¿Cuándo se jodió la ciudad de Guatemala?

La necesidad de planear, reordenar e institucionalizar el área metropolitana de la ciudad de Guatemala (AMCG) no es un tema nuevo. Eduardo Velásquez (CEUR, 2017) hace un recuento de al menos 14 instituciones y personas que han presentado propuestas durante los últimos 50 años. En contraste, los avances son patéticos. Del mismo modo, el proyecto de cartografía digital metropolitana (BM-Segeplán, 2015) y otros recursos disponibles dan cuenta de una problemática que está frente a nuestros ojos, pero que se diluye en los gemidos cotidianos por la seguridad, el tráfico, la peste a basura o la escasez de agua entubada.

¿Cuándo se jodió la ciudad de Guatemala? Es difícil buscar un punto de ruptura, pero el plan de desarrollo metropolitano EDOM 1972-2000 delineaba elementos de ordenamiento que pudieron haberse perdido por diversas causas como el impacto del terremoto de 1976 o la miopía de los gobiernos militares. Pero no perdamos de vista que la muerte de la planeación territorial sobrevino con el ideario neoliberal y el inicio del desmantelamiento del Estado, que coincidieron con el gobierno de Álvaro Arzú, durante el cual estaban dadas las condiciones para la creación de un distrito metropolitano. No olvidemos que el PAN tenía aplanadora en el Congreso y había ganado todas las alcaldías del departamento de Guatemala.

¿Por qué no se abordó la planeación del área metropolitana? Para tratar de responder conviene recordar que el ideario neoliberal incluye la descentralización, la desregulación y la privatización como ejes centrales. La descentralización, tal y como se concibió para Guatemala, dejaba múltiples funciones del Estado en los Gobiernos locales. Esto equivale a fragmentar la visión de los problemas y sus soluciones. En ese esquema no caben los planes ordenadores más allá del ámbito de cada municipio. Y, por favor, no me vengan con el discurso de las mancomunidades, que puede sonar poético, pero que no es más que un parche para un edificio enorme que se desmorona.

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Asimismo, un plan rector para la AMCG obligaba a tener una institucionalidad que habría colisionado con la visión neoliberal de un Estado mínimo, que no regula ni interviene en temas como el ordenamiento territorial, la protección de cuencas o la prohibición de actividades generadoras de riesgo. Pero en este caso es imposible no utilizar el sospechómetro [1], que me permite conjeturar sobre algo más: Álvaro Arzú tenía claro que quería regresar a la alcaldía al concluir su mandato presidencial, y no creo que hubiera querido rendir cuentas a una autoridad metropolitana ni apegarse a planes que no estuvieran bajo su control. Del mismo modo, no creo que Arzú hubiera querido compartir recursos de la ciudad de Guatemala con municipios pobres, precisamente donde vive el 75 % de las personas que trabajan en la ciudad de Guatemala.

Por supuesto que en mis conjeturas sobre Arzú y sus negocios familiares debo incorporar que el escenario de aumentar de forma progresiva la carga fiscal y transparentar las finanzas del Estado no estaba en sus planes. Eso habría sido un suicidio político, un pecado mortal ante las incultas élites chapinas. Desgraciadamente, otros alcaldes del departamento de Guatemala han mantenido posiciones similares, de modo que se han articulado en mancomunidades cuando conviene y han gobernado para la coyuntura.

Es justo reconocer el plan de ordenamiento territorial (POT) de la ciudad de Guatemala y algunos avances en la eficiencia municipal, como la introducción de servicios en zonas periféricas con altos niveles de pobreza. Todo eso está bien, pero no alcanza para la magnitud de los problemas metropolitanos: protección ambiental, seguridad, manejo de desechos sólidos, tratamiento de aguas, regulación de actividades generadoras de riesgo y un listado de temas pendientes que solo pueden ser abordados integralmente con un marco institucional que abarque entre 11 y 17 municipios.

Y, bueno, las malas noticias incluyen que en esta zona metropolitana siguen siendo invisibles los pueblos originarios, las personas que viven con discapacidad, las mujeres y los grupos con vulnerabilidades especiales. Porque gestionar una ciudad es mucho más que asfalto y arriates con florecitas. Somos alrededor de tres millones de personas en el área metropolitana que merecemos una política de Estado, planes de ordenamiento y planes de desarrollo financiados con impuestos, que, dicho sea de paso, son otro tema tabú.

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