Durante nueve meses el presidente de elPeriódico, que cumplió 66 años en agosto del 2022, ha permanecido en la bartolina #2, sección de aislados, del centro de detención Mariscal Zavala, con severas restricciones de visitas. Una de las muy pocas personas que tenía permitido visitarle —y que ha salido recientemente de Guatemala luego de que se abriera una investigación en su contra por «obstrucción a la justicia» a causa del apoyo que venía prestando a Zamora— cuenta que la bartolina # 2 es un cuartucho de dos metros por tres, muy húmedo y frío, con un reducido espacio de pared abierta para ventilación en lo alto de una de las paredes.
El reo Zamora tiene derecho a una hora de sol al día; y a dos visitas, de una hora cada una, los martes y los sábados solamente.
«Uno diría que la intención de las autoridades es que el señor Zamora se deprima y posiblemente se suicide», afirma una de nuestras fuentes.
Aun suponiendo que alguna de las acusaciones presentadas contra el presidente de elPeriódico de Guatemala en julio del año pasado –lavado de dinero, tráfico de influencias, chantaje— hubiera sido sustentada por medio de pruebas legítimas, la manera en que su caso está siendo procesado por las autoridades guatemaltecas resulta vergonzosamente inaceptable, y es digno de la atención de las más altas instancias –como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, la Cruz Roja Internacional, la Relatora Especial de libertad de expresión de la ONU, o incluso la Haya— por la manera en que representa la degradación sistemática de derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa— que se lleva a cabo actualmente en países con gobiernos tan corruptos como el de Guatemala.
El presidente de elPeriódico fue arrestado en su domicilio al final de la tarde del 29 de julio del 2022 con un lujo de fuerza poco común, como si de un criminal peligroso y violento se tratara. «No llamaron a la puerta, aunque tenían una orden de allanamiento legal», cuenta uno de los hijos de José Rubén Zamora. Más de una veintena de agentes de la Policía Nacional Civil, algunos de ellos transportados en vehículos sin identificación, penetraron por el techo, fuertemente armados, y ejecutaron la captura de un periodista que no representaba ningún peligro físico.
Según el Fiscal Especial que obtuvo la orden de allanamiento y aprehensión –un fiscal que ha sido sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir investigaciones sobre corrupción-- el motivo del arresto de José Rubén Zamora fue «la sospecha de lavado de dinero en su calidad de empresario». Según la opinión pública, el motivo real ha sido acallar a Zamora y elPeriódico (cuya versión impresa dejó de circular en noviembre del 2022) tras una serie de publicaciones en las que se ha tachado de varios actos de corrupción al presidente de la República de Guatemala y a funcionarios y personas allegadas a la cúpula de poder.
El caso contra el periodista-empresario se basa en las declaraciones de un solo testigo, «un empresario que a su vez ha sido procesado por cargos de corrupción», según la revista LATAM Journalism Review, citada en un informe de la Fundación Clooney para la Justicia, que ha anunciado que monitoreará el juicio contra Zamora, el cual principia el 2 de mayo, tras al menos cuatro audiencias plagadas de anomalías, según denuncias de los abogados del periodista.
La corte ha aceptado como buenas todas las pruebas acusatorias presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Fundación Contra el Terrorismo, un grupo radical que defiende a exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1963-1996) y que participa del acoso judicial contra operadores de justicia independientes; en contraposición, se han rechazado todos las pruebas de descargo presentadas por la defensa, lo que permite prever un juicio con nulas posibilidades de un fallo justo apegado a las leyes del país.
