El 22 de enero fueron ejecutadas y quemadas 19 personas migrantes en la zona de Camargo, Tamaulipas, México. De ellas, 14 han sido identificadas como guatemaltecas, según las pruebas de ADN, lo que confirma la denuncia inicial de sus familias. Son 19 personas con nombres, familias, historias y una gigante carga de necesidades que las forzaron a migrar sin saber que en el trayecto enfrentarían una muerte violenta.
El miércoles 10 de febrero apareció el cadáver de Sharon Jasmine Figueroa Arriaza, de tan solo ocho años, secuestrada un día antes en el patio de su casa mientras jugaba con su bicicleta. Además de la profunda agonía que representa esta muerte atroz, es todavía más lacerante el dolor cuando esta se suma a las muchas muertes y desapariciones de niñas, niños y adolescentes, cuando se conecta con la muerte violenta de mujeres en terrible aumento desde que asumió el cargo el actual ministro de Gobernación, Gendri Reyes.
La semana próxima está programada una audiencia cuya suspensión ha sido requerida, pues es parte de un proceso penal que la abogada Karen Fischer inició mediante denuncia espuria contra la familia Molina Theissen. Esta familia alcanzó, después de 37 años de impunidad, la condena de los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio y de la detención ilegal y la violencia sexual contra Emma Guadalupe, hechos ocurridos en 1981. Fischer, oficiosa representante de los militares condenados, alegó que Marco Antonio está vivo y que estuvo presente en la sala de audiencias el día de la sentencia.
Para probar su despropósito, la abogada presentó imágenes de quien sería cuñado de Marco Antonio, a quien le señala un parecido con el padre de las víctimas. Con base en ello acusó a la familia de simulación de delito y demandó una prueba de ADN para descartar el parentesco. Cabe destacar que, pese a que la acusación es falsa, ya se presentó un informe de prueba de ADN realizada por el laboratorio de genética de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), el cual está debidamente acreditado. No obstante, la acusadora insiste en rechazar dicho informe y en demandar otros aun cuando ya un juzgado desestimó su acusación y una sala de apelaciones ratificó la sentencia.
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En el caso de las personas migrantes, la vergüenza nos llega como sociedad que sobrevive en un sistema que expulsa a sus habitantes. La incapacidad del Estado y del sector económico para absorber a la población en edad de trabajar deja en el desamparo a millones de personas, que ven en la migración la única alternativa posible a su situación y a su vida de exclusiones. Pagar una cirugía que el sistema de salud no realiza porque no tiene capacidad no es algo que cualquiera haga. Como en uno de los casos, la opción fue migrar para intentar reunir los fondos que cubrieran el servicio. Guatemala muere de hambre, de necesidad, de falta de oportunidades, y muere también intentado migrar para salvar la vida.
En tanto, el asesinato de Sharon nos abochorna ante la incapacidad de ofrecerles a las niñas una opción de vida segura. En 2017, el Estado quemó a 56 niñas bajo su cuidado. De ellas, 41 fallecieron y 15 quedaron con severas cicatrices físicas y emocionales. Eso somos: un país que mata a su niñez y que no le ofrece alternativas de vida.
En tanto, la abogada Fischer y su denuncia falsa representan el rostro cadavérico de la impunidad, que aún se cierne sobre las víctimas, las personas sobrevivientes y las familias que sufrieron crímenes atroces por parte del Estado. Mientras los criminales del pasado sigan viviendo con impunidad, los del presente encontrarán terreno fértil para seguir robando, forzando la migración y asesinando el futuro.
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