Violencia obstétrica, el enemigo invisible dentro del sistema de salud

—Ella no puede pasar.                    

Victoria miró a Rebeca con ojos suplicantes. Después a la enfermera, que movía las manos apremiante. Luego bajó la vista hacia su vientre y volvió a sentir la punzada de dolor.

—Apúrese, entre, no tenemos todo el día. No, ella se queda fuera. Usted se queda fuera—repitió la enfermera dirigiéndose ahora hacia Rebeca y separándola de Victoria.

Rebeca protestó.

—Yo sé cómo está ella, conozco su dilatación, cómo viene el niño…

—¿Y quién es usted? —dijo la enfermera.

—Soy su comadrona.

—Ay, dios… pensé que era la mamá. Aquí no tiene nada que hacer. Hágame el favor de salir.

—Pero yo tengo que entrar con ella.

—Le digo que no.

Victoria entró temblando a la sala de espera. Eran las 9 de la noche del 15 de diciembre de 2015 y llevaba desde las 2 de la tarde con dolores de parto. Poco antes, en su casa, paseaba de una esquina a otra mientras recordaba el nacimiento de su segunda hija, un año antes. La niña llegó con complicaciones y tuvieron que correr al hospital para evitar problemas mayores. Ahora, Victoria juntaba sus manos y pedía que su tercer hijo llegara bien, que Rebeca le ayudara a sacarlo y que no tuviera que ir al hospital.

Pero de nuevo, no fue así. Llevaba días con dificultades y dolores para orinar y ante una posible infección y para evitar riesgos, Rebeca la condujo otra vez al Hospital de Joyabaj, en Quiché. Comenzaba la segunda experiencia en la que Victoria volvía a ser víctima de violencia obstétrica.

“Aguántese el dolor. Muy chillona, usted”

El niño empujaba la pelvis de Victoria, listo para salir. Las enfermeras del hospital le repetían que permaneciera sentada en una sala saturada, donde sus compañeros de espera evitaban el contacto visual con ella, preocupados de sus propios males. “No me aguanto”, dijo finalmente la mujer. Fue ahí cuando una enfermera se la llevó a una sala aparte para atenderla.

Victoria perdió la cuenta de los tactos que le hicieron para comprobar su dilatación. Sólo recuerda el dolor. Acostumbrada al trato cuidadoso de Rebeca unas horas antes, la mano fría y la brusquedad de la doctora que llegaba a palparla, le provocaba unos escalofríos que le recorrían la columna de abajo hacia arriba. “Falta, todavía falta”, repetía la doctora, mientras se alejaba. Acostada, Victoria temía cada contracción que llegaba, acompañada de un grito ahogado por las enfermeras que se encontraban a unos metros de distancia, que sin levantar la vista le alegaban: “Muy chillona, usted”.

El bebé nació pocos minutos después, de parto natural. La doctora que le atendió le practicó una episiotomía que hoy, más de medio año después, todavía le causa dolores. Victoria apenas pudo descansar en el hospital. Pocas horas después de que naciera el bebé, la enviaron de regreso a casa. En la puerta del hospital, su esposo la esperaba para acompañarla.

***

Rebeca Larios, la comadrona que atendió el parto antes de llevar a la mujer al hospital, no se sorprendió de la atención y el trato recibidos. Como la de Victoria le vienen a la mente decenas de historias de pacientes que sufrieron malos tratos por parte del personal de salud. Los relatos copan las conversaciones que Rebeca mantiene con comadronas de otras regiones. Muy pocas llaman la llaman por su nombre: violencia, pero todas son conscientes de que existe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció por primera vez acerca de la violencia obstétrica en una declaración realizada en octubre de 2014. La OMS señaló y denunció entonces el trato irrespetuoso y ofensivo que se da hacia las mujeres en la atención durante el embarazo, parto y puerperio (el postparto, período entre cinco y seis semanas después del parto).  

