La PNC y el modelo policial

El informe representa una importante sistematización de los diversos aspectos relacionados con la fuerza policial en Guatemala. La PNC es un producto de los Acuerdos de Paz de 1996 y como tal, desde su nacimiento ha sido objeto de un especial acompañamiento de parte de la comunidad internacional, que se ha dirigido primordialmente a su institucionalización y fortalecimiento.

Dieciséis años después, la PNC se enfrenta a los desafíos identificados en su momento por el informe temático presentado por MINUGUA en 2001: sigue haciendo falta la construcción de un modelo policial, los controles disciplinarios internos deben ser mejorados, la Academia, y los procesos de formación y entrenamiento deben ser  fortalecidos, las condiciones de acuartelamiento y servicio del personal deben adecuarse a estándares mínimos, el presupuesto debe estar acorde a las necesidades institucionales…

Todo lo  anterior, además de la falta de un soporte jurídico que garantice la carrera policial, y que establezca con claridad las funciones de la institución en cuanto a la seguridad interna.

Estas necesidades son fundamentales a la hora de cimentar una fuerza policial capaz de hacer frente a un entorno cuyas condiciones han cambiado dramáticamente desde la firma de los Acuerdos de Paz. En este sentido, deben ser especialmente valorados los esfuerzos realizados por las comisionadas para la reforma policial, que han intentado levantar a la institución y empujarla a su modernización y afianzamiento institucional.

Sin embargo, existen temas que el informe del Crisis Group vuelve a plantear, y que requieren de una discusión seria. En 2002, el Informe Temático de MINUGUA sobre los compromisos relativos al ejército de Guatemala, estableció,  siguiendo los criterios establecidos por Naciones Unidas  y otros organismos regionales de derechos humanos, que el apoyo de las fuerzas militares a las fuerzas de seguridad civil debería darse en condiciones de sujeción a mando civil, temporalidad y excepcionalidad. El Crisis Group incluye entre sus recomendaciones que la función de las fuerzas armadas debería enfocarse de manera primaria a la protección de fronteras, y de manera extraordinaria y secundaria, a brindar apoyo temporal y emergente a las fuerzas de seguridad civil.

Como lo afirma el informe de Crisis Group, “nadie pone en duda que el Gobierno de Pérez Molina controla a las fuerzas armadas y no viceversa”. Sin embargo, las condiciones de temporalidad y excepcionalidad, del apoyo de las fuerzas militares, han sido ampliamente rebasadas. A partir del Acuerdo Gubernativo 40-2000, hasta la fecha, por lo menos una docena de instrumentos han renovado el mandato de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, sin que las estadísticas demuestren su relevancia y utilidad. En otras palabras, parecería que se ha tomado la solución de “sacar” el ejército a las calles, para mejorar la percepción de seguridad pública, aunque los números de homicidios y robos no disminuyan.

¿Será que en el marco de la discusión actual sobre la policía única y la creación de un ente especializado de investigación criminal, cabe espacio para debatir el modelo policial en el cual deberían desempeñarse?