Hay que seguir en la lucha

La experiencia demuestra que no es así, especialmente, cuando se trata de una ley que en el fondo viene a representar una reforma profunda al sistema político. Tal es el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, que debido al impacto que produce su vigencia ha encontrado más enemigos que aliados.

Al gobierno anterior, junto con otros sujetos obligados, le correspondió enfrentar el reto de la implementación de la norma. Se generaron una gran cantidad de reuniones de capacitación para quienes son los responsables de las Unidades de Información, pero también para otros funcionarios que están relacionados con esta actividad, como asesores jurídicos y sobre todo personal de archivos de las dependencias públicas. No obstante, eso no es suficiente. El cambio de autoridades en los Organismos Ejecutivo y Legislativo y corporaciones municipales debe ser observado cuidadosamente para evitar que se produzcan regresiones que pueden ser peligrosas para la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Merece la pena señalar que el tema de acceso a la información pública no se agota con la referida ley, ya que como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Chile versus Claude-Reyes, este es un derecho humano que debe ser tutelado y garantizado por el Estado en su conjunto. Desde esa perspectiva, genera mucha preocupación algunos hechos que se han suscitado fuera de los alcances de la ley. La decisión de no dejar entrar a los medios de comunicación a las reuniones de Jefes de Bloque en el Congreso, no solo representa una clara violación al acceso a las fuentes periodísticas, es una violación a la libertad de expresión que se genera por medio del ejercicio periodístico, pero también es una violación al derecho de acceso a la información pública para la sociedad en su conjunto.

Como señala el profesor Severiano Fernández, “la publicidad de la actuación administrativa, por su parte, entendida como la general visibilidad o accesibilidad de la actuación administrativa y opuesta a la idea de secreto o reserva, es un elemento de orden jurídico. Es decir, la publicidad de la administración –incluyendo todos los organismos del Estado–, se plasma jurídicamente de dos formas en la publicidad de documentos y de las sesiones y ambas manifestaciones se resuelven, estructuralmente, en ejercicio de un mismo derecho de libertad a informarse en las fuentes públicas de información”.

De esa cuenta, el tema de acceso a la información en los Organismos Legislativo y Judicial tiene una larga historia. Debido a su conformación como órganos colegiados de decisión, el acceso público a sus debates cobra una importancia toral en el desarrollo de todo sistema político. La esencia de la acción legislativa no se genera únicamente en los debates del pleno del Congreso, las reuniones de comisiones u otras instancias en donde se toman decisiones importantes también deben ser conocidas por todos. Por ello, la presencia de los medios de comunicación se convierte en una herramienta indispensable para que se disemine la información.

La transparencia es algo más que discurso, debe ser la principal característica de toda la gestión pública. No se puede ir gritando a los cuatro vientos que se es transparente cuando se toman decisiones encaminadas a privilegiar la secrecía y el ocultamiento. Hay que recordar que ocultarse u ocultar algo son dos formas de secreto, el cual solo se combate con la publicidad de la información. El acceso a la información pública ha sido una batalla ganada frente actores políticos que estaban acostumbrados a esconderse, a tomar decisiones arbitrarias y a promover corrupción e impunidad. Sin embargo, la guerra no se ha ganado, hay que seguir en la lucha para seguir favoreciendo la transparencia y la publicidad de la cosa pública.