No les hemos olvidado

La mañana de ese día, un grupo de hombres y mujeres del norte de Quiché y otras comunidades, integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), llegaron a la sede diplomática y la ocuparon. Les acompañaban integrantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García (FERG) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de secundaria. La denuncia internacional ante las atrocidades que vivían a manos del ejército de Guatemala buscaba obtener solidaridad y evitar que las acciones del terrorismo de Estado se acrecentaran.

Sin embargo, la respuesta gubernamental, lejos de respetar el derecho internacional y los tratados que obligan al Estado a respetar la sede diplomática, tomó por asalto el edificio con todas las personas que lo ocupaban. Para alcanzar su cometido de control, las fuerzas policiales prendieron fuego a las instalaciones y negaron el acceso de los cuerpos de socorro.

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Como resultado del hecho 36 personas, entre ocupantes y personal de la embajada, murieron en el incendio.  Dos personas que salvaron la vida, el embajador Máxio Cajal y el integrante del CUC Gregorio Yuja Xona, fueron trasladados a un centro asistencial. Gregorio Yujá fue secuestrado la noche de ese 31 de enero, lo  torturaron encima de las quemaduras que había recibido y luego fue asesinado. Su cuerpo sin vida fue lanzado frente a la rectoría de la USAC.

Durante el sepelio de las víctimas, cuando los cuerpos de estas eran trasladados desde el Paraninfo Universitario, en la zona 1, miembros del escuadrón de la muerte, oficialmente llamado Comando Seis, asesinaron a Gustavo Adolfo Hernández, estudiante de Medicina y a Jesús Alberto España, estudiante de Derecho. Ambos eran integrantes del FERG y habían participado en el velorio.

En el 2015, un tribunal condenó por este crimen a Pedro García Arredondo, comandante del siniestro Comando Seis, responsable material de la masacre. No obstante, queda por juzgar las responsabilidades inherentes al racismo estatal y a los actos que formaban parte del plan ejecutado con  las violaciones a derechos humanos que denunciaron los ocupantes de la embajada y que derivarían en los actos de genocidio cometidos por el ejército.

Las víctimas de la masacre de la embajada de España no se nos han olvidado. La responsabilidad del Estado excluyente y racista, tampoco. A 45 años de este hecho deleznable, demandamos la reivindicación de quienes solo hicieron uso de su derecho a reclamar el cese de la barbarie. Como un 8 de marzo en 2017 lo hicieron las niñas del mal llamado Hogar Seguro. Al igual que Lucas García en 1980, Jimmy Morales también ordenó cerrar el acceso a los cuerpos de socorro y permitir que el fuego diera cuenta de las personas encerradas por las fuerzas de seguridad.

No se nos han olvidado las víctimas de la masacre de la embajada de España. No se nos han olvidado las niñas del hogar Virgen de la Asunción. No se nos ha olvidado el racismo y la discriminación. No se nos ha olvidado que la impunidad sigue siendo política del sistema de justicia. No se nos ha olvidado que tenemos derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia.