Del discurso del odio al debate democrático

Una de las riquezas de la humanidad es su diversidad. Quizá la más grande es la de las ideas. Pero, a la vez, una de sus dificultades más trágicas es la incapacidad de valorar y aprender a convivir en la diversidad. Y prueba de ello son las guerras a lo largo de la historia, el racismo,  toda forma de odio, discriminación e intolerancia contra el distinto y la codicia por riqueza o poder político.

Ya en la Antigüedad la humanidad planteó la democracia como una respuesta política al odio y a la discriminación. Nuestra aspiración debe seguir siendo que las instituciones democráticas funcionen para garantizar la convivencia pacífica de ideas e intereses diversos. Esta aspiración democrática resulta urgente y crítica en temas particularmente conflictivos como el rol de las industrias extractivas, la tenencia y el uso de la tierra y del agua, el militarismo, la justicia transicional, el derecho internacional, la conformación de la matriz energética, la violencia y la inseguridad ciudadanas, la política fiscal y el rol del Estado en el desarrollo, en la equidad y en la eliminación de la pobreza, entre otros.

Las industrias extractivas destacan por el altísimo grado de conflictividad social que las rodea. La semana pasada, el Icefi e IBIS propusieron suspender el otorgamiento de licencias mineras y acertaron al respaldar esta propuesta con estudios técnicos en los que se identifican vacíos legales específicos y se promueve la consulta social para determinar el futuro de la minería y su regulación. Sin duda, esta propuesta generará oposición y rechazo entre los empresarios de la industria extractiva, pero la contundencia de los datos y las conclusiones del estudio deberían obligarlos a dialogar y buscar acuerdos.

Esto contrasta dramáticamente con la estupidez de quienes estén impulsando al supuesto grupo armado en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Esta acción ha generado una ola de columnas de opinión y declaraciones que pretenden generar temor, justificar la necesidad de volver a la militarización, para lo cual promueven el discurso de odio y la criminalización de la protesta social. Y es que nada venía mejor a estos intereses que el surgimiento de un grupo guerrillero que demostrase que quienes se oponen a la minería son terroristas peligrosos que deben ser erradicados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Guatemala debe abandonar el discurso del odio y reemplazarlo por el debate democrático y pacífico. En el tema de minería, el debate debe ser informado, con datos y estudios, tal como lo plantearon el Icefi e IBIS, y no conformando un grupito de payasos violentos para hacer creer que el movimiento social en Huehuetenango se ha convertido en una guerrilla. Hacer creer en el resurgimiento de un grupo guerrillero es muy irresponsable, y se debe rechazar la pretendida respuesta estatal de volver a militarizar la zona para proteger los intereses de las empresas extractivas o del sector energético y de criminalizar la protesta social legítima y pacífica.

Estas reflexiones son válidas y deberían aplicarse a todos los focos de conflictividad que aquejan a Guatemala. Por ello, el Gobierno tiene una responsabilidad inmensa de actuar con madurez política, de capturar a ese grupo violento y de poner a sus integrantes a disposición de la justicia, manteniéndose alejado de actuar al servicio de intereses.

Pero ante todo debe actuar con respeto absoluto de la protesta social pacífica y legítima, reconociéndola como uno de los pilares de toda democracia funcional. Debe asegurar los espacios de diálogo que coadyuven a mitigar los focos de conflictividad y movernos hacia la convivencia pacífica y democrática en la diversidad.