Ahora Suecia e Italia, entre otros países, dicen que lo que han hecho es reconocer que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tiene legitimidad y que su demanda por nuevas elecciones presidenciales es adecuada, pero que no llegan a reconocerlo como el jefe del Estado venezolano.
Allá nadie se ha tomado en serio la charada de recibir credenciales de los supuestos embajadores de Guaidó. En España, donde los millones de la corrupción de los supuestos socialdemócratas (Acción Democrática, AD, ladecos) y socialcristianos (Copéi) han sido blanqueados por décadas en bancos ibéricos y han zurcido alianzas económicas con los más allegados de Felipe González y José Aznar, el representante nombrado por Guaidó es eso, su representante. Antonio Ecarri es un ladeco de décadas, felipista a morir, de los que consideran al actual presidente español demasiado de izquierdas. Pero, más mañoso que astuto, no se ha dado a la tarea de armar un carnaval en tiempos de cuaresma, como lo hicieron las guaidoístas en Costa Rica y Guatemala, estimuladas y amparadas por gobernantes que desde cualquier perspectiva de la política exterior son, ni más ni menos, intervencionistas en la política interna de otros países.
Ecarri no tendrá viaje en carruaje para presentar sus credenciales al rey de España, al menos mientras Guaidó no asuma las funcionas efectivas de jefe de gobierno. Y eso, tal parece, durará algún tiempo. Y bien puede que no suceda. En España, como en los demás países de Europa, sí existen instituciones, y no regímenes de pacotilla que hoy se dicen ultranacionalistas porque una institución creada con todo su beneplácito les destapa los pies hediondos de corrupción y porque mañana se entrometen en los asuntos internos de un país vecino al recibir a alguien como embajadora del Estado sin tener las credenciales efectivas.
Insistamos: la cuestión no es si Maduro es o no un buen presidente, si ha podido sortear o no, con éxito para las clases medias, el bloqueo intenso y extenso que desde los años de Obama el régimen estadounidense le ha impuesto a Venezuela o si ha podido controlar o no la tradicional y ya inveterada corrupción en PDVSA, instalada desde los años de gobiernos de AD y Copéi, regímenes que la flamante embajadora de la oposición venezolana en Guatemala conoce más que bien porque estuvo estrechamente vinculada a ellos.
En su esquizofrénica política exterior, el hasta ayer ultranacionalista régimen de Jimmy Morales, que ha querido expulsar a diplomáticos porque han dicho que en el país existe corrupción, al caer la tarde de su gobierno dispone meterse de narices en la vida interna de otro país al reconocer como embajadores a personas nombradas por el presidente del Congreso, que no tiene potestades legales para realizar tales nominaciones.
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La persona nominada por Guaidó para representarlo puede reunirse a tomar café con los magnates del país y suplicarles que financien lo que los millonarios venezolanos no han podido conseguir: comprar a los altos mandos del Ejército venezolano para que, como lo hicieron los guatemaltecos en 1954, traicionen a su presidente. Es más: puede invitar a algunos ganaderos a delinquir adiestrando en sus fincas a las supuestas fuerzas militares que podrían invadir su país, tal y como hizo la familia Alejos cuando la invasión a Cuba. Pero eso no puede ser consentido por el Estado guatemalteco, que debe mantenerse fuera de los asuntos internos venezolanos y evitar que el territorio, los bancos y los recursos nacionales se usen para agredir a otro Estado.
Dada su formación profesional, la señora María Teresa Romero Cárdenas, nombrada embajadora de Guaidó, sabe que asumirse como embajadora del Estado venezolano es delito de usurpación de funciones, por lo que debe evitar caer en el juego de sus amigos y mantenerse simplemente como representante de la oposición. No es ella una neófita en el asunto, como si lo es la flamante embajadora de su grupo, que tomó por asalto las instalaciones de la embajada de Venezuela en Costa Rica y que con la cola entre las piernas ha tenido que abandonarla, provocando así el escarnio popular del canciller y el presidente costarricenses.
La señora Romero Cárdenas, residente en Miami y hasta hace algunos años profesora de la Universidad Central de Venezuela, puede ser acogida en el país como representante legítima de la oposición venezolana, mas no del Estado venezolano. Y eso la Cancillería guatemalteca debe tenerlo muy claro. La señora Jovel, aún en funciones de canciller a pesar de los delitos de desacato cometidos, no puede decir que recibió copia de cartas que la acreditan como embajadora porque esas no existen legalmente. Mucho menos puede proporcionarle los privilegios e inmunidades que se les otorgan a los embajadores.
Jovel y Romero Cárdenas pueden ir juntas de tragos y hasta guarimbear en alguna disco de moda, pero la segunda no puede tener acceso a placas diplomáticas, mucho menos a exención de impuestos, porque, de hacerlo, la señora Jovel estaría agregando un delito más al rosario de imputaciones por las que tendrá que responder algún día.
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