La migración a pie y en bloques masivos de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras ha sido la forma principalmente adoptada por miles de habitantes de estas tierras que escapan de la inequidad. Esa realidad dominante se refleja en la miseria absoluta, que mata por desnutrición, violencia delincuencial y estatal, corrupción y ausencia total de posibilidades de una vida digna. Lejos de disminuir, mucho menos de desaparecer, la búsqueda de la ruta hacia el Norte, hacia Estados Unidos, sigue siendo la única salida visible para cientos de miles de personas en esta región golpeada por la injusticia social.
Mientras las cifras de la macroeconomía hablan de avances y de riqueza en los países, el detalle, la letra pequeña de esa visión, muestra cómo esa riqueza se concentra en poquísimas manos, que además detentan importantes espacios de decisión política. Sumado a ello, la estabilidad de la que hacen gala los respectivos Gobiernos se debe primordialmente al flujo de remesas de quienes, habiendo migrado, sostienen las economías con la cruel realidad de su partida y separación de tierra, amigos y familia.
Fieles a su actuación servil, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giammattei y Juan Orlando Hernández, presidentes de México, Guatemala y Honduras, respectivamente, han convocado a las fuerzas armadas de sus países para contener la primera caravana del 2021. Hernández en Honduras utilizó la fuerza militar para impedir la salida de sus compatriotas.
Giammattei en Guatemala emitió el decreto 1-2021 para imponer una restricción de garantías que facilitara la acción militar contra los migrantes, una medida que aplicó al utilizar militares armados con garrotes para agredir a hombres y mujeres, a personas ancianas, así como a niñas y niños, para disolver el núcleo de migrantes hondureños. En las mismas fechas, López Obrador convocó a sus fuerzas armadas y las movilizó a la frontera con Guatemala para, en caso de que algún grupo lograse llegar a México, aplicar también el garrote para impedirles llegar al Norte.
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Los Gobiernos de Guatemala y Honduras conocieron con tiempo las intenciones de formación de la caravana. En el marco de los acuerdos de integración, entre ellos el CA4, que garantiza la libre movilidad de sus respectivos ciudadanos entre los países suscriptores (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), pudieron haber contado con las herramientas legales necesarias para preparar la atención al grupo migrante, amén de que el artículo 145 de la Constitución Política reconoce como nacionales a los ciudadanos de los países de Centroamérica.
Giammattei esgrime el argumento de que se permite el paso si cumplen con los requisitos establecidos por la pandemia del covid-19 (prueba negativa) y con el registro migratorio correspondiente: algo que perfectamente pudieron haber puesto en marcha de mutuo acuerdo en ambos lados de la frontera utilizando la persuasión, y no la represión ni la amenaza. Pudieron haberse preparado para recibirlos y, de hecho, en los mismos campamentos llevar a cabo las evaluaciones.
Pero esto es imposible si ni siquiera a la población guatemalteca ha sido capaz de atender un gobierno nacido del autoritarismo y de la vocación dictatorial, que prefiere equipar con garrotes y escudos a los militares represores que pagar salarios y dotar de equipo de protección a personal médico de primera línea.
Ninguno de los tres gobernantes ha actuado realmente en defensa de su población. En su afán de servilismo a la política migratoria del ya retirado del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, tanto Giammattei como Hernández y López Obrador han actuado como gendarmes del Norte, y no como gobernantes de sus países.
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