El fraude del diálogo

Con la mayor desvergüenza, no solo hablan de convocar a un diálogo, sino abusivamente hacen publicitar que solo lo tendrán con sectores representativos. Nadie sabe qué entienden por representatividad. Porque, si efectivamente fuesen exigentes, no estarían sentados a la par de ganaderos que lo único que buscan es evadir el pago de impuestos.

En realidad, los problemas del gobernante y de sus próximos no se resuelven con diálogos, aunque sean en hoteles cinco estrellas. Lo que él tiene que solventar son sus problemas con la justicia, ahora multiplicados por haber recibido un bono del Ejército, a todas luces ilegal. Y la justicia no se negocia ni se dialoga. Quien es sospechoso de cometer faltas, delitos o crímenes tiene que aclarar su situación ante autoridad judicial competente, no buscar diálogos que simplemente pretenden confundir a la población y desvirtuar el fondo del asunto.

Si Jimmy Morales tiene en la actualidad más clavos legales que futillo de cincos, es problema muy suyo y no hay cómo imaginar que con diálogos con actores sociales podría huir a la acción de la justicia. Los diálogos son efectivos para aproximar visiones diferentes sobre un mismo asunto. Sirven para escuchar atentamente las opiniones y posiciones del otro, no para resolver problemas judiciales, mucho menos cuando de lo que se trata es de crímenes económicos vinculados a procesos electorales o a sobresueldos ilegales.

Pero, para que Jimmy Morales responda ante la justicia, ya que no quiere hacerlo voluntariamente, es indispensable que la sociedad continúe movilizándose y concentre su presión en el Congreso de la República. Es allí donde el futuro del Estado y de la sociedad guatemalteca está en juego. De esa cuenta, lamentablemente no es momento de pedir su depuración, lo cual, si bien necesario e indispensable, solo podrá ser exigido luego de obtenida la autorización para que los entes judiciales investiguen a fondo el proceder del actual presidente.

En estos momentos lo fundamental es exigir a todos y cada uno de los diputados que cumplan con su mandato retirándole el beneficio del antejuicio al señor Morales. Los distintos sectores deben hacer sentir su repudio a los malos manejos y corruptelas del actual gobierno. Llevado ante al justicia, serán los jueces quienes valoren las pruebas. Las calles no pueden declararlo culpable, como tampoco puede hacerlo el Congreso. Este y aquellas solo pueden exigir que, como ciudadano común, responda ante juez competente por las acusaciones que se le hacen, que sean investigadas sus acciones y omisiones y, a partir de las evidencias, absuelto o condenado.

Los ciudadanos de distintas corrientes y tendencias ideológicas, con posibles visiones diferentes sobre el futuro del país, deben aunar esfuerzos para resolver este obstáculo que para la democratización del país se ha presentado. No se pueden librar varias batallas juntas, pues hay riesgo de caer en la dispersión o de favorecer, voluntaria o involuntariamente, al delincuente que ahora gobierna.

Quien en estos momentos critique, cuestione o se burle de las movilizaciones simplemente actúa a favor de la corrupción y de los corruptores. Bien pueden proclamarse «intelectuales orgánicos» del movimiento popular, pero lo importante no es lo que uno crea de sí mismo, sino lo que efectivamente esté propiciando.

Debemos ganar la batalla de la igualdad ante la ley, de la persecución clara y permanente a quienes desde los más altos cargos usan el poder para enriquecerse. Esta no es una conquista cualquiera. De que Morales sea llevado o no ante los tribunales depende el nivel de solidez que puedan llegar a tener nuestras instituciones, fundamentalmente las legales. Y, de nuevo, esto no es de derechas o de izquierdas, de comunistas o de anticomunistas. Es simplemente el piso para que una sociedad pase del clientelismo y el totalitarismo a la democracia.

De esa cuenta, solo luego de retirado el beneficio del antejuicio al actual presidente podremos pasar a fases más complejas y difíciles, como la depuración del Congreso y, sobre todo, a la convocatoria a la asamblea nacional constituyente.

Depurar el Congreso se dice fácil, pero, en las condiciones legales y políticas actuales, es un asunto complejo y complicado y su consecución dependerá de la unidad que logren los movimientos sociales y de las alianzas interclasistas que puedan llegar a establecerse.

Más complejo y difícil resulta, en consecuencia, lograr la realización de una consulta popular para establecer una asamblea nacional constituyente. En esto, lo único que puede dialogarse es el cuándo y el cómo de su convocatoria, pues todo lo demás dependerá del apoyo que una u otra propuesta logre obtener entre la población.

Lograr, en esa revisión constitucional, la reestructuración del Estado a una forma efectivamente plurinacional, al servicio de todos los guatemaltecos, o mantener este, que solo favorece a los monopolios y al gran capital, dependerá de la legitimidad y presencia que en esa asamblea obtenga cada sector, por lo que, si bien se dice fácil, lograr esas transformaciones exigirá no solo un amplio y continuado debate, sino, lo más importante, ganarse, en favor del proyecto refundacional, a los amplios sectores de la sociedad que en estos momentos se encuentran al margen.