Hace poco, al final del sagrado Foro Forbes, el presidente electo pidió que le permitieran hacer su última alocución de pie. Tras el atril engoló la voz y habló como un oráculo: relató una fábula y describió su moraleja, y también alternó frases certeras y crípticas sobre la naturaleza del tiempo, insinuando a la vez su convicción heracliteana en la inestabilidad de todo y, al estilo de Parménides, sugiriendo la permanencia de todo. Y mientras su ceño se fruncía y tensaba teatral, gobernado por dos cejas filosóficas, pronosticó la incertidumbre del futuro (“que desconocemos”) y simultáneamente refutó el tiempo.
Dijo: “El futuro está aquí” ... “El verbo 'estar' en esta frase está conjugado en tiempo presente, porque si lo conjugáramos en tiempo pasado diríamos 'estará acá'.”
Ese movimiento lingüístico que algunos describieron como error gramatical nosotros lo entendemos como un hábil aforismo. Jimmy Morales sabe que el tiempo es raro y que quizá no exista, o que todo es fluido, continuo e imperfecto: pasado, presente, futuro, una misma cosa.
Un buen estadista hace cosas por el estilo. Se adelanta a lo que va a pasar, y aunque sea en forma de acertijo nos dice: “Calma, yo sé de qué va esto. Es lo mismo de siempre.”
En el ambiente no solo flotaban la crisis de salud presente y futura, el hundimiento de la educación, el abismo presupuestario, y el abandono de las negociaciones de Morales en el Congreso, sino también lo que Iván Velázquez había dicho
(había dicho: “Un impuesto a los grandes patrimonios para mejorar la justicia”),
y lo que los dueños de los grandes patrimonios iban a responder
(iban a responder, predeciblemente, “No es el momento”),
y que CICIG y CACIF, esas siglas que riman en asonante, iban a dejar de nuevo de sonar igual.
Aquí uno de esos asuntos en los que el CACIF y Guatemala (presente, pasado, futuro) se parecen siempre a sí mismos.
Cerezo, que no necesita intérpretes, explicó hace años que cosas así nunca cambian:
“Los últimos días he estado leyendo periódicos, estoy profundamente impresionado de la capacidad de Guatemala por no cambiar. Estuve en la presidencia en 1986 y me reuní con el sector privado, les dije: mejoremos las condiciones económicas de la población si queremos que crezca la economía, poque todas las esconomías capitalistas del mundo crecen sobre la base del consumo, el consumo se hace sobre la base de los ingresos, los ingresos sobre la base de los salarios o de las oportunidades de crédito y con esa capacidad de consumo se aumenta la industria, el consumo de los productos, se pueden aumentar los salarios y las condiciones van mejorando para todos los sectores. El sector privado me dijo, mire Vinicio, tiene razón, así es el mecanismo, pero primero hay que hacer crecer el pastel para después repartirlo y entonces lo que hicimos fue precisamente aplicar la receta, aceptamos el reto y discutimos el crecimiento económico del país”. “Cuando planteamos que era hora de repartir el pastel, entonces nos salieron con los mismos argumentos que estamos escuchando contra el presidente Colom, que si se aumentan los impuestos se va a desemplear más gente, que se va a restringir la inversión, que vamos a terminar con el crecimiento económico, que no se les garantizaba bienestar al resto de la población”.
En esa misma entrevista, Cerezo diría que su propuesta de reforma estuvo en el centro de cuatro supuestos intentos de Golpe de Estado en su contra.
No es previsible que eso, lo de los golpes de estado duros por asuntos tributarios, vaya a suceder ahora que han pasado 30 años de las dictaduras militares. Pero tampoco Jimmy Morales va a gozar de un país demasiado tranquilo. Y dejemos de lado los factores que se han repetido hasta el cansancio: su irrelevancia en el Congreso, su carencia de plan de Gobierno, su probablemente rocambolesco gabinete, su desconocimiento de la cosa pública, su falta de temple... Aunque Velázquez hablaba de crear un impuesto contra la impunidad (algo parecido sugirió hace años en ENADE otro colombiano nada sospechoso para las élites, Álvaro Uribe, con idéntico resultado), el problema es mucho más abarcador. Como ha dicho Jonathan Menkos, director del ICEFI, visto desde el punto de vista del Ejecutivo, los recortes presupuestarios en salud, educación y gobernación acrecentarán los problemas de ingobernabilidad.
No está claro que Jimmy Morales pretenda llevar a cabo una reforma tributaria o una reforma fiscal (como por otra parte no está claro nada de lo que Morales pretende hacer; no está claro, ni siquiera, que sepa de qué trata la cosa). Pero es evidente que sin una transformación de cómo se usa la deuda, y en qué y cómo se gasta, pero sobre todo, cómo se generan ingresos, el gobierno, y el país, van a pasar los próximos años (lustros, décadas) pisando charcos, o brasas. En este último punto, es muy improbable que vaya a tener a CACIF incondicionalmente de su lado.
