El 28 de febrero, el juez décimo de primera instancia penal, Jimmy Bremer ordenó investigar a periodistas y a un columnista de elPeriódico. Bremer complace a la fiscal Cinthia Monterroso quien les acusó de obstaculizar la acción penal con su trabajo periodístico. Monterroso además, afirmó que las publicaciones de prensa que cuestionaban su desempeño, constituían amenazas y coacción a la independencia judicial.
Las reacciones ciudadanas y del gremio nacional e internacional contra semejante aberración no se han hecho esperar. Diversas manifestaciones se produjeron en Guatemala, Quezaltenango, México y Estados Unidos, en las cuales las y los periodistas reclaman ejercer los derechos a informar y a que la sociedad esté informada.
De igual forma, entidades de prensa y organizaciones sociales se han pronunciado contra lo que significa violentar el artículo 35 Constitucional y la protección a la labor periodística y el derecho a la libre expresión que este protege. Amén de lo que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consigna y de la cual, Guatemala es signataria.
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El ahora titular de la deslucida y mal llamada Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche, reaccionó con la difusión de un video el 6 de marzo. En el mismo, Curruchiche compara el pedido de su subordinada con la persecución penal a Rolando Moisés Pérez, extrabajador de la municipalidad de Mixco, sentenciado a 12 años de prisión por los mismos delitos. En su diatriba, presume de la sentencia que fue obtenida durante la gestión de su antecesor Juan Francisco Sandoval quien sí documentó las actuaciones ilegales del convicto.
Curruchiche y Monterroso, en cambio, se basan en la labor periodística de investigación e información que señala y revela la podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia en Guatemala.
En su rosario de falacias, el titular de la Feci ilustra sus mentiras con imágenes del comunicado de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), con relación a la condena contra Pérez. Lo hace justo cuando afirma que «se han generado una serie de publicaciones en los cuales (sic) de forma sistematizada, coordinada e irresponsable —Curruchiche retorna a la pantalla—, se ha atacado, coaccionado y obstruido la investigación …». Este uso de imágenes de fondo para ilustrar las afirmaciones de Curruchiche son una amenaza más a varios derechos, el de expresión del pensamiento incluido.
Aunque el funcionario afirma con vehemencia poco creíble que no hay criminalización al ejercicio periodístico o de los derechos de libertad de expresión, el lenguaje visual de su mensaje y, sobre todo, las actuaciones de su oficina, lo desmienten. La Feci hace mucho que dejó de ser lo que su nombre refiere. De hecho se ha convertido en el eslabón entre la jefatura del Ministerio Público (MP) y las estructuras de corrupción e impunidad.
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Lejos de ser el ente responsable de velar por el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de Derecho, el MP por medio de la Feci ha sido una especie de Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad (Ciacs) que persigue a jueces y fiscales independientes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por lo tanto, es una suerte de verdugo de la palabra que ahora la amenaza.
La etiqueta del #NoNosCallarán, es un grito de defensa de derechos no solo inherentes al ejercicio periodístico. La amenaza de Curruchiche al pronunciamiento de quienes defienden derechos humanos, trasciende ese espacio. El incompetente fiscal esgrime la guadaña del uso indebido de la ley para ablandar el terreno a la corrupción y la impunidad. Pero ni antes ni ahora, la censura ha logrado silenciar a la sociedad. Más temprano que tarde las voces por la justicia y la libertad se alzarán contundentes contra la arbitrariedad y el autoritarismo.
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