Esta violación de derechos de las mujeres, como la definen expertos consultados, va desde la falta de información de las decisiones que se están tomando o se tomarán sobre el cuerpo de una mujer, hasta las intervenciones médicas no justificadas. El maltrato, el trato paternalista y el abuso de medicación también entran dentro de la definición de violencia obstétrica.

Según Erick Rousselin, médico obstetra coordinador del área de Salud en Ciclo de Vida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/OMS en Guatemala, las malas prácticas que van desde el embarazo al postparto (y que se consideran un tipo de violencia de género), “se dan por parte del personal médico y paramédico”. “Interviene mucha gente. Desde cómo te reciben en el hospital a cómo te despiden cuando te vas. Desde cómo se te pasa de la camilla a la cama, de la cama a la camilla y de la camilla al quirófano”, añade.

Marta Julia Ruiz, médica general y consultora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), recuerda que esta violencia de género por parte del Sistema de Salud también se da fuera de la obstetricia, en la violencia ginecológica. “Obviamente, pasa también en cualquier otro período por el que pasan las mujeres”, señala. “Por ejemplo, cuando en la consulta ginecológica se les practica la prueba del papanicolau. A muchas mujeres les resulta doloroso, pero ya está naturalizado que es algo molesto”.

El problema, comparten médicos especialistas y analistas, es la normalización de estas prácticas. “Se ha naturalizado tanto, que uno no lo ve. No se ve que es el sistema”, asegura Lourdes Coy, coordinadora de proyectos de la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (Codefem). “No habíamos puesto la lupa sobre este tema. Así funciona el sistema, así que es lo normal, decíamos”.

“Le vamos a hacer cesárea, oiga”

Como tantas otras mujeres que dan a luz en los centros de salud públicos de Guatemala, Victoria se encontró sola durante todo el parto. Las consecuencias de esta falta de acompañamiento son terribles, señalan las organizaciones que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Todas reiteran la necesidad de cortar de raíz esta práctica.

Lourdes Coy recuerda que esta soledad con la que las mujeres afrontan una situación tan compleja, les impide tomar buenas decisiones y ser conscientes de los casos de violencia obstétrica que se puedan estar dando.

El doctor Rousselin explica que “ellas entran en un momento muy vulnerable: tienen sus dolores de parto, sus preocupaciones porque dejaron a  otros dos hijos en casa, su emoción porque va a nacer su bebé….Todo lo que puede pasar a su alrededor puede ser una violación a sus derechos, puede ser violencia obstétrica”.

La OPS redactó en 2011 las “Guías para el continuo de atención de la mujer y el recién nacido”. En las mismas realiza una serie de recomendaciones para el trato a las mujeres parturientas. Una de las mismas, tiene que ver con las cesáreas, que tanto la OPS como la OMS recomiendan que representen, como máximo, el 15 por ciento de los partos, algo que en Guatemala no está sucediendo.

Plaza Pública solicitó a la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la cifra de cesáreas y partos naturales atendidos de 2005 a la fecha. Sin embargo, y a pesar de que la UIP demandó una prórroga para entregar la información, los datos no habían sido entregados. En la resolución se excusan y alegan que “no todas las variables solicitadas (…) se encuentran disponibles en el sistema”. El departamento de comunicación del MSPAS facilitó el dato de cesáreas en algunos establecimientos de salud de Guatemala, pero en la información no se especificó el número de partos naturales de cada centro para realizar la comparación*.

Según información que maneja la OPS, las cifras en el sector privado son aun mayores que la del sistema público. Actualmente, las cesáreas superan el 90% de los partos. Los motivos por los que esto sucede van desde la comodidad de los médicos, a la falta de tiempo para esperar el parto natural, pasando por el factor económico.

