La paradoja del ejército en las calles: es costoso, innecesario y no baja la violencia
La paradoja del ejército en las calles: es costoso, innecesario y no baja la violencia
A lo largo de los últimos 22 años, la experiencia, los datos y un informe al que tuvo acceso Plaza Pública han demostrado que la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, que competen a la Policía Nacional Civil (PNC) no incide en la reducción de la violencia homicida. Por el contrario, ha entorpecido el trabajo de la policía y representa un riesgo para los ciudadanos.
Desde octubre del 2022, el Ministerio de Gobernación implementó la poco novedosa medida de integrar a soldados en patrullajes y puestos de control conjuntos con la PNC. Es la misma idea que fue desechada hace cinco años por ineficiente e incluso riesgosa para la población.
El objetivo de reactivar el plan es reducir la violencia homicida en el país. Para las autoridades, es un éxito; para el análisis de datos y experiencia acumulada en 20 años, poco o nada han influido en reducir los índices de violencia.
El plan 30-2022, Operación interinstitucional contra la criminalidad, es una medida implementada exclusivamente en los departamentos de Guatemala y Escuintla. Según el vocero de la PNC, Edwin Monroy, esta modalidad de trabajo les permite tener mayor cobertura y potencia. «El trabajo de seguridad está a cargo de la PNC pero el Ejército nos da acompañamiento y eso implica un mayor alcance. Porque tenemos dos policías y cinco soldados, ya con eso podemos ingresar a cualquier callejón o barranco. Pero en el tema de registro, identificación de personas, solicitud de solvencia, el encargado es el policía», asegura.
Según el documento oficial, el trabajo de la policía consiste en la instalación de puestos de control y registro en lugares estratégicos, seguridad estática, incursiones y seguridad dinámica en puntos críticos, patrullajes motorizados combinados en callejones y avenidas principales. También recorridos perimetrales en colonias, registro, identificación y perfilación de pilotos de motocicletas, mototaxis y taxis, con acompañamiento de soldados.
El plan está en marcha pese a que en 2018 se dio por concluido el plan de retiro gradual del Ejército, bajo la dirección de Francisco Rivas, entonces ministro de Gobernación. Dicho proyecto entró en marcha luego de evidenciar que en lo que a seguridad ciudadana se refiere, el personal militar no representaba un apoyo sino un recurso innecesario y de complicada logística que dificulta el trabajo de la policía.
El mito del ejército que reduce la violencia
Aunque, uno tras otro, los diferentes gobiernos a partir del año 2000 han recurrido al uso de soldados como estrategia para reducir la delincuencia y homicidios, la realidad es que ninguno de esos planes ha resultado efectivo. Generalmente, se ha implementado como una medida reactiva en zonas rojas, en las que los picos en homicidios son frecuentes o se desencadenan ataques contra buses del transporte público. Zonas de la ciudad como la 18 o municipios como Mixco y Villa Nueva han sido escenarios de operativos conjuntos en los que el Ejército se ha desplegado por semanas e incluso meses. Sin embargo, no son los sectores que encabezan los índices de homicidios. Según datos oficiales, Tiquisate (Escuintla), San Pedro Ayampuc (Guatemala) y San Cristóbal Acasaguastlán (El Progreso) son los que encabezan las tasas más altas.
El actual ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, de formación militar, asegura que el plan operativo de Giammattei, que supone involucrar nuevamente a soldados en tareas de seguridad «ha sido efectivo y funcional, y ha habido desde su entrada en vigencia un descenso de hechos criminales, delictivos». Sin embargo, las cifras de homicidios a lo largo de los últimos 22 años han aumentado o disminuido independientemente de la presencia del ejército en las calles.
«Sobre la base de información documental del apoyo que el ejército de Guatemala le presta a la Policía Nacional Civil, con toda seguridad le puedo decir que no incidía en la reducción de los homicidios y tampoco la de la violencia en general», declaró Francisco Rivas, exministro de Gobernación bajo el mandato de Jimmy Morales, tras dejar el cargo.
