No todos somos mineros. Para comenzar, como sociedad, no hemos decidido si la explotación de minerales será parte del modelo de desarrollo. Tampoco se ha tomado en cuenta la decisión de quienes ya tienen en el patio toda la parafernalia minera. Es que aunque parezca extraño para quienes están acostumbrados a arrebatar y quedarse con todo, el desarrollo no es una imposición conseguida a fuerza de antimotines y discursos xenófobos. El desarrollo obliga a respetar el derecho de los pueblos a decidir libremente sobre su futuro y, muy importante, la plena soberanía sobre sus riquezas y sus recursos naturales. De hecho, la incapacidad de comprender esto es lo que ha convertido al sector minero en uno de los generadores de mayor conflicto social en el país. De las 1,534 denuncias registradas por conflictos ambientales en la Procuraduría de Derechos Humanos, cerca de 400 estaban relacionadas con contaminación por la minería a cielo abierto.
Ahora, sobre otras cuentas por hacer y el pago de impuestos. Primero, la explotación de minas y canteras, aunque con un crecimiento de más de 18%, entre 2010 y 2011, representó menos del 3% de la producción total de bienes y servicios del país. ¿Qué intereses económicos pueden haber detrás de la minería como para poner esta producción por encima de la gobernabilidad democrática y del 97% restante de la producción nacional? Lo único que puede explicar este fenómeno es que las utilidades de la actividad minera se concentran en pocas, pero muy poderosas manos (duras y de guantes blancos). Tan poderosas que son capaces de conseguir que sus conflictos privados se diriman, no respetando la voz colectiva, ni conforme a derecho, sino por medio del ministro de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el ejército, quienes, dicho sea de paso, son pagados con los impuestos de todos aunque parezca que les paga otro. ¿Será esto acaso otro privilegio fiscal para el sector?
De los Q7,295.3 millones que en 2011 produjo la actividad minera, según el Ministerio de Energía y Minas, el 65.4% fue por producción de oro; otro 32% por plata y el resto por otros minerales. Desafortunadamente, estas estadísticas aunque oficiales son provistas por los mismos productores, pues al Estado lo han (y lo hemos) hecho incapaz de realizar dichos cálculos. Actúa aquí la buena fe y la honorabilidad, pero que conste que, con estos datos privados-oficiales, se efectúa el cálculo de impuestos.
Sobre el pago de impuestos. ¡Hagamos cuentas, pues! Según cifras de la Administración Tributaria, del Banco de Guatemala y del Sistema de Contabilidad Integrada Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, en 2012, el sector minería reportó un pago de impuestos por Q646.9 millones. Pero, espéreme un monto, porque a eso le tenemos que descontar Q70.1 millones por pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a terceros (trabajadores y proveedores, especialmente) y Q93.7 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado que se les devolverá, porque la actividad está exenta.
Entonces, el pago neto de impuestos baja a Q483.1 millones, divididos en: Q237.5 millones por ISR; Q143.7 millones por Timbres Fiscales y Papel Sellado (pago relacionado con la distribución de dividendos); Q95.7 millones por concepto de regalías, obligatorias y voluntarias; y, finalmente, otros Q6.3 millones por otros impuestos. ¡Esto representa tan sólo el 1.1% de la recaudación total de impuestos! Mi intuición económica me dice que gastan más en propaganda, para tapar la ingobernabilidad que han creado, de que lo que aportan en impuestos para el bienestar de las personas.
Lo que sin lugar a dudas sucede, es que en términos relativos a lo que producen, el sector minero paga menos impuestos que el resto de la economía. Es que la carga tributaria relativa del sector fue de 5.7% y recuerde usted que la carga tributaria relativa del país fue en ese año 10.9%.
Otros datos interesantes. Con base en estimaciones de organismos internacionales, el pago de impuestos de la actividad minera en Guatemala representa el 12.2% de la renta minera, es decir de la utilidad una vez descontados los costos y gastos; en Perú, este monto sube a 27.4%, mientras en Chile, Colombia y Bolivia es de 35.7, 37.1 y 57.7%, respectivamente. El reparto de las ganancias en estos países es bastante más generoso. Puede ser que por la presión social y los mecanismos legales para asegurar la honradez, quienes gobiernan el Estado en estos países, no lo hacen pasar por un socio tonto.
Bueno, por todo lo anterior, reitero lo dicho: no todos somos mineros y no me cuadra el tal 40% en el pago de impuestos. ¿Publicidad engañosa? Júzguelo usted mismo.
Más de este autor