Congreso: oficialismo perdió el presupuesto, pero aún respalda a Giammattei

En ninguna protesta habían incendiado el Congreso de la República de Guatemala. El 22 y 28 de noviembre de 2020 algunos grupos organizados cambiaron los métodos en comparación con 2015. Incluso dieron un paso más hacia lo contencioso, si se compara con 2017, cuando la tensión llegó a un punto máximo al encerrar a los diputados en el Palacio Legislativo. Pero nunca habían incendiado el Congreso.

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Además del fuego, los ojos quedaron fijados en la brutal represión policial de la tarde del 22 de noviembre. Aunque una semana después (cuándo también hubo fuego, pero esta vez incineró un Transurbano) la Policía Nacional Civil (PNC) dio un giro de 180 grados en su respuesta y fue notoriamente menos agresiva, no obstante la sanción social a los actos policiales recayó sobre el ministro de Gobernación, Gendri Reyes.

El fuego y la represión en las protestas tuvo efectos en los tomadores de decisión. La alianza oficialista reculó en la aprobación del presupuesto 2021, pero lejos de romper esa unidad, al mismo tiempo protegió al Ministro de Gobernación; trató de avanzar con el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad; propuso elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones; y logró ratificar el Estado de Calamidad en las zonas afectadas por Eta e Iota, aunque no de urgencia nacional como intentó al inicio.

Haber dado marcha atrás tendrá repercusiones. Ahora el Ejecutivo deberá buscar los apoyos y readecuar su política pública a un presupuesto diseñado en 2018, ejecutado en 2019 y modificado en 2020 con millonarios préstamos para combatir la pandemia. Con las elecciones a dos años, al gobierno le queda solo un presupuesto, el del tercer año, para mostrar a los guatemaltecos qué quería hacer con los recursos públicos.

Si el cierre del Centro de Gobierno y el «momento de unidad» que anunció el presidente Alejandro Giammattei junto al vicepresidente Guillermo Castillo no cambia nada, todo apunta a que la alianza oficialista continuará vigente para 2021.

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El fuego: la oposición señala a Junta Directiva y el oficialismo criminaliza a la izquierda

Dos semanas después de la quema de un área del Congreso nadie sabe exactamente quién prendió el fuego. A la espera de una investigación encomendada al Ministerio Público, la verdad está en disputa, pero el oficialismo regaló tiempo al presidente.

Gendri Reyes, quién entonces tenía menos de un mes al cargo del Ministerio de Gobernación, puso el primer marco para leer el hecho: calificó de terroristas a quienes quemaron el Congreso, aunque entre los 44 capturados el Ministerio Público no logró determinar la responsabilidad de ninguno. Giammattei prometió que los responsables enfrentarían todo el peso de la ley, el juez a cargo libró a todos los señalados por falta de pruebas.

Diputados oficialistas hicieron eco a estas reacciones. En la sesión del pleno celebrada en el 25 de noviembre en el Teatro Nacional, Patricia Sandoval, diputada de FCN, y Manuel Conde, de PAN, también calificaron como terroristas a quienes quemaron el palacio legislativo y acusaron a otros diputados de apoyar el movimiento.

Tras la sesión donde anularon el cuestionado presupuesto, pero no lograron avanzar en otros puntos, Allan Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Congreso, acusó a la oposición de apoyar la quema del Congreso. «Tenemos una izquierda vandálica, que antes manifestaba y quemaba edificios en la calle, hoy está adentro, ayudando. Vienen dispuestos a destruir el país» dijo frente a la prensa.

En cambio, la oposición duda si la quema del Congreso fue un acto genuino de los manifestantes. Cuestiona si el oficialismo procuró la quema, o al menos hubo complicidad para que sucediera.