Entre julio del 2022 y marzo del 2023 el presidente de elPeriódico ha sido representado por tres equipos de abogados diferentes. El primero, dirigido por el licenciado Mario Castañeda, renunció a la defensa de Zamora durante la primera audiencia a principios de agosto del 2022. El motivo de la renuncia fue que el juez implicó a los abogados defensores de Zamora en el mismo caso, tras acusarlos de obstrucción a la justicia. Meses después, Castañeda fue apresado, trasladado a una cárcel de alta seguridad y forzado a aceptar cargos en su contra, en claro detrimento de su antiguo cliente. El segundo defensor de Zamora, un abogado de nacionalidad costarricense, colegiado en Guatemala a partir de su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG por sus siglas), renunció por presiones judiciales en su contra. El último, Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal anticorrupción del MP, fue detenido en abril, acusado de «conspiración para obstruir la justicia» en el mismo caso contra Zamora. Solórzano Foppa también ha sido blanco de acoso político, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibió su participación, como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala en las próximas elecciones, que tendrán lugar en junio del 2023.
El presidente de elPeriódico se encuentra hoy en día, a pocos días del inicio del juicio en su contra por lavado de dinero, sin abogado propio. Dependerá de la asignación de un abogado de la defensa pública penal.
De ser condenado por los cargos en su contra, Zamora, quien ha escrito durante décadas sobre las violaciones de los derechos humanos y la corrupción en Guatemala, podría ser condenado a 34 años de prisión –de acuerdo con el reporte de TrialWatch de la Fundación Clooney por la Justicia, en el que también se recuerda que los reportajes de Zamora han sido galardonados con múltiples premios internacionales, entre ellos el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.
Entre los fiscales y querellantes que han impulsado este caso, tres aparecen en la lista Engel, que recoge los nombres de personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia, y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos viene publicando a partir del 2022.
A partir del arresto de José Rubén Zamora, un juez ordenó abrir investigaciones penales contra la directora, un editor y cuatro reporteros que trabajaron para elPeriodico,el director del medio digital ConCriterio y un periodista de agencia Ocote. Además de periodistas, más de 35 exfiscales y exjueces independientes, que actuaron en casos contra la corrupción, así como activistas de derechos humanos, han sido acusados de diversos delitos y han tenido que salir al exilio en Estados Unidos y otros países. Este número podría ser mayor, según denuncias de organismos internacionales.
Todos somos José Rubén Zamora –se lee en los carteles y camisetas de periodistas que se han manifestado en las calles y plazas de Guatemala en apoyo del presidente de elPeriódico--. #NoNosCallarán.
El problema parece más profundo por la ausencia de un Estado de Derecho. Todas las cortes y muchos jueces han sido cooptados por una poderosa alianza política que controla el país con apoyo de militares, estructuras criminales y mafias empresariales incrustadas en el Estado.
Mientras no se combata la corrupción sistemática extrema, como en su momento lo hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), no parece probable que se pueda volver a confiar en el sistema de justicia guatemalteco. Tal vez, como ya ocurrió en 1944, los guatemaltecos vuelvan a verse compelidos a ejercer el derecho de resistencia a la opresión –un derecho que también es un deber, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre— «reconocido a los todos los pueblos frente a gobernantes que, teniendo un origen legítimo, han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, y que autoriza la desobediencia con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que gocen de legitimidad».
Firman:
- Daniel Alarcón,
- Jon Lee Anderson,
- Carmen Boullosa,
- Jennifer Clement,
- Junot Díaz,
- Carolyn Forché,
- Richard Ford,
- Rivka Galchen,
- Francisco Goldman,
- Rachel Eliza Griffiths,
- Yuri Herrera,
- Rachel Kushner,
- Catherine Lacey,
- Maaza Mengiste,
- Guadalupe Nettel,
- Viet Thanh Nguyen,
- Idra Novey,
- Michael Ondaatje,
- Sergio Ramírez,
- Salman Rushdie,
- Daniel Saldaña Paris,
- Colm Tóibín,
- Juan Villoro,
- Ayelet Waldman,
- Alejandro Zambra.
Con el fin de protegerles de posibles represalias en su contra, se omiten las firmas de varias personas guatemaltecas que suscribieron este documento. Sería consistente con las maniobras recientes de los fiscales guatemaltecos acusar también a los firmantes de «obstrucción a la justicia».
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