El Estado de Guatemala tiene que volver a cargar contra los Zetas. Como lo hizo cuando los capturó (con ayuda de la Cicig) por la masacre de 15 nicaragüenses y un holandés y los juzgó y sentenció en tribunales guatemaltecos; o cuando intentó (tímidamente) sacarlos de su centro de operaciones en Cobán. Es una batalla en la que puede derrotarse a la impunidad y en la que quedarse de brazos cruzados equivale a la rendición y a entregarle el país a una de las bandas más sanguinarias del planeta.
La respuesta de los Zetas al Estado de Sitio en Cobán para sacarlos de su centro de operaciones en el país llegó casi medio año después. Fue con una masacre cobarde contra los más débiles de nuestra sociedad. 27 campesinos que, como relató elPeriódico, fueron a Petén a trabajar por Q875 mensuales de aquí a agosto. Los más pobres entre los pobres.
Una declaratoria de que quieren apropiarse del país ante la debilidad del Estado, y probablemente ante los golpes que ese Estado ha provocado a sus rivales en el país, los socios del cartel de Sinaloa –los Lorenzana, Chamalé, Mauro Salomón, como relató Plaza Pública–. No está mal que el Estado persiga y capture finalmente a los narcotraficantes guatemaltecos, pero tiene que perseguir y capturar a los otros narcos, mexico-guatemaltecos, cuyos fundadores fueron entrenados en las fuerzas élites del ejército de Guatemala y México, para no envalentonarlos.
El Estado de Sitio en Alta Verapaz, del 19 de diciembre de 2010 al 19 de febrero de 2011 era necesario después de los gobiernos de Alfonso Portillo, Óscar Berger y Álvaro Colom cedieran el territorio a los narcotraficantes. Esta cesión no se debe únicamente a la reducción del Ejército a iniciativa de Berger y su vicepresidente Eduardo Stein. El Ejército, como investigaciones posteriores lo han evidenciado, es en parte cómplice de los cárteles en el país al permitirles aterrizar en algunas bases en oriente o venderles armamento oficial. Así que no sólo la Policía Naciona Civil (PNC) o el sistema judicial necesitan ser depurados e investigados; el Ejército tiene esta tarea pendiente por parte de la sociedad y de los militares probos.
El Estado de Sitio era necesario pero careció de la contundencia que requería, como también investigó este medio. Como sucede en México, no hubo capos Zetas capturados ni la estructura fue afectada. Esto a pesar de que según los cables estadounidenses filtrados por Wikileaks eran únicamente entre 50 y 100 zetas los que estaban en la región.
En Petén, la respuesta inicial del Estado debe tener la contundencia que no pudo en Alta Verapaz. La PNC, el Ejército, el Ministerio Público y los juzgados de Alto Impacto tienen que responder, y encarcelar y juzgar a los responsables de esta matanza, para que no quede en la impunidad.
La respuesta profunda de la sociedad es más complicada, porque la penetración del narcotráfico en el país no se debe únicamente a la falta de acción de las fuerzas armadas (policiales y militares) del Estado. A esto se suma el fracaso histórico de la sociedad guatemalteca de construir sociedades reticientes contra el narcotráfico, con defensas como bienes públicos de educación y salud o una economía dinámica y próspera para la mayoría.
Está demostrado que el narcotráfico es un fenómeno que se asemeja más a la biología. El investigador colombiano Francisco Thoumi lo explica a cabalidad en la publicación que Flacso divulgó en mayo de 2010: Centroamérica: Estado, crimen y ciudadanía.
“Durante décadas, se ha pensado que el narcotráfico –como todos los problemas sociales– es parecido a las leyes de la física newtoniana, en los que el factor “x” lleva al resultado “y”. No obstante, el fenómeno se asemeja más a la biología y parece ser de naturaleza evolutiva. El narcotráfico, pues, se asienta en cuerpos débiles, con defensas bajas. Esto explicaría (además del factor geográfico) por qué prefiere asentarse en Guatemala que en Costa Rica, donde hay una ciudadanía más plena”.
“Desde esta perspectiva, entonces, una de las soluciones contra el narcotráfico es aumentar las defensas de la sociedad y por esto se debe construir no sólo Estado, sino una sociedad de ciudadanos. El fenómeno surge por sociedades laxas, que tienen grupos sociales en los que se acepta que las actividades ilegales son válidas, son una opción”.
Así, esta masacre en contra de 27 trabajadores guatemaltecos nos tiene que sacudir la conciencia y espera de nosotros como sociedad dos respuestas: la primera, de impedir que este crimen quede en la impunidad –como no quedó la masacre de nicaragüenses– y la segunda, más profunda, de blindarnos como sociedad contra el narcotráfico.