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Claudia Camel, médica obstetra, asegura que “a nivel privado hemos hecho cesáreas innecesarias, porque las mujeres quieren que el bebé nazca hoy y no mañana, y el proveedor de salud se presta porque le genera recursos”. En otras ocasiones, la programación de la fecha de cesárea tiene que ver con que la pareja de la parturienta pueda llegar a tiempo a ver el nacimiento de su hijo, relata Camel. “Si la paciente está informada y lo decide, está bien, pero cuando no está informada se comienza a violentar su decisión, porque la cesárea supone un riesgo mayor que el parto natural”, añade.

Bernarda Méndez, consultora de salud materno neonatal y salud reproductiva de la OPS/OMS, explica que una de las consecuencias de esta práctica es que está aumentando la cifra de niños prematuros. “La OMS dice que las mujeres deberíamos tener 39 semanas de embarazo para programar una cesárea, pero esto no se está haciendo. Las cesáreas se programan mucho antes”.

Otra de las recomendaciones de la OPS tiene que ver con suprimir las episiotomías (un corte en el periné que hasta ahora se realizaba rutinariamente para evitar el desgarro de los tejidos durante la expulsión del bebé). Camel recuerda que “tanto las episiotomías como las cesáreas pueden llevar a hemorragias e infecciones. Además, el corte que se realiza en la vagina puede causar dolores posteriores durante las relaciones sexuales, si existe una mala cicatrización”.

Roberto Molina, encargado de mortalidad materna, vigilancia epidemiológica, violaciones sexuales y embarazos en menores de 14 años del MSPAS explica que anteriormente “la episiotomía se había tomado como regla para aplicar a todas las mamás”. “Ahora, si hay que hacerlo, se le dice a la mamá, se le explica la razón del corte, y si está de acuerdo se hace. Igual con las cesáreas”, asegura.

—¿Siempre se explican las consecuencias? —se le consulta.

—Ah, por supuesto que se le explican las consecuencias. —responde.

Las cifras que maneja el MSPAS indican que a pesar de que la práctica de episiotomías ha disminuido, varios centros de salud continúan realizándola en muchos de los partos, y según organizaciones que monitorean este tipo de procesos, las mujeres no suelen ser advertidas de las consecuencias.

Según los datos del Ministerio, del 1 de enero al 21 de mayo de este año ya se habían realizado 5,392 episiotomías en diferentes hospitales del país. La tendencia es similar a años anteriores. Si continúa, podría finalizarse 2016 con hasta 13,352 episiotomías practicadas.

De nuevo, no se no se pudo hacer una comparación general con el número de partos totales, ya que el MSPAS no facilitó los datos de episiotomías de todos los establecimientos de salud pública de Guatemala. Sin embargo, sí se puede analizar la práctica en algunos hospitales. Por ejemplo, el Hospital Regional de Escuintla atendió 5,229 partos en 2015. De esos, en 1,417 (el 27.1%) se realizó una episiotomía. La práctica se hizo en 1,282 de los 2,078 partos (el 61.7%) del Hospital Nacional de Cobán, y en 970 de los 2,778 (el 34.9%) del Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango. La recomendación de los expertos es que el porcentaje de intervenciones se reduzca a casos únicamente necesarios. En la práctica, se ha probado que las episiotomías no siempre evitan que se produzcan desgarros.

“Nadie te dice el riesgo de las intervenciones quirúrgicas, que son una de las principales causas de mortalidad materna”, lamenta Bernarda Méndez. De las 312 muertes maternas registradas en el MSPAS durante el 2015, 122 se debieron a hemorragias e infecciones que se dieron durante y después del parto.

“Yo soy el doctor, yo soy el que sabe”

“La violencia no se identifica como tal, porque no hay golpes”, comenta Lourdes Coy. “Si no hay algo visible que demuestre violencia física, ya no se tipifica como tal. Es un problema de violación de derechos humanos contra la mujer, que todas hemos sufrido”.

