El 12 de enero de 2016, dos días antes de que Jimmy Morales asumiera la Presidencia de la República, un alto funcionario de la Cicig, confió a Plaza Pública indicios sueltos de lo que los investigadores empezaban a obtener sobre un supuesto caso de enriquecimiento ilícito que involucraba al nuevo mandatario y su vicepresidente, Jafeth Cabrera.
“Nosotros creemos que Jimmy Morales no robará en el Gobierno” respondió cuando le pregunté sobre el grado de confianza que la Cicig tenían sobre la entonces inminente Administración. “Creemos que no van a robar, porque no lo necesitan…”, dejó ir el funcionario y cambió al plural. “Porque, básicamente, entre septiembre y noviembre (período entre la primera y segunda vuelta electoral), recaudaron en aportes de financiamiento electoral no reportados, lo suficiente para que vivan sus dos próximas generaciones.”
El funcionario de la Cicig no quiso ahondar en más detalles. Lo que tenían en aquel momento, insistió, eran “indicios”, cabos sueltos de informaciones que habían llegado a oídos de los investigadores durante el proceso electoral; material para próximas investigaciones criminales.
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El viernes 25 de agosto, la fiscal general Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, dieron a conocer los resultados preliminares de una investigación sobre financiamiento electoral ilícito recibido por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). El principal señalado es el presidente Jimmy Morales.
Según la denuncia, entre septiembre y noviembre de 2015, ingresaron a las arcas de ese partido procedentes de diversas fuentes de financiamiento, al menos Q6 millones. La agrupación no los declaró y incurrió en financiamiento anónimo e ilícito, dijo Aldana. La Fiscal General añadió que la investigación podría conducirles a casos de lavado de dinero.
Morales, quien ganó la primera vuelta electoral celebrada el 6 de septiembre de 2015, con el 23,99% de los votos, alcanzó el triunfo gracias a una campaña electoral moderada que costó Q1.2 millones, según el informe que FCN-Nación entregó al Tribunal Suprema Electoral (TSE).
Al partir como favorito para ganar la segunda vuelta, en la que Morales compitió con Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el FCN-Nación empezó a recibir recursos millonarios para financiar su campaña electoral de parte de diversas fuentes. Entre ellas, según el MP y la Cicig, el exministro de Comunicaciones y malogrado candidato presidencial del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi Aparicio, hoy prófugo de la justicia acusado de liderar una estructura criminal que operó en el gobierno anterior.
Sin embargo, los directivos de esa agrupación no reportaron al TSE los montos recibidos entre el 1 de enero de 2015 y el 9 de enero de 2016, así como los nombres de los financistas, el origen de los recursos, ni la forma en que estos fueron utilizados. Según denuncias de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, en las cuentas bancarias del FNC-Nación se detectaron “transacciones sospechosas” en octubre de 2015.
Tras su triunfo electoral, tanto Morales como su vicepresidente, Jafeth Cabrera, se jactaban de haber ganado con la campaña electoral más austera de la historia del país: Q1.8 millones, aseguraron, era lo que gastaron en todo el proceso. Nunca hablaron de los aportes financieros recibidos entre la primera y segunda vuelta, por las 34 personas y empresas identificadas por la Fiscalía, ni el destino que dieron a los mismos.
Según el MP y la Cicig, el presidente Jimmy Morales, entonces Secretario General del FCN-Nación y su representante legal, incurrió en el delito de financiamiento electoral ilícito por no haber declarado ante el TSE los millonarios aportes recibidos durante la campaña. El delito contempla una pena de cuatro a doce años de prisión, y una multa de Q200 mil a Q500 mil.
Para poder continuar con la investigación, la Fiscalía pidió iniciar el proceso de antejuicio que retire la inmunidad al presidente Morales. Según la ley, es el Congreso de la República el que puede tomar esa decisión en un juicio político: se precisa que 105 diputados, de los 158 que integran el Legislativo, voten a favor o en contra de que el mandatario sea procesado para que su suerte quede decidida. Cualquiera que sea el resultado, nadie salva al gobernante de la más grave crisis política que ha enfrentado en los 19 meses que lleva al frente del Gobierno. Y en el peor de los escenarios para él, esto podría significar el fin de su mandato.
Un día antes de estas revelaciones, el Ministerio Público y la Cicig anunciaron que pedirían el antejuicio contra Orlando Blanco, diputado y secretario de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Roberto Villate, diputado, y ex secretario general del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), ya cancelado. A ambos los acusaba de financiamiento electoral ilícito, e incriminaba asismismo al ex ministro Sinibaldi, que supuestamente financió la campaña de Líder, un partido fingidamente opositor al suyo. Pero era el caso de la UNE el que resultaba más sustancioso, dado que los críticos acusaban a la MP y la Cicig de una supuesta persecución política selectiva que protegía a los uneístas.
Guerra anunciada
Cuando Thelma Aldana e Iván Velásquez informaban en la sede del MP sobre las investigaciones penales en contra de Morales, éste, según la versión oficial de la Presidencia, le pedía al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en Nueva York, su intervención para que la Cicig “se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional” del país. Nadie dentro del Gobierno explicó qué significa para el gobierno esa petición.
El malestar de Morales con Aldana y Velásquez data por lo menos de principios de 2017, y arraigan en la persecución penal del Ministerio Público y la Cicig contra el hijo y el hermano del Presidente, que guardaron prisión provisional. Pero diversas fuentes aseguran que fue este lunes cuando Morales anunció por primera vez una intención firme de pedir a Guterres la remoción de Velásquez como jefe de la Cicig, y cortar así de tajo la lucha que el comisionado y Aldana impulsan en Guatemala desde abril de 2015 en contra de la corrupción y la impunidad. Desde el jueves se especuló que mantendría su intención y, de no lograr su cometido, declararía non grato a Velásquez. Al terminar la reunión en Nueva York, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el Gobierno no pidió a Guterres la destitución del comisionado.
La Presidencia que no negó las intenciones en una conferencia de prensa celebrada el miércoles, aseguró que se trata de un manejo interesado de “noticias falsas e intentos de politizar la justicia”. Respecto a la petición de antejuicio en contra de Morales, la Presidencia señaló mediante un comunicado que el mandatario “ha sido y es respetuoso de las leyes y el debido proceso”, y que confía en la objetividad de la justicia.
La Fiscalía admitió que se encuentran bajo investigación otros casos relacionados con financiamiento electoral ilícito recibido por el FCN-Nación: uno supuestamente relacionado con el narcotráfico y otro con aportes hechos por migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos.
La supuesta estrategia que Morales y sus aliados pusieron en marcha para deshacerse de Velásquez y debilitar el trabajo de la Cicig y el MP se ha estancado. Desde que se conocieron sus intenciones, el pasado miércoles, el desgate de su imagen, su partido y su gobierno ha sido inmenso. En público y en privado, grupos sociales, partidos políticos, diplomáticos académicos, activistas y medios de comunicación, entre otros, han rechazado su objetivo. Mientras que Velásquez ha ratificado su compromiso en la lucha contra la impunidad y la corrupción, y ha asegurado que no renunciará al cargo a pesar de las presiones. Las voces de apoyo a su favor se han multiplicado tanto como las de censura al mandatario.
Según la Presidencia, Morales regresará el sábado al país, pero no tiene entre sus planes atender a la prensa, sino que “enviará un mensaje televisivo a la nación”.
