El recién aprobado decreto 4-2021 del Congreso de la República, que modificó la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), no solo es una ley que alcahuetea a corruptos y que abrió un boquete en el erario público para que estos se ceben con los recursos del pueblo, sino que además confirma la existencia de una estructura que se ajusta a lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) definió como redes político-económicas ilícitas (RPEI). En su informe El financiamiento de la política en Guatemala, la Cicig apuntó que las RPEI «se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales [y] son el elemento constitutivo y, en buena medida, explicativo del sistema político guatemalteco: permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. La vinculación a estas redes permite a los alcaldes municipales tener acceso a recursos públicos adicionales a los establecidos constitucionalmente».
La estructura integrada por Alejandro Giammattei, presidente de la república, así como por la alianza oficialista enquistada en el Congreso de la República y liderada por Allan Rodríguez, presidente de ese organismo, y por un grupo numeroso de alcaldes municipales liderados por Miguel Ovalle, alcalde municipal de Salcajá y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM), encaja perfectamente en ese concepto de RPEI. Evidencias de su existencia y de su operación empezaron a registrarse desde el cambio de legislatura y de autoridades centrales y municipales en enero de 2020, notablemente con las felicitaciones públicas de Giammattei y Rodríguez cuando Ovalle fue elegido presidente de la ANAM.
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A lo largo de 2020, la ANAM presidida por Ovalle se ha subordinado a los dictados del oficialismo en un crescendo de actos vergonzosos y contrarios a la representación y defensa legítima de los intereses municipales. Además de los reconocimientos y de los actos adulatorios usuales de una entidad hacia la otra, contagios de covid-19 incluidos, el escándalo quizá llegó a su clímax cuando Ovalle y su grupo de alcaldes vendieron barata su dignidad y conciencia al apoyar al gobierno de Giammattei y a la alianza oficialista del Congreso durante la crisis violenta desatada en noviembre de 2020 por el rechazo ciudadano a la aprobación del presupuesto de 2021, plagado de asignaciones y facilidades para la corrupción.
Sin embargo, era lógico y esperable que el vergonzoso y réprobo apoyo de la ANAM a Giammattei y a su muy corrupta alianza oficialista en el Congreso no fuera gratuito. La Cicig demostró que, cuando alcaldes de este tipo actúan de dicha forma, lo hacen a cambio de apoyo legislativo y del Gobierno central a sus intereses aviesos, que por ilegítimos no recibirían tal apoyo mediante los mecanismos usuales. En este caso, desde hace meses el precio de la ANAM había sido remover los controles de la LCE.
Está muy claro que el decreto 4-2021 es la moneda de cambio y de pago con la que Giammattei y la alianza oficialista en el Congreso le están retribuyendo a la ANAM sus favores: apoyo politiquero, especialmente durante crisis como la de noviembre de 2020, a cambio de carta blanca para la corrupción y para robar sin control a través de las compras y las contrataciones de las municipalidades. Por ello, la defensa de la ANAM y de la alianza oficialista de la aprobación de este decreto, además de ridícula y risiblemente carente de sustento técnico, confirma a la estructura Giammattei-Congreso-ANAM como una RPEI en fase de consolidación.
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