en el manejo de la pandemia, que ha cobrado miles de vidas y ha llevado a la miseria a cientos de miles. Con el mayor de los cinismos pretenden instalar un Estado mafioso, pues piensan que la sociedad no reaccionará.
Sin embargo, las movilizaciones, desde siempre sostenidas al inicio por la voz de unas pocas personas que no han cejado en la defensa de la dignidad, hoy cuentan con un respaldo muy amplio y que se acrecienta. Por eso hay que insistir en el repudio al expolio, a la corrupción y a la impunidad. Hay que insistir en el reclamo de una reconfiguración del Estado no para mantener el mismo sistema de cosas, sino para barrer de una vez por todas con el parasitismo que ha cerrado las vías del desarrollo.
Como pueblos no iremos a celebrar el bicentenario de la instalación del Estado criollo, racista, excluyente y depredador. Como pueblos seguiremos el movimiento de la vara de la autoridad nacida desde la base para conmemorar los dos siglos del alzamiento k’iche’ como fecha cimera de la rebeldía de los pueblos y, ahora sí, transformarlo en un sistema en el que quepamos todas y todos.
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