Al escribir esta columna, la muerte, el dolor, el lugar, las circunstancias… todo se comenta con empatía, con morbo, incluso con oportunismo político o con el racismo con el que se suele culpar a las víctimas. En unos días el duelo comunitario se trasladará a las familias, que habrán de lidiar, además, con el impacto económico de manera individualizada y silenciosa.
¿Recuerda usted el 9 de septiembre de 2013? Ese día 48 personas murieron y 37 más resultaron heridas en San Martín Jilotepeque. Las causas de esa y otras tragedias suelen explicarse por el exceso de velocidad, la sobrecarga del vehículo, el pobre mantenimiento mecánico, la fatiga humana o la imprudencia de pasajeros o de peatones. Pero la accidentalidad tiene una dimensión social que permanece invisible, especialmente en los impactos individuales, que no llegan a las noticias. Esa dimensión social se conoce hoy en día como riesgo extensivo y provoca que las tragedias de San Martín Jilotepeque (2013), de Nahualá (2019) y miles más continúen ocurriendo en tasas inadmisibles.
Retomando el caso de Nahualá, el más reciente, la gente estaba en la cinta asfáltica porque había una persona fallecida, que, según un reporte de prensa, había sido atropellada una hora antes. Puedo asegurarle que, si no hubiera ocurrido un accidente más grave, ni siquiera nos habríamos enterado de la primera víctima. Entonces, el punto que quiero visibilizar es que reaccionamos al número de muertes dejando de lado que los impactos sociales de los accidentes son gravísimos y silenciosos. Pero todo se olvida en unas semanas.
En 1996 fue creada la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y en el decreto 109-96 el Congreso eliminó sin explicación dos elementos que eran parte del consenso interinstitucional: la necesidad de que los dictámenes fueran vinculantes y la función de abordar la accidentalidad vial en el trabajo y en otros ámbitos. De hecho, el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapa), que estaba adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dejó de funcionar en ese entonces y ninguna institución asumió sus modestas funciones.
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Hoy tenemos registros dispersos sobre la accidentalidad y una vergonzosa ausencia del Estado en su rol de proteger la vida y la salud de la gente en la calle, en el trabajo o en escenarios particulares. Y debo ser enfático en algo: la Seconred no tiene el mandato para realizar tal función, pues su competencia son los desastres, que por definición son eventos mayores. Finalmente, es indispensable tomar distancia y dar por sentado que la accidentalidad es un tema que seguirá agravándose a medida que la población crezca y las condiciones de riesgo extensivo sigan sin ser abordadas desde la educación, la salud, la inversión pública, la seguridad democrática, y mediante procesos específicos de regulación.
Dejemos algo en claro: los accidentes matan más personas y causan más sufrimiento que los terremotos, las erupciones y los huracanes combinados. Pero los accidentes se procesan en la lógica de la individualización del riesgo, que nos hace pensar en las tragedias como si fueran un fracaso personal, y no un problema social del cual somos parte.
Es indispensable un abordaje epidemiológico de los accidentes viales, así como de los que ocurren en el trabajo y en otros ámbitos. Este punto de partida debe articularse con una regulación efectiva del tránsito, de la seguridad y la higiene en el trabajo y de las condiciones que dentro de cada hogar combinan actos y condiciones de riesgo. Por eso mencioné arriba la educación, el sistema de salud y, en general, la presencia del Estado en las tareas que le corresponden.
En suma, las soluciones de mediano y largo plazo no son los túmulos o medidas temporales e intrascendentes como asignar policías unas semanas para monitorear un punto carretero. Las soluciones tienen que ver con que paguemos más impuestos y exijamos un Estado que imponga regulaciones, promueva la educación, mejore todo el sistema de atención de urgencias y sancione las infracciones. Para eso se necesitan recursos financieros e institucionales que hoy no existen.
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