El Gobierno ya enfrenta una nueva crisis política cuando apenas ha transcurrido la tercera parte del actual período presidencial. Hoy la principal causa de enojo ciudadano es la forma calamitosa en que el Gobierno está respondiendo al impacto de la pandemia del covid-19. El año pasado, los programas de asistencia sanitaria y económica, financiados con el endeudamiento público más alto de la historia de Guatemala, se entregaron tarde y mal. El programa Bono Familia, que tenía mayor potencial de efectividad, fue entregado demasiado tarde y excluyó a las personas que más lo necesitaban, especialmente en regiones rurales remotas.
Este año, el fracaso escandaloso del plan de vacunación está evidenciado en la forma opaca y en extremo cuestionable en que se negoció con el Fondo Ruso de Inversión Directa la compra de 16 millones de vacunas Sputnik V por más de 1,200 millones de quetzales, de los cuales el Gobierno de Guatemala ya pagó 614 millones por la compra de la mitad de las vacunas, pero a la fecha solo ha recibido 150,000. El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, hizo el ridículo con un muy publicitado viaje a Rusia, del cual retornó con la promesa de dos entregas de 200,000 vacunas en los próximos días, como si se tratase de un gran logro. Con la gestión del canciller Brolo, si se llega a concretar la entrega prometida, habremos recibido el 6.9 % de las vacunas que ya les hemos pagado a los rusos, y el 3.4 % del total acordado, con lo cual la distribución y la aplicación de estas vacunas en el tiempo estipulado son material y humanamente imposibles.
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Aunque el peso de la responsabilidad formal y legal del fraude y estafa de las vacunas rusas recae sobre la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, ha trascendido que en realidad puede que la negociación haya sido realizada por el canciller Brolo y el mismo presidente Giammattei. Si este es el caso, me parece muy mezquino y cobarde que, siendo Giammattei y Brolo los verdaderos responsables, ellos descarguen todo el peso de la culpa sobre la ministra escudándose justamente en las formalidades legales. En línea con este escenario, la Contraloría General de Cuentas ha actuado milagrosamente con una celeridad y una contundencia inusitadas para acusar a la ministra Flores. Dicha entidad permanece ausente o actúa tardíamente en la mayoría de los casos, pero no en este. Bien haría Flores en abrir los ojos y en darse cuenta de que es el chompipe de la fiesta y de que la están quemando cual fusible político, por lo que, por el bien de Guatemala y de ella misma, debería denunciar a Giammattei y a Brolo y demostrar así que entiende con claridad la diferencia entre lealtad e incondicionalidad. Y si no la entiende, ¡que por favor alguien se la explique!
Otro factor que alimenta el enojo ciudadano es la corrupción rampante y la forma en que Giammattei la encubre, hecho reconfirmado por la lista Engel, publicada la semana pasada por el Gobierno estadounidense. Esta lista ha confirmado en la opinión pública la certeza de que varios integrantes del gabinete de gobierno, la alianza oficialista en el Congreso y las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia efectivamente forman hoy una estructura mafiosa vinculada con Giammattei y su entorno.
Resta la gran cuestión entonces: ya con conocimiento de causa, ¿seremos capaces de articularnos como ciudadanía consciente y activa y de lograr que la demanda por la renuncia de Giammattei crezca masiva y contundente?
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