Hace dos años, cuando Lourdes tenía 29 años y 38 semanas de embarazo, acudió al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Pamplona, donde la recibieron con brusquedad y le dijeron que esperara su turno. “Una entiende que están saturados, que los médicos manejan grandes niveles de estrés, pero un mínimo de buen trato… se agradece”, comenta.

“Todo el embarazo estaba normal, no había tenido retención de placenta, nada. Al llegar al IGSS me hicieron hasta cuatro tactos, y empecé a sangrar. Yo decidí que no me iba a quedar ahí. Me dijeron que me iban a inducir los dolores del parto. Yo no quería, y en ese mismo momento decidí irme a un hospital privado”, continúa.

En el sector privado no le fue mejor. Al ingresar, la instalaron en una habitación, donde pasó una noche eterna con un fuerte dolor. “Al día siguiente, y sin explicarme el motivo, me metieron en quirófano y me practicaron una cesárea. Después de todo el dolor, me hicieron una cesárea”, repite, incrédula. Como consecuencia de la intervención, Lourdes sufrió una hemorragia y comenzó a desangrarse en la sala de partos. Finalmente, los doctores pudieron controlar el problema.

“A mi me generó un trauma. Fue muy peligroso y no quiero pasar de nuevo por eso”, cuenta ahora. “Me sentía vulnerable. Ellos se apropian de tu cuerpo, porque los que saben son ellos. Te dicen: ‘Yo soy el doctor, yo soy el que sabe’. El conocimiento de los médicos tiene preeminencia sobre las necesidad y decisiones de la mujer”.

Rousselin, de la OPS/OMS añade que “el personal utiliza maniobras médicas, con nombre y todo, pero la manera en la que se hacen, no es la más apropiada”. “Yo como doctor puedo decir a una paciente: ‘Mira, tu bebito no sale, se está asfixiando. Voy a hacerte una presión en el abdomen para que salga’ (lo que se conoce como maniobra de Kristeller) Y la paciente, claro, da permiso”. Lo que rara vez dicen a las mujeres, añade Rousselin, es que esa presión, totalmente desaconsejada, puede ocasionar lesiones uterinas, que van de lesiones muy leves a la ruptura completa del útero. Según el MSPAS, en 2015 se produjeron 15 muertes maternas por esta causa. “La información es la base para conocer una mala práctica, y para poder señalarla”, concluye el doctor.

Bernarda Méndez, ratifica estas palabras. “Todas hemos sufrido en algún momento violencia obstétrica, independientemente de nuestro nivel. Yo soy médica, y también la he sufrido”, comenta. “Las mujeres deben poder ir evidenciando cosas que parecen tan normales, que no se ven… Porque es así, no se están viendo”.

“La violencia no sólo es física, es psicológica y también patrimonial”, señala Héctor Fong, ginecólogo obstetra y exdirector del Hospital General San Juan de Dios.  “Hay un tipo de violencia que probablemente nosotros no percibimos porque la paciente no nos lo dice, porque no quiere o porque cree que se va a usar en su contra”.

Fong asegura que el personal médico y paramédico y las organizaciones sociales son conscientes de que muchas mujeres, después de su parto, se quejan de la atención recibida. “La gente no deja de tener quejas, desde pronunciamientos fuera de la ética del equipo que la atendió, hasta la conducta de las personas… pero en términos generales, esto no se registra”. El médico realiza actualmente una investigación que inició a finales de 2015 con el equipo de posgrado del Hospital General, con el fin de documentar casos de violencia obstétrica. En estos momentos se encuentran en la fase de recopilación de datos, y esperan tener resultados a inicios de 2017.

“Si no hay una divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, no se puede hacer nada”, concluye Rousselin. “Las mujeres deben saber que tienen derecho a que las llamen por su nombre, a embarazarse o no, a que su pareja les acompañe…Deben saber que no les están haciendo un favor, que pueden decidir sobre su cuerpo, que pueden exigir un parto normal. Y deben hablar todo esto con la persona encargada”.