Rivas confirmó durante su gestión que los soldados aportaron muy poco o casi nada a las labores de seguridad. Sumado a eso, entorpecieron el trabajo de los agentes de la policía.
Plaza Pública tuvo acceso a informes y registros elaborados por la Policía Nacional Civil en 2017 y 2018, en los cuales se evidencia que el ejército desplegaba un promedio de 130 soldados al día, para apoyar a la PNC en tareas de seguridad ciudadana en Guatemala, Escuintla, Petén, Izabal y Chiquimula (departamentos con mayores índices de criminalidad). Una cifra minúscula en comparación con los casi 40,000 policías asignados a esa labor.
En el Plan de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y retiro gradual del Ejército Nacional de Guatemala en tareas de seguridad ciudadana, también se detallan diversos inconvenientes que la presencia de soldados en las calles generaba para la PNC y la ciudadanía. En principio, dice el documento, los soldados recibían directrices distintas y contrarias a las que se inculcan a los policías para abordar el tema de seguridad ciudadana.
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«En la guía de conducción de los comandantes de unidades en apoyo a la seguridad pública se contraviene la esencia de la seguridad ciudadana y comunitaria puesto que en una de sus directrices expresa: evite, usted y personal subalterno, familiaridades con los vecinos del área», cuando la proximidad entre policía y vecino es uno de los vínculos que la institución inculca como estrategia de prevención y seguridad, señala el informe.
Además, la participación de soldados en patrullajes suponía una serie de inconvenientes para la PNC. La movilización y transporte quedaba a cargo del Ministerio de Gobernación pues el Ejército no aportaba vehículos para trasladar a sus soldados . El apoyo del personal militar estaba condicionado por sus horarios de alimentación. Los soldados «deben ingerir sus alimentos en su respectiva sede, esto provoca que los vehículos policiales, deban trasladarlos y salgan continuamente de su sector», detalla el documento.
«A los (soldados) destinados al Distrito Central, la PNC tenía que irlos traer a la Guardia de Honor después de las siete de la mañana, cuando ya tenían su desayuno, llevarlos a puntos especiales para que patrullaran, y a mediodía regresarlos a la Guardia de Honor para que ingirieran sus alimentos; luego regresarlos. Es decir, a la PNC le consumía muchos recursos, sin contar todo el combustible que se les daba a sus vehículos», declaró Rivas en una entrevista a Plaza Pública.
En el mismo documento también se explica que los operativos de control vehicular instalados por soldados también generaban dificultades, ya que eran cercanos a los operativos instalados por policías, lo cual representaba una duplicación de esfuerzos e incomodidades a los ciudadanos.
Además, de los inconvenientes en la logística de trabajo, la participación del ejército también supone riesgos y costos importantes para el Estado. Un informe publicado por la Fundación Myrna Mack, analiza el rol de las fuerzas armadas en el tema de seguridad ciudadana.
El análisis reveló que entre 2014 y 2017, en promedio, el Ministerio de la Defensa recibió Q70 millones 444 mil 267.50 anuales que incluyen gastos no especificados por su participación del Ejército en tareas de seguridad pública. El monto asignado continuó aumentando cada año. Y a pesar de la implementación del Plan de Operativización del retiro gradual del Ejército de Guatemala en tareas de seguridad ciudadana en 2017, el presupuesto de ese año fue el más alto de los cuatro años anteriores.
Además, el análisis reveló que según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre 2014 y 2017, hubo 172 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, un promedio de 43 denuncias por año.
Los casos en que ciudadanos son agredidos por soldados han sido de conocimiento público en lugares como Escuintla, Villa Nueva y Mixco.
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Según información de la PDH, del 2000 a la fecha, en todo el territorio nacional se han presentado 514 denuncias en contra de soldados por violaciones a derechos humanos y agresiones a civiles. «Cinco elementos del ejército golpearon a menores de edad», «grupo de jóvenes son maltratados por soldados militares» y «elementos del ejército golpearon a dos menores de edad», se lee en los registros de las auxiliaturas departamentales.
