Mi primera reacción al escucharlo en la conferencia de prensa luego de su destitución fue rememorar lo acontecido en 2015, cuando se develaron casos emblemáticos de corrupción como el de La Línea. El sentimiento entonces no fue de sorpresa, sino de estupor por confirmar lo que ya se sabía. Porque ¿quién dudaba de la corrupción en las aduanas? Lo que generó la movilización ciudadana y la caída de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti no fue la sorpresa, sino la confirmación del conocimiento popular por primera vez mediante investigaciones serias, medios de prueba contundentes y acusaciones formales ante los tribunales de justicia.
Ya destituido y liberado del orden jerárquico institucional del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval pudo hablar libremente de cómo Consuelo Porras y Alejandro Giammattei entorpecieron sistemáticamente las investigaciones que aquel conducía al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En realidad, dudo que alguien se haya sorprendido al escuchar que Porras y Giammattei son corruptos, ya que desde hace tiempo la ciudadanía está convencida de la corrupción de Giammattei, de sus allegados y de su gobierno, así como de que la principal prioridad y directriz política de Consuelo Porras al frente del MP es proteger a estos proporcionándoles caudales de impunidad. La destitución de Sandoval solo nos confirmó este conocimiento.
Sin antecedentes ni contexto, la situación sería un duelo de credibilidades: la palabra de Sandoval contra la de Porras, Giammattei y sus adeptos. Sin embargo, justamente el contexto y los hechos dan por zanjado quién es creíble y quién no. Por un lado, a Porras y a Giammattei los respaldan y apoyan personas y entidades como la Fundación contra el Terrorismo; un sector empresarial que, como en el pasado, vende su dignidad y conciencia por dádivas y por el favor del gobierno de turno a conveniencia de sus intereses y negocios, y, por supuesto, toda la versión actual del Pacto de Corruptos, con lo más rancio del Congreso de la República y las cortes capturadas por la mafia.
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A Sandoval, en cambio, lo respalda y apoya la gran mayoría de la ciudadanía, que vio en su gestión en la FECI el último bastión de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero, además de este apoyo mayoritario y legítimo, cuenta ya con expresiones de solidaridad y de apoyo, o con la censura del actuar de Porras, de parte de gobiernos amigos, de notables funcionarios y parlamentarios estadounidenses y del valiente embajador de Suecia acreditado en Guatemala.
Pero lo notable es que Sandoval no solo está recibiendo muestras de apoyo y reconocimiento de aliados esperables, como quizá lo pueda ser Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos, sino también de algunos de sus adversarios y hasta de personas que Sandoval persiguió penalmente. Por su enorme valentía reconozco acá, por ejemplo, el mensaje del empresario de la construcción Álvaro Mayorga, quien públicamente reconoce la gran labor de Sandoval en la lucha contra la corrupción. Me parece que Mayorga da una gran lección a sus colegas empresarios, así como a todas y a todos en Guatemala.
Sandoval tuvo que exiliarse, huir de su país. No lo hizo por cobardía, sino porque las amenazas en su contra, incluso contra su vida, son muy reales. Si no, ¿qué pretendían hacer realmente el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el director general de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán Gómez, al presentarse en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos justamente cuando el exfiscal estaba ofreciendo su conferencia de prensa? Sandoval se retiró por la puerta grande de la dignidad y del apoyo legítimo de su pueblo.
Gracias y felicitaciones, fiscal Sandoval.
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