El estudio de PISA-D, realizado en 2018, reporta sobre los jóvenes entre 14 y 16 años de edad en la escuela y sobre aquellos que han tenido que abandonarla. El medio recoge los hallazgos. Resumiendo: aunque cada vez más gente entra al sistema educativo, una gran proporción no aprende lo básico. Tras nueve años en la escuela, no sabe leer lo mínimo necesario para la vida y para el empleo ni domina las matemáticas indispensables. Una fracción considerable abandona la escuela sin terminar. Y aun los mejor desempeñados no lo hacen bien en comparación con sus pares globales. La razón principal es la pobreza: pobreza de las familias, que hace que la educación compita con la necesidad inmediata de contribuir a la economía familiar, y pobreza del Estado, que no invierte suficiente por estudiante para conformar un sistema educativo eficaz.
Lo demás viene por cascada y se agrava con la pandemia: docentes sin formación, apoyo ni acompañamiento necesarios; carencia de textos, guías, contenido en línea y conectividad; infraestructura y ambientes escolares inadecuados para el aprendizaje y humanamente indignos; hambre que no deja poner atención en clase; desigualdad que se profundiza entre campo y ciudad y entre indígenas y mestizos.
Que la situación educativa en Guatemala es grave no es novedad. Hace seis años, justamente con motivo de que Guatemala entraba a PISA-D, escribí una nota aquí mismo. Detallaba lo que hallaría el estudio: saldríamos mal; les iría peor a los más pobres, a los que abandonaban la escuela, a los que debían trabajar y en escuelas sin recursos. Y señalaba lo que debíamos hacer: valorar las oportunidades educativas para todos por igual, poner más recursos en las escuelas más necesitadas e involucrar directamente a padres y madres en el logro estudiantil. ¿Clarividencia de mi aguda mente analítica? Seguramente no. Simplemente ¡ya sabíamos todo eso! Incluso lo apuntaba el diseño del estudio. Lo que PISA-D hizo fue darnos precisión. En tiempos de pandemia recurrimos a símiles médicos: hoy no solo sabemos que el paciente está enfermo, sino que sabemos con detalle qué le aqueja, dónde le duele, por qué y hasta cuál es el tratamiento necesario.
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Pero eso exige responder la segunda pregunta que insinuó el programa en la radio. Si sabemos cuál es el problema y qué hay que hacer, ¿por qué no mejoran nuestros resultados? La respuesta obvia es porque no lo estamos haciendo. El contraste es notorio. La educación necesita mucho más dinero, pero se gasta en el Ejército y se escatima el presupuesto de aquel sector. Y se rechazan siempre los impuestos a los más ricos. La educación necesita atender prioritariamente y con mucho énfasis a los más necesitados. Pero concentramos todo —programas, políticas, escuelas y docentes— en comunidades urbanas y con mayores ingresos. La educación exige docentes bien formados y administrados según necesidades de la población y del Mineduc. Pero el Gobierno alcahuetea al liderazgo sindical, que manipula a sus propios afiliados, vendidos como votos al mejor postor, sea este candidato a alcalde, diputado distrital o presidente. Necesitamos ampliar la cobertura de servicios, especialmente en secundaria, pero, aun sabiendo que solo crecerá en manos públicas, insistimos en pedir colegios privados, sin capacidad ni incentivos para hacerlo y encima ¡impagables!
Sin embargo, el verdadero reto es reconocer la respuesta indirecta, ya que lo visto en educación no es sino otra manifestación del Estado perverso —generosamente llamado República de Guatemala—, su expresión en este sector particular de política pública. El pacto de corruptos, ese combinado dinámico de intereses de oligarquía, corrupción política y burocrática, estamentos militares y hasta Iglesias y crimen organizado, no afecta solo al sistema de justicia. Se rebalsa en toda política pública, incluyendo educación. Véalo en acción: debiendo las autoridades educativas priorizar el abordaje de los temas señalados por PISA-D, su primera apuesta fue montar un seguro escolar duplicativo, inefectivo y caro, un compromiso político inservible. Debiendo declarar la educación como urgencia nacional, gasta la Presidencia recursos persiguiendo con violencia a sus críticos. Debiendo los congresistas legislar a favor de la conectividad a internet para los más pobres, juntos se apuran a regalar otra vez la telefonía celular. Y juntos construyen un muro, no de prosperidad (qué grandísimo absurdo), sino de impunidad. La evidencia, también en educación, describe a un Estado que ya existe solo para depredar y ser depredado.
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