De ese total, la mayoría (260) fueron registradas en el departamento de Guatemala. Especialmente durante los gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. En enero de 2023, ya se reportaron dos denuncias. El segundo departamento con mayor reporte de denuncias es Suchitepéquez y Petén. También en medios nacionales hay registro de estos casos, incluso algunos que llegaron a condena.
Según el analista en temas de seguridad, Edgar Celada, el Ejército es una fuerza armada creada para la guerra, sus efectivos están creados para matar. «Ellos utilizan armas de guerra, no armamento para proteger a civiles», explica. Por tanto, no es de extrañar que exista tal registro de denuncias pues han sido capacitados para otras funciones, no para recorrer las calles ni proteger a personas.
Homicidios en aumento
Fue durante el gobierno de Alfonso Portillo cuando el Ejército comenzó a involucrarse en las tareas de seguridad ciudadana, a través del Decreto 40-2000. Con esta normativa se ampliaron las facultades del ejército para apoyar a las fuerzas de seguridad civil en el combate a la delincuencia común «cuando las circunstancias de seguridad del país demanden la asistencia, o los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimaren insuficientes».
En ese entonces había 16,570 policías, es decir, 1.4 policías por cada 1,000 habitantes. Actualmente, la cifra supera los 40,000. Hay un policía por cada 400 habitantes. En los siguientes gobiernos, mediante acuerdos gubernativos y decretos, se fue ampliando el margen de participación del personal militar en estas labores.
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En enero de 2015, bajo el mandato de Otto Pérez Molina, se aprobó el Acuerdo Gubernativo 31-2015, para la creación de los «Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana» (Cersc) con el fin de «apoyar a las Fuerzas de Seguridad Civil en sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado, la delincuencia común y el restablecimiento o mantenimiento de la seguridad ciudadana cuando las circunstancias de seguridad del país demanden la asistencia, o los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimaren insuficientes».
Independientemente de dichas acciones, fue hasta 2010 cuando las cifras de homicidios comenzaron a marcar una tendencia hacia la disminución. Desde 1999, Carlos Mendoza, analista de Diálogos, estudia la evolución de la violencia homicida en el país. «La tasa venía descendiendo desde finales del 2009, cuando tuvimos 46 homicidios por 100,000, el máximo histórico para el presente siglo. En 2020 (el primer año de la pandemia y los toques de queda) se llegó a un mínimo histórico», explica.
Sin embargo, la tasa comenzó a subir nuevamente en mayo de 2020. En los últimos dos años consecutivos los homicidios han ido en aumento.
«Tras la llegada de Degenhart, estuvimos advirtiendo que las cifras tendrían un aumento», explica Mendoza. Sin embargo, aclara, interpretar las cifras de homicidios es un ejercicio complejo ya que las variables para medir la delincuencia no cambian de forma inmediata tras acciones implementadas por gobiernos. No obstante, explica, el incipiente aumento de los homicidios podría estar relacionado a los cambios realizados en la institución policial durante la gestión de Enrique Degenhart, en el gobierno de Jimmy Morales.
El debilitamiento de la PNC
Con la llegada de Degenhart al Ministerio de Gobernación, recuerda Mendoza, fue desmantelada la cúpula de la PNC, rompen la moral de la PNC, el impacto no ocurrió de inmediato, acto que influyó en la moral de los agentes policiales. No obstante, las cifras de homicidios siguieron disminuyendo. «Coincidimos en que ese deterioro se está reflejando ahora en hechos delictivos. Lo mismo ocurrió tras las reformas realizadas a la PNC en 2006, hubo cambios positivos pero los resultados se vieron hasta 2010», explica.
Según Carlos Menocal, quien también ocupó el cargo titular de Gobernación pero en el gobierno de Álvaro Colom, un momento crucial para la PNC fue el desmantelamiento institucional a cargo de Degenhart. «Desmantelaron a una generación de oficiales jóvenes, con experiencia y capacitación, que venían formándose desde 2009 y 2010. Policías que recibieron capacitación académica, formación, carrera universitaria y habían ascendido con grados académicos meritorios», explica el exfuncionario.
