El mejor provecho que podemos sacar a estos dos infaustos eventos es, como ciudadanos, exigir la construcción de mecanismos que permitan institucionalizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. En ese sentido, hoy por hoy, en el Congreso de la República se libra una batalla para la aprobación de la «Ley de fortalecimiento de la institucionalidad para la transparencia y la calidad del gasto público» (iniciativa 4461). Dicha iniciativa contiene cambios en tres leyes importantes: la ley Orgánica del Presupuesto (LOP), la ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (LOSAT) y cambios en la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (LOCGC).
En el caso de la LOP, la aprobación permitiría instituir de una vez por todas normas de transparencia sobre la ejecución del presupuesto público que hoy se deben aprobar (y negociar) en cada presupuesto anual, entre las que se incluye un mayor control sobre los fideicomisos públicos, la utilización obligatoria para todas las instituciones del Estado, de los actuales sistemas financieros (SIAF, SNIP, entre otros). También se normaría la existencia de clasificadores temáticos para saber cuánto del presupuesto público se destina a niñez y adolescencia, juventud, equidad de género o al ámbito rural, por mencionar algunas ideas. Se mejora también la amplitud sobre el acceso ciudadano a la información pública. Adicionalmente, se ejercería un mayor control sobre los Consejos de Desarrollo (hoy una caja negra) y se aplicarían sanciones a funcionarios que incumplan estas normas. ¡No más deuda flotante e ilegal sin castigo!
Los cambios en la LOSAT, están orientados a fortalecer las facultades de la SAT para combatir el contrabando y la defraudación aduanera; crear unidades especializadas para supervisar, entre otras, a aquellas empresas u organizaciones que están exentas del pago de impuestos y que hoy, además de no pagar impuestos, no tienen ningún control sobre ellas. Finalmente, se institucionaliza la obligación de presentar planes de fiscalización y se da una mayor relevancia al cumplimiento de las metas de recaudación.
Con respecto a la LOCGC, los cambios lograrían que la Contraloría General de Cuentas ampliara su ámbito de competencia y tendría el mandato de controlar nuestros recursos públicos ubicados en manos de ONG, fideicomisos y contratistas, entre otros. ¡Los días de tranquilidad de los empresarios pícaros estarían llegando a su fin! Por otro lado, se fortalece la fiscalización de obras públicas, se obliga a hacer públicos los informes de esta entidad (hoy confidenciales) y, se estipula que no hay rebajas sobre las multas por resistirse a la acción fiscalizadora ¡Aló Registro General de la Propiedad!
No, esta iniciativa no es suficiente, pero es un paso en la dirección correcta hacia la transparencia y la puesta de límites a la arbitrariedad en la utilización de nuestros recursos y patrimonio público. Quedan pendientes otros temas como la probidad, las contrataciones del Estado, una ley para regular la infraestructura pública y el Servicio Civil.
Pero, vamos por partes. Hoy debemos exigir que se apruebe esta ley, y previamente que las Comisiones Extraordinaria de Transparencia y la de Legislación y Puntos Constitucionales den su dictamen favorable para pasar esta iniciativa al pleno. Hasta la fecha los diputados de la Comisión de Transparencia han firmado el dictamen favorable, pero sus colegas de Legislación y Puntos Constitucionales, todavía no lo hacen. A ellos, para puyarlos un poco, (Oliverio García, José Alejandro Arévalo, Manuel Barquín, Jorge Mario Barrios, Edgar Cristiani, Luis Fernández, Pedro Gálvez, José Gándara, Valentín Gramajo, Carlos López, Amílcar Pop, Juan José Porras, Delia Rivera y Mario Torres), toca preguntarles, cuándo van a firmar el dictamen favorable. Porque en este momento la obligación ante la negativa de acelerar la aprobación de esta ley, obligaría a preguntar: diputado, ¿es usted un corrupto?
¿Usted quiere un país distinto? ¡Involúcrese, infórmese y exija!
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