A lo largo de dicho proceso, los derechos de la ciudadanía han sido permanentemente violentados. Y a lo largo de este, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ha estado día a día, a riesgo de la salud de su equipo, verificando la situación de las y los pacientes, así como del personal médico y paramédico en primera línea, y, durante la vacunación, demandando constantemente que esta se realice masiva y eficientemente.
En esa titánica tarea, el PDH y su titular, Jordán Rodas Andrade, han estado casi en solitario. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que tiene jerarquía legislativa sobre aquella institución, ha guardado silencio absoluto. No ha actuado en respuesta a las denuncias por falta de pago al personal médico, por falta de medicamentos e insumos de trabajo en el sistema hospitalario o por la pretensión empresarial de cobrar por el uso de las instalaciones del Parque de la Industria. Por supuesto, sus integrantes tampoco abrieron la boca ante el escándalo que representa la compra fallida de 16 millones de dosis de vacuna Sputnik V a un intermediario al que se le adelantó la mitad de los costos, más de 600 millones de quetzales.
Para eso de requerir una defensa de los derechos realmente vulnerados de la ciudadanía, nada ha hecho la comisión legislativa que preside Álvaro Arzú Escobar, diputado por herencia de su padre, el fallecido expresidente Álvaro Arzú Irigoyen. En cambio, ha estado presta a iniciar un proceso contra el PDH a partir de la solicitud del diputado Aníbal Rojas, de la bancada VIVA, aliada al oficialismo. Cabe señalar que la esposa del congresista Rojas fue nombrada en diciembre cónsul de Guatemala en Riverhead, Nueva York, adonde llegó luego de ser contratista del Estado por un monto superior a los 700,000 quetzales en un año.
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El diputado Rojas presentó a la la comisión del Congreso la denuncia que dice haber recibido de Heidi Tamara de León y Henry Elías Wilson, exfiscal de Delitos Administrativos y magistrado de sala de apelaciones de femicidio, respectivamente. La denuncia planteada, según indica Rojas, alega que el PDH no le dio seguimiento al caso planteado por la pareja, cuya hija de nueve años, aseguran, fue investigada por la Fiscalía de Lavado de Dinero cuando De León dejó el Ministerio Público (MP).
Según los denunciantes, la fiscalía solicitó una certificación de nacimiento de la menor, lo que, a juicio de los padres, viola los derechos de ella. Sin embargo, no refieren haber iniciado diligencias en la misma fiscalía ni haber indagado la razón de dichas investigaciones. El magistrado Elías Wilson tiene iniciado un proceso de antejuicio, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en el caso Comisiones Paralelas 2020. De declararse con lugar el proceso, al que ya la Corte Suprema de Justicia dio trámite, él enfrentaría acusación por los delitos de tráfico de influencias, violación de la Constitución y asociación ilícita.
En tanto, De León fracasó en su intento por ocupar la jefatura del MP, puesto para el cual terminó fuera en las primeras rondas, ya que apenas obtuvo una nota de 38 de 100 puntos posibles.
La denuncia contra el PDH, en la cual De León y Elías Wilson piden que el titular de dicha entidad sea destituido, tiene todas las aristas de una acción espuria. Es ni más ni menos una acción con carga política en el marco de las diligencias que desde varios espacios impulsan las estructuras que operan en favor del pacto de corruptos.
De ahí que la comisión que lamentablemente dirige Arzú Escobar sea incapaz de atender las denuncias de derechos realmente vulnerados y corra veloz a montar procesos contra el titular del PDH, quien obviamente les resulta incómodo. No les importa violentar y retorcer la ley en aras de ganar un pulso contra la Constitución. Pero, como bien dijo Salvador Allende: «Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos».
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