CEPAL ha dicho que el diseño institucional guatemalteco hace que el campo de los impuestos sea una negociación directa entre el Estado y las clases propietarias, en lugar de ser algo decidido en el terreno político. Hace cuatro años, un estudio del Informe Estado de la Región definió la reforma tributaria como un dominio reservador de la democracia; es decir, como “un tema de interés público que los sucesivos gobiernos de distinto corte ideológico han señalado como esencial pero que, tras múltiples intentos de reforma liderados por diversas fuerzas políticas, permanece intacto o inalterado en lo sustancial”. No se refiere a la oposición legítima y democrática a una política de gobierno. La clave para diferenciarlos, se dice, es si los actores son representantes elector, rinden cuentas y aceptan leyes; y en la temporalidad de su oposición.
La investigación se titulaba “¿Truco o trato? Mecanismos para la obstaculización de las reformas tributarias en Guatemala, 1985-2010” y, simplificando, planteaba cómo desde 1985 el CACIF, principalmente, ha logrado contener cualquier reforma tributaria sustancial, ya sea negociando en condiciones favorables y al margen de las instituciones democráticas con el Estado guatemalteco, o enfrentándose a él.
El primer caso, lo han dicho desde ministros de finanzas hasta vicepresidente, se parecía mucho más a un pedir permiso por parte del Gobierno a los empresarios que a una negociación entre un Ejecutivo democráticamente electo y una patronal.
En el segundo caso, las técnicas han pasado por acciones de oposición momentánea (campañas sucias, manifestaciones públicas de protesta, o campañas de medios) o estrategias de irradiación ideológica de largo plazo, que nutren la inveterada cultura antitributaria del país. Pero también por el golpe de Estado, la insubordinación tributaria, los paros patronales, las huelgas sindicales, las movilizaciones colectivas, el acoso a los decisiores, el filibusterismo parlamentario y sobre todo a la más eficiente y suave y común de todas, aquella de la que ningún gobierno se ha librado: el recurso de inconstitucionalidad.
Y ahí está una de las claves del éxito para sabotear y hacer fracasar casi cualquier intento de reforma tributaria sustancial. Aunque todos los demás factores, como el gozar de una posición de fuerza, el tener a la opinión pública de su lado, el tener por contrincantes a políticos deslegitimados y débiles en un Estado débil y deslegitimado, no sean desdeñables y faciliten el objetivo de erosionar las reformas, no son ni mucho menos imprescindibles. Si Prensa Libre se alinea con la propuesta impositiva de Velázquez, si Velázquez tiene legitimidad, si Jimmy Morales decide que necesita algo más de plata, si, si, si, siempre queda la posibilidad no infalible pero extraordinariamente efectiva de invocar la Constitución: una Constitución diseñada, en ese sentido, por las elites económicas a imagen y semejanza de sus intereses.
“La Constitución de 1985 fue una típica carta magna de ‘transición’ en la que los poderes fácticos lograron imponer intereses vitales centrados en la defensa de la propiedad y los impuestos. Resultó ser la Constitución más restrictiva del poder tributario del Estado en la historia republicana”, escribió Edgar Gutiérrez. Y CEPAL lo corrobora, según el informe: la genealogía intelectual de aquellos artículos constitucionales tendía
“a insertar los derechos de propiedad en los derechos civiles en lugar de relegarlos a un segundo plano, como venía siendo la tendencia contemporánea en los países occidentales, y anotaba: la nueva constitución política incluye una defensa extrema de los derechos de propiedad privada, y una limitación severa de los poderes impositivos del Estado. La arquitectura que durante once años había pasado inadvertida para los reformistas -aunque desde 1987 había servido a los opositores para derribar cualquier intento de transformación- constaba apenas de cuatro artículos: 239, 243, 28 y 41 . Éstos establecían el principio de legalidad, capacidad de pago, derecho de petición y la protección al derecho de propiedad. Combinados con los planteamientos de inconstitucionalidad de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y con la confidencialidad del sujeto pasivo tributario del Código Tributario, aquellos artículos habían convertido la estructura impositiva en un territorio casi inexpugnable. La posición de las autoridades fiscales quedaba debilitada, y fortalecida la de los contribuyentes: por ejemplo, se abolía la idea expresada por el aforismo solve et repet (paga y reclama), lo que permitía impugnar una resolución tributaria sin necesidad de pagar el impuesto; también prohibía las multas e intereses por mora que superaran el valor del impuesto omitido.”
Es cierto que Morales ha mostrado buena voluntad con las elites económicas y apertura a incluir representantes suyos en el Gobierno. Si eso continúa, es probable que en retribución le respondan con mayor ductilidad y benevolencia y que hagan, de ser necesario, algunas concesiones, como hicieron cuando Richard Aitkenhead fue ministro de Finanzas o durante el proempresarial gobierno de Oscar Berger. Pero una concesión temporal está lejos de ser una solución permanente. Para tener una convivencia fértil, incluyente, en materia tributaria el porvenir de Guatemala debe dejar de parecerse a su pasado. Quizá el presidente electo, que identifica el pretérito imperfecto con el futuro, eso ya no lo tenga tan claro.