«Yo sostengo la hipótesis de que la quema del Congreso fue algo que las autoridades de seguridad consintieron con la intención de salir a reprimir a la población que manifestaba pacíficamente» señala Oscar Argueta, diputado y secretario en funciones de la UNE. «El núcleo de reserva, que es el grupo de antimotines, estaba dentro de las instalaciones de Congreso, y teniendo todas las condiciones para contener e incluso detener a quienes estaban vandalizando el Congreso, no lo hicieron».

A esta acusación se suma la diputada Andrea Villagrán, del partido BIEN. Le parece que, si no hubo responsabilidad, al menos hubo permisividad pues «no es la primera vez que intentan abrir las puertas de Congreso. Llama la atención porque tienen estructuras muy fuertes y unos candados gigantes. Es muy difícil pensar que 20 personas las abran». El dato de las dos decenas de personas está ratificado en los informes del Ministerio de Gobernación.

La duda sobre la autoría del fuego nubla la lectura que los diputados tienen sobre la quema de Congreso. Aldo Dávila advierte que fue una expresión de indignación, mientras Cristián Álvarez, de CREO, quien votó a favor del cuestionado presupuesto para 2021 y luego defendió anularlo, señala que le sorprendió ver los «rostros con mucha felicidad al ver arder el Congreso», mismos que se deben leer como parte del regaño de la población que, junto con el mensaje de la plaza, denota un distanciamiento entre los diputados y sus votantes.

Todos coinciden en que no puede dejar de verse el hecho como algo premeditado o consentido por las autoridades para desacreditar la manifestación y tener una excusa para la represión policial. «Querían dar un mensaje de temor, miedo, no sólo para desacreditar las manifestaciones, sino para atemorizar a quién manifiesta­­», opina Argueta.

Para conocer la versión oficial ante estas acusaciones, Plaza Pública buscó las reacciones de la bancada oficial, contactando a los diputados Mynor Martínez, Jefe de Bancada Vamos y a Duay Martínez, presidente de la Comisión de Finanzas del mismo partido. No respondieron a las llamadas realizadas.

El silencio de la bancada oficial, sin embargo, fue menos sutil cuando, junto a sus aliados, protegieron al ministro de gobernación, Gendri Reyes.

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El simbolismo de proteger al Mingob

No hay certeza sobre quién quemó el Congreso, pero sí de la violencia policial del 21 de noviembre: Dos personas perdieron el ojo a causa de proyectiles lanzados por antimotines y 44 personas fueron detenidas arbitrariamente.

Ya que la Policía Nacional Civil (PNC) es una institución jerárquica, todo apunta a dos responsables: el recién ascendido Ministro de Gobernación, y el director de la PNC, José Tzubán. La oposición del Congreso los responsabiliza además de permitir los actos de vandalismo en el palacio legislativo.

El 24 de noviembre, la bancada UNE citó a Reyes y Tzubán para que explicaran los operativos realizados el 21 de noviembre. Con monosílabas como respuesta y a pesar de la evidencia gráfica, testimonios, punzantes preguntas y agudos ataques de los diputados presentes –por ejemplo, Oscar Argueta, de UNE, le dijo gorila–, las autoridades de gobernación esquivaron su responsabilidad y responsabilizaron a mandos medios. Un video publicado por elPeriódico muestra cómo el mismo Subdirector Adjunto de la PNC es quien dispara una bomba lacrimógena directo en contra de los manifestantes, y no hacia el piso o el cielo como dictan los protocolos antidisturbios.

En la sesión plenaria del 25 de noviembre, la oposición propuso un punto resolutivo que proponía la destitución del ministro. El instrumento no implica una destitución inmediata, más bien es una declaración antes que una herramienta que tenga efectos irreversibles. Aún así, sólo 58 diputados votaron a favor y 88 rechazaron hacer este pronunciamiento.

A criterio de los diputados consultados la protección de Reyes tiene por lo menos tres significados: la confirmación de que se consintió y hasta provocó una manifestación violenta; la fidelidad de la alianza oficialista a Giammattei; y un trasfondo ideológico que hace a muchos diputados ver las manifestaciones como una expresión de una izquierda violenta.