En palabras del exministro Francisco Rivas: «Toda la profesionalización que se había dado en el Mingob para aquellos agentes en puestos clave fue prácticamente desbaratada. La investigación criminal dejó de ser prioridad, la profesionalización también, la seguridad operativa se mantuvo. La prevención del delito quedó relegada».
En un análisis sobre la situación de la PNC en el país, realizado por el Foro de Organizaciones de Seguridad Ciudadana, en 2018, anticiparon que dichas acciones impulsadas bajo el mandato de Jimmy Morales buscaban incorporar militares en las filas de la PNC, establecer nuevamente la militarización de la seguridad pública luego de haber retirado a los soldados de los patrullajes conjuntos.
La experiencia, coinciden expertos en el tema y exfuncionarios de gobierno, ha demostrado que la presencia de soldados en retenes, patrullajes o recorridos policiales no tiene un impacto en la reducción de la violencia homicida. «La participación militar en patrullajes no tiene mayor impacto, es un recurso desperdiciado», sentencia Menocal. Si bien es cierto, agrega, que el ejército puede tener una función importante en temas de narcotráfico, cuando se refiere a seguridad ciudadana no consiguen ningún resultado.
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«Tener soldados en un retén no tiene un gran impacto. Los policías y soldados uniformados pueden hacer acciones de prevención, mitigar la delincuencia pero al mismo tiempo es necesario investigar y aplicar inteligencia policial. Detectar y desmantelar estructuras criminales también es un trabajo que hay que hacer», explica.
Si la estrategia para reducción de homicidios se concentra en patrullajes con soldados, concluye, el plan termina siendo «una puesta en escena de operativos que no tienen resultados».
«El Ejército nos cuida»
En diciembre de 2017, cuando en el gobierno de Jimmy Morales aún no se concretaba el retiro definitivo del ejército en las calles, era evidente el rechazo de los directivos de la PNC a recibir el acompañamiento de soldados en patrullajes y operativos.
Mientras el plan de retiro gradual del ejército avanzaba, el Ministerio de la Defensa insistía en la importancia de que los soldados acompañaran a los policías en sus diligencias. Aseguraban que era una medida para proteger a la PNC ante los riesgos que enfrentan en su trabajo.
«Como Director», dijo Ramos, quien entonces ocupaba el cargo, «nunca he visto y sentido la necesidad de que nadie nos cuide para cumplir con nuestro trabajo. Nuestros Policías Nacionales Civiles luego de superar pruebas físicas, psicotécnicas, de cultura general, médicas, son sometidos a un proceso de formación durante un año lectivo».
Mientras la PNC de ese entonces defendía la capacidad de la institución para ejecutar las tareas de seguridad ciudadana por sí solos, ahora la entidad reconoce sus deficiencias y asegura que requiere la compañía de soldados para que estos cuiden de los agentes policiales.
Según Celada, desde la Firma de los Acuerdos de Paz las funciones del Ejército están claras: se debe limitar al cuidado de las fronteras. No tienen competencia en la seguridad ciudadana. Sin embargo, en los últimos 23 años, un presidente tras otro ha intentado otorgarle esa y otras funciones que no le corresponden. «Se les ha buscado una razón de ser, en un país sin enemigos externos ni internos el Ejército se quedó sin una función, es una crisis misional», dice Celada. Es por ello que además de recorrer las calles junto a la PNC, también se han tomado tareas como la elaboración de escritorios, reparación de carreteras, vacunación en tiempos de Covid19 , entre otras. Su participación en la seguridad, agrega, ha sido una práctica constante del pensamiento conservador, que se repite especialmente en cada proceso electoral. Sin embargo, no es más que un recurso para buscar una función a la institución a costa de una falsa sensación de seguridad de parte de la población.
«No sorprende que el Ejército no tenga incidencia en la reducción de violencia homicida, añade, y es que de hecho no es parte de sus funciones».
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