***

La falta de conocimiento e información se traduce en ausencia de acciones legales. Se solicitó a la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio Público (MP) el listado de denuncias planteadas en los últimos cinco años por violencia obstétrica y por negligencia médica. Sin embargo, la UIP indicó que “en la base de datos no se cuenta con ningún dato referente a ese tema”.

Asimismo, se pidió por escrito al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala (Colmedegua) el reporte de denuncias y quejas presentadas en la institución contra personal médico o establecimientos de salud, relacionadas con violencia obstétrica, iatrogenia (actos médicos dañinos), atención irrespetuosa, maltrato y falta de respeto, registradas de enero de 2005 a la fecha.

La Unidad de Comunicación de la institución explicó que la Junta Directiva conocería la petición y emitiría una respuesta conforme a si aceptaba o no entregar la información. Sin embargo, cinco semanas después de presentar la solicitud, el Colmedegua no se pronunció al respecto ni facilitó ningún dato sobre quejas o denuncias. Plaza Pública también pidió una entrevista con el presidente de la institución, Arturo Adolfo Quevedo Girón, pero tampoco obtuvo respuesta. 

En el MSPAS tampoco hay registro de denuncias. Edgar Arana, vocero de la cartera, aseguró que realizó la consulta en el departamento jurídico de la institución, donde le indicaron que no tenían registradas quejas relacionadas con el tema.

Según el doctor Roberto Molina, el Ministerio comenzó a realizar un monitoreo en algunos hospitales a finales de abril de este año. Facilitadores del Programa Nacional de Salud Reproductiva acudieron a los establecimientos de salud de Escuintla, Tiquisate y Sololá para identificar anomalías en el trato a las pacientes y para consultar a las mujeres acerca de la atención recibida. Posteriormente trabajarán en los centros de Cobán, Salamá y El Progreso.

—Siempre hay más de algún problema—explica Molina. —Por lo general es por la saturación de los servicios. Ahora, quejas de las pacientes, ninguna. Que haya maltrato por parte de alguien a alguna mamá… a la fecha no hay ninguna queja por esta situación.

—Y esta falta de quejas, ¿se deberá a que no existió ningún incidente, o a la falta de información de las mujeres?

—Quizás hubo algún incidente, pero ninguno significativo.

—¿Puede ser que las pacientes hayan normalizado algunas prácticas?

—Pudiese ser.—concluye.

“Córrase, mamita , que detrás de usted vienen otras dos”

La semana pasada, el Hospital Nacional de Baja Verapaz fue el escenario del último caso (mediatizado) de violencia obstétrica. Virginia Griselda Pua Lem, una adolescente de 16 años, llegó al centro de salud con dolores de parto a las 8 de la mañana del 4 de junio, después de un viaje de más de 40 kilómetros desde la aldea de Mocuán, municipio de Purulhá. Juana Xol, la suegra de la joven, quien la acompañaba, relató a Prensa Libre que Otto Rolando Estrada Pérez, el médico que las atendió, se dirigió a la menor de manera irrespetuosa, le indicó que “aún le faltaba” para dar a luz y le pidió que saliera a caminar por los alrededores del centro hasta el mediodía.

Pero Virginia no aguantó mucho más. “Mi nuera tenía mucho dolor y a pesar que le suplicamos al doctor, no nos atendió”, explicó Xol. “A las 11 ella me dijo que ya no aguantaba. La dejé un rato y fui avisarle al doctor. Al regresar vi a Virginia con su niño en el suelo y gritando”. Marta Molina Sosa, directora del hospital, achacó el caso a la “falta de comunicación entre médico y paciente” y aseguró que verían cómo mejorar el reducido espacio del centro.