Cristian Álvarez advierte sobre lo ideológico: «El oficialismo que defiende al Ministro y se suma al voto de algunos por temas ideológicos ve ideología en todo». Villagrán le pone calificativo a lo ideológico al señalar que «en Guatemala no se abandona la guerra fría, todo se polariza en comunista y anticomunista. Los que están en el otro extremo no apoyan la destitución porque eso me pone con la oposición y la oposición es de izquierda, aunque estén en contra de lo hecho por el Ministro» afirma.

Para Argueta la confirmación del Ministro confirma que las autoridades estuvieron involucradas con la quema de Congreso y represión de la protesta. «El punto no implicaba la destitución del ministro, sino la solicitud de tomar cartas por la violación de derechos humanos» tanto de manifestantes como de civiles presentes ese día en zona uno. Por ello, al no aprobar el punto para discutir la destitución de Reyes, hay un mensaje de que «se sienten participes» de los actos del Reyes, indica Argueta. Para Aldo Dávila, diputado de WINAQ esto también transmite la idea de que «no importó la violencia a la ciudadanía, y que la van a seguir reprimiendo» señaló.

La alianza oficialista también se mostró sólida y disciplinada con el presidente, como afirma Andrea Villagrán, de Bien. «Ya sea por proyectos, negocios, plazas, si se posicionaban contra el Ministro, sus intereses se verían afectados» advierte Villagrán.

Los diputados de la bancada oficial, Mynor Mejía y Duay Martínez, no respondieron a Plaza Pública para aclarar las acusaciones que les incriminan, a pesar de ser contactados en varias ocasiones.

El 27 de noviembre distintas bancadas de oposición solicitaron la interpelación de Reyes, con la cual iniciarían un largo camino para su destitución. Esta puede que no ocurra pues, de acuerdo a lo declarado por el presidente Giammattei, todos los ministros deberán presentar su renuncia, un procedimiento que anunció en conferencia de prensa pero que en realidad es una petición que ha hecho cada presidente a final del año. Nada extraordinario.

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La alianza oficialista sigue aunque perdió un vínculo importante: el presupuesto

El voto de los 115 diputados que aprobaron el presupuesto 2021 muestra la fuerza de la alianza. A excepción de los bloques de Semilla, Winaq, MLP y URNG, el resto dio su voto para aprobarlo en la madrugada del 18 de noviembre.

ICEFI criticó que el presupuesto incluía el traslado de recursos de los Ministerios de Desarrollo y Comunicaciones a Comités Departamentales de Desarrollo por un monto superior a 1.4 mil millones de quetzales. Según notas de prensa, estos consejos hubieran recibido hasta 3.6 mil millones de quetzales para ejecución en el próximo año.

La inversión departamental que iban a administrar los gobernadores era uno de los puentes para la alianza por el presupuesto 2021. Por eso, que fuera «engavetado» en la sesión del 25 de noviembre plantea desafíos a su estabilidad.

A esto se debe agregar el efecto de la protesta y represión social a la manifestación del 21 de noviembre, que, según los diputados consultados, habría afectado a los representantes distritales.

Villagrán, de Bien, indica que no aprobar el presupuesto afecta directamente al presidente Giammattei y su alianza mayoritaria. Giammattei deberá utilizar el presupuesto de 2020, que para la diputada tiene «un techo alto de 107 millardos, pero sin fuentes de financiamiento. Según el Ministerio de Finanzas la recaudación será de 63 millardos de quetzales. El presupuesto actual se quedó sin préstamos y eso es algo complicado de lograr. No sé cómo va a hacerlo porque los diputados tendrán miedo de que les van a caer al aprobar nuevos financiamientos», refiriendo a la protesta en distritos. «Muchos de los aliados van a pensar más dar el voto», agrega.

