La exclusión de los excluidos en el Presupuesto

Supuestamente dicha problemática se refiere a salud reproductiva, empleo, educación y otros aspectos. Para cerrar, afirma: “somos el 75% de la población de Guatemala”, al mencionar esto evidentemente trata de desnudar la injusticia del “malévolo” Estado.

El pobre criterio periodístico interesado más en sumar voces en torno a lo que considera controversial, utiliza la misma lógica para acercarse a representantes sectoriales de mujeres que, al igual que lo hizo el joven antes mencionado,  afirma que lo dispuesto en el presupuesto es insuficiente para tratar “la agenda pendiente” en cuanto a salud reproductiva, violencia intrafamiliar, femicidio y otros. Tras esta afirmación, que constituye su agenda sectorial surge de nuevo el argumento, “somos más del 50% de la población de Guatemala” y claro, visto esto en forma aislada nos proporciona un esquema de injusticia por parte del prevaleciente “Estado Patriarcal” dominado en este caso por mentalidades y porque no decirlo por “machos” (de forma y fondo)

Al unir ambas declaraciones surgen dos cuestionantes: ¿no son mujeres el 50% de los jóvenes? Y ¿no son jóvenes el 75% de las mujeres? Esto plantea una paradoja más filosófica y política, los sectores parcelados, formados esencialmente desde el clientelismo alimentado por la cooperación internacional, reducen “su problemática” a términos de agenda, pero en este ejercicio inconscientemente se disputan la población.

En este mismo escenario aparecen los dirigentes mayas, de un cúmulo de organizaciones empoderadas desde esa misma cooperación internacional occidental con diversidad de discursos segregacionistas, vuelven a afirmar que el Presupuesto Nacional es insuficiente frente a las demandas del “pueblo maya” y a ello agrega la nueva tendencia en el desarrollo de las ciencias sociales locales de “fortalecimiento de la territorialidad”. Junto con el “desarrollo de un Estado incluyente intercultural”  la sentencia final es: “los mayas somos el 60% de la población” (lo que contradice las cifras del INE que no son reconocidas por ellos mismos por “racistas”).

Si traslapamos los tres argumentos sectorialistas, el 60% de las mujeres son indígenas y a la vez son mayoritariamente  jóvenes, esto contradice el nivel de credibilidad de “lo representativo” de los sectores, ¿Qué tanto están autorizados los jóvenes y las mujeres para asumir la representación de mujeres indígenas? O ¿qué tanto están autorizados los mayas para asumir que pueden representar a mujeres y jóvenes si estos poseen sus propias características sectoriales?

Los sectores sociales no son realidades absolutas, aun cuando los “dirigentes” así lo crean, sus posicionamientos son políticos frente al Estado. Los dirigentes  y funcionarios sectoriales no son más representativos que cualquier otro miembro con sus mismas características genéricas, etarias o culturales, la diferencia es el discurso. El Estado clientelar y mediático entra en ese juego de representaciones sociales que proporciona la idea vaga de “democrático”.

¿Quién es el otro en el discurso del excluido?

El hombre, el adulto, el ladino y el Estado, en su manifestación individual, el machista, adultocentrista, racista y patriarcal y colonial en su manifestación colectiva. El feminismo institucional baja la voz cuando se trata de señalar a los hombres indígenas y jóvenes como manifestación social de lo patriarcal, por su parte el joven hace lo mismo cuando señala que mucho de ese adultocentrismo viene de mujeres y de indígenas y por último el maya (como definición política) se cuida de señalar a las mujeres y jóvenes ladinos como la manifestación de su antítesis cultural. Esto responde a dos lógicas, a la reducción del contrario a una imagen omnipresente “El Estado” y del hombre adulto ladino, las otras realidades sociales “no pueden ser parte del problema”.