A poco de haber asumido, la CC que ahora preside Roberto Molina Barreto, cuestionado por sus anteriores ejecutorias en ese tribunal y por prácticas corruptas, dio vía libre a la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Oenegés. Con esta acción, el cuerpo que debe garantizar el respeto de derechos, libertades y garantías se constituye en verdugo de estos.
Los cambios que la ley de marras contiene otorgan facultades arbitrarias, típicas de estructuras dictatoriales, al Organismo Ejec...
A poco de haber asumido, la CC que ahora preside Roberto Molina Barreto, cuestionado por sus anteriores ejecutorias en ese tribunal y por prácticas corruptas, dio vía libre a la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Oenegés. Con esta acción, el cuerpo que debe garantizar el respeto de derechos, libertades y garantías se constituye en verdugo de estos.
Los cambios que la ley de marras contiene otorgan facultades arbitrarias, típicas de estructuras dictatoriales, al Organismo Ejecutivo. La base para establecer los criterios que permitirían la cancelación discrecional de organizaciones no gubernamentales es la Ley de Orden Público, promulgada por el Estado contrainsurgente. Dicha norma se enfoca, precisamente, en conculcar el ejercicio libre de los derechos que la actual Constitución Política de la República garantiza. Por consiguiente, la consideración de este elemento comparado con la exposición de motivos de la carta magna debió bastarle a la CC para declarar la inconstitucionalidad.
Sin embargo, la CC está conformada por personas que responden a los intereses del pacto de impunidad pro-Estado mafia. Y por si fuera poco, también está integrada por una magistrada, Leyla Lemus, que mintió sobre los títulos académicos que ostenta para optar a la posición que ahora ocupa. A ella la acompaña Néster Vásquez, quien aparece en la lista de personas señaladas por corrupción en un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Además de la resolución contraria a la carta magna respecto a la Ley de ONG, ahora el tribunal constitucional se alía al Congreso de la República para dar un golpe más a la institucionalidad. La CC otorgó un amparo provisional a la Fundación contra el Terrorismo —señalada de violación de derechos humanos—, lo cual impide que Gloria Porras asuma como magistrada en dicho tribunal. La Universidad de San Carlos, cuyo Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Porras para la CC, resolvió los incidentes planteados ante el nombramiento. Habiendo fracasado ante el CSU, la fundación que dirige Ricardo Méndez Ruiz obtuvo apoyo de la CC para seguir con su cruzada golpista e impedir la asunción de la magistrada Porras.
Pero la escasa calidad académica de quienes integran la actual CC no es la razón de fondo de las resoluciones contra derecho. Si bien la mediocridad es la norma en el desempeño de sus funciones en diversos campos, lo que en realidad sustenta las decisiones adoptadas por este tribunal es su compromiso con el pacto de impunidad y de corrupción.
Haber secuestrado el aparato estatal de pesos y contrapesos es el paso inicial que ha llevado a la instauración de una arquitectura mafiosa para control del Estado. A la garantía de este propósito es a lo que responden las resoluciones del cuerpo colegiado que ahora integran Molina Barreto, Lemus, Vásquez y Luis Rosales, así como las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua. Tal parece que llegaron a ocupar sus oficinas con un listado de tareas que atender a fin de garantizar que se teja sin contratiempos el entramado de crimen para controlar el Estado.
Con una constitución garantista pero violentada, Guatemala es hoy como ese gigantesco buque llamado Titanic, que estaba revestido de los mejores acabados y mecanismos, pero que al menor choque con un témpano se hundió irremediablemente. En las actuales circunstancias, con semejante integración de la CC y de los mecanismos de control, este país es un barco a la deriva que habrá de hundirse para que en las aguas renovadas se levante una nueva embarcación en la que quepamos todas y todos y que pueda resistir los embates de la depredación económica, social y política. No nos merecemos menos, pero debemos articularnos más.
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