Argueta, de UNE, coincide en señalar el revés. A los problemas de financiamiento agrega la falta de ejecución, pues los remanentes ministeriales le permitirán cubrir gastos de funcionamiento, pero sólo hasta mayo, estima. Por ello estarán obligados a asistir a Congreso a pedir financiamiento, y hacer algunas concesiones, señala.

Sin embargo, Argueta ve más allá. Advierte que «si las condiciones políticas no cambian hacia una legitimación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, puede que no existan las condiciones para aprobar ningún presupuesto. Y pensar en un ejecutivo que nunca tuvo presupuesto complica muchísimo la ejecución de política pública, y de todo lo que tengan como prioridades» apuntala.

La solidez de la alianza se debilita con la pérdida del presupuesto, pero también con la presión a nivel distrital, indican los diputados consultados. «Por su relación más directa con su electorado. Pueblo chico, infierno grande» ejemplifica Villagrán, de Bien, señalando el efecto de la presión local en la postura de los legisladores.

Argueta agrega que, si «la presión social sigue y le exige un rumbo distinto al gobierno, la alianza se puede debilitar», aspecto en el que coincide Álvarez, de CREO, quien señala la pérdida de influencia de Giammattei: «Normalmente los diputados quieren estar cercanos al presidente, pero este se desgastó muy rápido», considera.

Sin embargo, Villagrán advierte que más que arrepentimiento, engavetar el presupuesto fue una concesión necesaria que no quitó a los diputados la molestia por la pérdida de recursos. «Se veía más un enojo, porque significa una gran perdida, es mucho dinero, mucha corrupción, y a algunos no les importa los reclamos que se puedan hacer, no les interesa la reelección sino lo que hagan ahorita» advierte.

En medio de las disputas anteriores, la alianza intentó avanzar el proceso de antejuicio contra dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco Mata Vela, en el proceso desencadenado después de poner freno a la forma como estaban eligiendo magistrados para la CSJ y salas de apelaciones.

De nuevo hubo un revés para la alianza. Un amparo otorgado en definitiva al Procurador de Derechos Humanos suspendió el intento. Con la elección de la nueva CC a la vuelta de la esquina (abril), la alianza oficialista tiene menos tiempo para colocar piezas más cómodas.

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¿Elegirán cortes en época de convivios? Complicado, pero no imposible

La elección de cortes, un tema relegado por más de un año fue uno de los últimos puntos discutidos en el pleno. Según algunos diputados consultados, es algo que podría tomar fuerza, pero lo más probable es que el pleno no vea suficientes diputados para atenderlo el resto del año.

Algunos como Álvarez, del Bloque CREO, consideran que es un tema que deberían avanzar este mes, que por lo menos deberían trabajar dos semanas de diciembre para avanzar con las cortes de apelaciones porque enero será un mes cargado. «Tendremos la presión del presupuesto, reactivación económica, y la elección de Conamigua (Consejo nacional de atención al migrante de Guatemala) y hay que avanzar. Espero que nos juntemos, pero veo complicado que los colegas asistan», advierte.

Otros diputados estiman que no habrá quórum ni consensos para avanzar la elección en diciembre. Para Argueta, de UNE, la mayoría oficialista no elegirá hasta que logren cambiar la correlación de fuerzas en la Corte de Constitucionalidad, retirando a los magistrados incómodos o esperando a la nueva elección. «No van a elegir a quienes se les dé la gana hasta que puedan retirar a los incómodos que detienen su abuso», advierte. Agrega que, como estrategia para aplazar la elección, la mayoría oficialista insiste en elegir a voz viva, algo que duraría meses si no proponen otra metodología.  

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A esa línea se suma Villagrán, de Creo, quien considera que la poca disposición del oficialismo para discutir y generar una agenda mínima con la oposición entorpecerá el avance de una agenda en diciembre. Sin embargo, desde la oposición, Villagrán llama a estar alertas. «Hay que alarmarse si convocan a la tercera o cuarta semana de diciembre, porque podrían darnos una mala sorpresa», enfatiza.