Dos días después de que se hiciera público el caso de Virginia, el MSPAS emitió un comunicado titulado “Médico no siguió el protocolo y será removido”. “La comisión Especial nombrada por el Viceministerio de Hospitales sostuvo entrevistas con el personal del centro hospitalario, con la joven, sus familiares y diversas entidades locales, en las cuales comprobó la falta de atención de calidad a la paciente y recibió múltiples quejas de la conducta del doctor Estrada Pérez”, se indica en el documento. Según la cartera, el viceministerio “de inmediato giró instrucciones para que se iniciara el proceso administrativo de despido”.

“En Guatemala, estamos un paso atrás. Todavía estamos viendo cómo las mujeres pueden acceder a tener los insumos necesarios para atender sus emergencias obstétricas”. Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), trata de explicar por qué este tipo de violencia es más complicada de asistir en un país como Guatemala: “Bajo este sistema de desfinanciamiento estamos un paso atrás de reconocer los derechos sexuales y reproductivos”. Montenegro añade que las mujeres deberían saber qué tienen que esperar de un servicio, pero lamenta que tampoco exista un marco de comparación en los servicios privados. “Aunque estés pagando, no te tratan mejor”, concluye.

El doctor Héctor Fong remarca que, a su criterio, existen tres factores que fomentan la violencia obstétrica. El primero, el personal que atiende a las personas, que la ejerce. El segundo, el propio sistema, que la normaliza. Y el tercero, el Estado, que la favorece al permitir que exista desfinanciamiento en los hospitales públicos. Esta falta de fondos ocasiona, por ejemplo, que las mujeres no puedan estar acompañadas en el proceso del parto, o que las pacientes permanezcan hospitalizadas tan poco tiempo.

“Lo ideal es que se quedaran 72 horas, sobre todo cuando son primigestas (es decir, que están en su primer embarazo)”, indica Rousselin, de la OPS. “Pero lo máximo que se queda una mujer es 24 horas, porque detrás de ella vienen otras dos mujeres que están esperando su cama. Y cuando son multíparas (que ya han tenido hijos anteriormente) a las seis u ocho horas, ya van para afuera”, lamenta. “No es un médico el que las está sacando, es el mismo sistema”, remarca el doctor.

En una entrevista conjunta con Arana, Molina y Alejandra Estrada, coordinadora de la Unidad de Género en Salud del MSPAS, los tres expertos explican los motivos por los que esto ocurre en Guatemala. Arana resume los problemas en una frase: “El sistema hospitalario está atendiendo sobredemanda”. “Somos conscientes de que obviamente estamos rebasados, y eso hay que tomarlo en cuenta al analizar este tipo de temas”, añade.

“Tendríamos que empezar de cero para que esto mejore”, remarca Estrada. La Unidad de Género en Salud presentó en febrero de este año una iniciativa en la que expone la importancia de incorporar la figura del acompañante durante el parto, para fortalecer la denominada “nueva masculinidad” (un concepto que busca hacer real la equidad de género en el cuidado y educación de los hijos). “Es una medida a largo plazo, hay que irlo haciendo real paulatinamente. Hay que tomar en cuenta muchos factores. La propia estructura del ministerio es una barrera”, indica. La iniciativa se encuentra actualmente en el Departamento de Regulación de Atención a las Personas, pendiente de su aprobación.

—Desde hace mucho tiempo el Ministerio trata de sensibilizar al recurso humano, no sólo al personal que trabaja en la obstetricia, sino en general. A todos. —remarca Roberto Molina.

—Pero es consciente de que no todo el personal médico trata bien a las pacientes…

—Es un proceso lento, —reitera Edgar Arana.

“La violencia obstétrica, como tal, no existe”

La frase es repetida una y otra vez por el doctor Roberto Molina en las instalaciones del Ministerio de Salud: “Como tal, en mi país no hay nada de violencia obstétrica o que defina actuaciones en cuanto a violencia obstétrica. No hay ninguna ley, protocolo o libro”.

Las organizaciones que trabajan los derechos sexuales y reproductivos, mencionan únicamente dos normas: la Ley para la maternidad saludable y la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Sin embargo, en ninguna de las dos se ha tipificado el término de “violencia obstétrica”.

