Sostiene una política de detenciones masivas proveniente de ofertas de política popular, la cual ofrece seguridad mediante más detenciones, y a su vez tiene que custodiar a todas esas personas que detuvo en las obsoletas prisiones del país. Lo más contradictorio es que ni teniéndolos detenidos logra frenar las acciones delictivas.
Recientemente se inició la construcción de una nueva cárcel en Villa Nueva. El argumento es que ayudará a disminuir la sobrepoblación carcelaria que hay en el país. Pero esto no es cierto, pues, mientras se mantenga la lógica de detenciones masivas y prisión preventiva para la mayoría de los delitos, lo que sucederá es que en algunos años esa cárcel estará también sobrepoblada. La Ley del Régimen Penitenciario manda construir un centro de detención preventiva por cada departamento, además de un centro de cumplimiento de condena por cada una de las regiones en que se encuentra dividido el país. Esto significa que debe implementarse una política de redistribución de centros de detención y de personas privadas de libertad. Solo en el departamento de Guatemala ya hay diez centros de prisión.
Una correcta distribución de centros de detención en el territorio nacional también permite una adecuada clasificación de las personas por tipo de prisión, así como centros nuevos y modernos que cumplan con una arquitectura orientada al fin resocializador de la pena. Es decir, si se van a invertir recursos en prisiones, que se haga mediante lo que ordena la ley y bajo los fines establecidos en la Constitución Política de la República. Pero, debo insistir, esto debe ir acompañado del rechazo de la idea de las detenciones masivas y de la exagerada prisión preventiva. Además, deberían caer en desuso al menos un 80 % de las prisiones actuales, pues ninguna de ellas cumple ya con los fines adecuados para la correcta custodia de las personas reclusas.
Realizar un censo penitenciario, poner a trabajar a la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, establecer los programas y métodos para cumplir con el régimen progresivo que crea la legislación y, sobre todo, ser un buen patrono con funcionarios y empleados son los primeros pasos que se requieren para que la distribución de centros funcione, pues la gestión de estos no le corresponde a los privados de libertad.
Es evidente que el Gobierno pondrá como logro que se construyó una cárcel y lo celebrará con bombos y platillos, pero solo habrá construido un problema más, pues en el fondo no tiene la capacidad para administrarlo, gestionarlo y cumplir con el fin de resocialización. En materia de seguridad, pues claro que la población de Villa Nueva tiene razón luego de ver lo ineficientes que son las autoridades, a las cuales no les daría miedo tener un centro de detención a pocos kilómetros de su casa.
Actualmente, la prisión guatemalteca se ha vuelto una pena de muerte disimulada: entrar puede ser la ruta a perder la vida. Más cárceles no son la solución. Tampoco lo es proponer negociación sin control judicial. No se puede hacer que alguien cargue con una culpa sin tenerla. Por eso hay que tener cuidado con las propuestas de desconcentración judicial, pues tienen el vicio de sostener esas políticas de detenciones masivas.
Finalmente, la discusión fuera de los muros no debe sustentarse en el populismo penal, sino en la posibilidad de encontrar respuestas sociales a las necesidades. Distinto a estar optando por volver delito todo aquello que no se puede resolver.
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