Durante estos meses de pandemia, las agendas han estado monopolizadas por el tema de la covid-19. Sin embargo, algunos temas han pesado más que otros e incluso hay muchos sobre los cuales no se ha debatido socialmente. La población lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) no ha sido objeto de muchas coberturas a pesar de que enfrenta obstáculos específicos en este contexto. Y, si así ha sido en los medios, en cuanto a asistencia y planes sociales la situación ha sido menos visible aún.
Los servicios de asistencia social se están entregando bajo concepciones que resultan siendo discriminatorias o que al menos intensifican sus vulnerabilidades. Por ejemplo, el programa de intervención para la asistencia económica temporal para personas y familias afectadas por el covid-19, que beneficiará a un millón de familias según los cálculos del Gobierno, ¿habrá tomado en cuenta en sus cálculos a las familias diversas?
Muchas personas de la población LGBTI trabajan en condiciones de informalidad y precariedad. Por lo tanto, no podrán acceder al fondo de protección del empleo, pues este se creó para proteger a las personas que están empleadas en el sector formal y fueron despedidas. ¿Tomará el Estado de Guatemala alguna medida específica para atender a la población transgénero desempleada o que ha tenido una reducción importante de sus ingresos en el sector informal (trabajo sexual, salones de belleza, ventas) por las restricciones impuestas a partir del estado de excepción y el toque de queda?
En otros casos, ¿qué pasará con las personas transgénero que sí reciban el bono familiar? ¿Se respetará su identidad de género cuando lleguen a los bancos a cobrar con un documento de identidad en el cual esta no se reconoce?
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En otra arista del mismo problema, los crímenes de odio o por prejuicio continúan, tal como lo evidenció el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) cuando denunció que hasta el 30 de abril se habían producido dos asesinatos: uno directo en Izabal y el otro, como consecuencia de lesiones graves con arma de fuego, en Amatitlán. ¿Estará aplicando el Ministerio Público el instructivo 5-2019, que instruye a la institución a que transversalice los enfoques de igualdad y de género para la atención de estos casos?
Los medios y algunas personas vinculadas a las instituciones se han referido al incremento de la violencia en el ámbito doméstico, aunque han enfatizado que esto no necesariamente se evidencia en la cantidad de denuncias. Sin embargo, poco se sabe de las acciones orientadas a la población LGBTI en este sentido. Lo sucedido a un joven gay que fue violentado por su familia al enterarse de su orientación sexual pone de manifiesto que no hay coordinación interinstitucional y que la respuesta del Estado frente a estos casos llega demasiado tarde. Si no hubiera intervenido el equipo de Visibles, la vida de este joven estaría en alto riesgo.
Si las autoridades tienen voluntad política de actuar para atender las necesidades de la población con vulnerabilidades específicas, no se trata de improvisar acciones en plena pandemia, sino más bien de seguir las que ya han recomendado las Naciones Unidas, como, por ejemplo, incluir a las personas LGBTI en los bonos de apoyo, sobre todo a las personas mayores y sin hogar, y que quienes toman las decisiones, así como figuras públicas, visibilicen el problema y hablen públicamente en contra de la estigmatización y del discurso de odio dirigido a las personas LGBTI en el contexto de la pandemia.
En cuanto al ámbito del sistema de seguridad y justicia, desde el 2019 el PDH le ha recomendado al MP que es momento de recordar cómo investigar los hechos indagando en los patrones de violencia de género y en los crímenes de odio, estar alerta ante posibles incrementos de violencia basada en género en el contexto de la pandemia, recabar datos relevantes sobre estos crímenes que posteriormente permitan generar políticas de prevención y considerar las recomendaciones sobre enfoque diferenciado basado en derechos.
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