En la primera de ellas, se contemplan algunos aspectos como el hecho de que la mujer puede elegir la posición para la atención del parto (vertical, horizontal, sentada…). También se menciona la creación de una Comisión Multisectorial para la Maternidad Saludable, pero ésta únicamente tiene la obligación de realizar un monitoreo y evaluación de la estrategia de reducción de muerte materna. En ningún momento se habla de agresiones físicas o verbales dentro del Sistema de Salud. La Ley de Femicidio tampoco menciona este tipo de violencia con relación a la obstetricia. 

Cuando se le consulta a Roberto Molina y a Alejandra Estrada acerca de la posibilidad de que el Ministerio de Salud trabaje una iniciativa de ley contra la violencia obstétrica para que el Organismo Ejecutivo pueda presentarla, ambos descartan la posibilidad y reiteran la falta de quejas de las pacientes.

—Ya existe una norma (el Manual de Normas de Atención en Salud Integral) —zanja Estrada. —Es el procedimiento que el personal de los hospitales debe seguir para atender a la paciente con calidad y calidez.

—Pero esta norma no legitima a una paciente a denunciar.

—Bueno, de hecho han existido denuncias en las que se toman medidas administrativas—continúa Molina.

—¿Relacionadas con la atención obstétrica?

—Tengo en mente una paciente en maternidad que se quejó que el doctor le dijo “Mové tu culito, mija”. Eso fue lo que le dijo. El punto fue administrativo, se le puso una llamada de atención en su expediente. Pero estoy hablando de que fue algo que pasó hace 12 o 15 años —dice Molina.

El doctor arguye que además existe el Código de Ética del Colegio de Médicos de Guatemala. “Se supone que todos lo deberíamos tomar en cuenta, y yo digo que sí se hace”.

***

En el Congreso de la República, una iniciativa de ley para tipificar el delito de violencia obstétrica comienza a tomar forma. La bancada Convergencia empezó a planificar en abril de este año los pasos a seguir para introducir el debate en el hemiciclo parlamentario.

 “Hay una mirada de la problemática”, explica la diputada Sandra Morán. “Estamos partiendo de quiénes son los que sufren el problema y quiénes los que interfieren en el problema”. A partir de esto, indica, analizarán el camino a seguir: realizar una reforma a la Ley de Femicidio o la Ley de Maternidad Saludable, o plantear una ley específica.

En los dos primeros meses de trabajo, la bancada se reunió con organizaciones de comadronas, parteras y ginecólogas para conocer la situación y examinarla conjuntamente. Morán explica la necesidad de estas conversaciones para contar con diferentes cosmovisiones y no plantear la iniciativa que surja únicamente de la ciudad. “Debemos tener cuidado a la hora de formular la ley, para no victimizar a nadie. Aquí vamos a estar tipificando un delito, y las primeras que se pueden ver afectadas son las comadronas, no los médicos de la zona 10. Porque la sociedad de este país es así”. En estas charlas con agrupaciones, asegura la diputada, “siempre surgen muchas voces diferentes que dicen: ‘a mi también me ha pasado esto’. Porque todas sufrimos esta violencia, a veces sin ser conscientes”.

Morán remarca la necesidad de tipificar el delito, que marcaría un precedente en Centroamérica y devolvería los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres guatemaltecas. “A estas alturas, o toman decisiones sobre vos, o no te dejan tomar decisiones a vos”, recuerda Morán. “El punto aquí es el derecho a tomar decisiones sobre tu cuerpo. Es un derecho en disputa. Entre el mundo entero y vos”. 

 

 

*Nota de edición: a las 9.40am, tres horas después de publicada esta nota, se verificó que había un un error de edición relativo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud. El párrafo fue cambiado. Ofrecemos disculpas a la fuente y a los lectores.