Sin embargo, esta posibilidad se redujo hasta la anulación cuando los partidos políticos incursionaron en la competencia local y acabaron con la organización de los comités cívicos. Amarrados a las candidaturas a diputaciones distritales y a la presidencia de la república, la competencia por controlar las corporaciones en los municipios ha sido el botín de los cacicazgos regionales.
Así como las curules son ocupadas por cualquiera que tenga la billetera lo suficientemente gorda como para comprar la casilla, las corporaciones municipales se vuelven patrimonio de redes familiares, muchas veces vinculadas al crimen, que en el terreno local son la raíz de una corrupción que de la mano de las élites empresariales, militares y políticas ha capturado los poderes del Estado. La carrera política nacional y local ha dejado de ser un espacio de servicio para convertirse en un catálogo de la más baja calaña de políticos improvisados.
Para muestra, un botón representado por los alcaldes que han sido noticia en fecha reciente. El jefe edil de Quetzaltenango, Juan Fernando López, otorgó en donación al Estado de guatemala 16,000 metros cuadrados de bosque en los terrenos del zoológico de la ciudad. El regalo permitiría, luego de la tala de los árboles, la construcción de un parque conmemorativo del llamado bicentenario de la independencia.
El homólogo de López en San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer Agustín, no se queda atrás. Pellecer informó públicamente que espiaba a un comité de vecinos de Ciudad Quetzal que adversaban acciones de su gestión en el manejo del agua. El hijo de este jefe edil fue condenado por narcotráfico cuando el papá aún competía para la alcaldía. Este alcalde es hijo de Guillermo Pellecer, miembro de la Asociación de Dignatarios de la Nación, que recibe cinco millones del presupuesto del Congreso y que ha criminalizado a magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
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En Villa Canales tienen como alcalde a Julio Marroquín, quien para saltarse la línea de la vacunación contra el covid-19 se autonombró director de las clínicas municipales. Otras joyas municipales son el alcalde de Ocós, San Marcos, Carlos Danilo Preciado Navarijo, capturado en Panamá el 19 de enero a requerimiento de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico. Preciado Navarijo tiene una hermana en la actual legislatura.
Y aún hay más. El Ministerio Público solicitó antejuicio contra el alcalde de Ipala, Chiquimula, Esvin Javier, conocido también como Tres Quiebres. A Javier se le señala de un asesinato vinculado a un caso de narcotráfico. Su colega en la alcaldía de Mixco, Ernest Steve Bran Montenegro, también tiene solicitud de antejuicio por otros delitos, además de las múltiples denuncias por manejo indebido de recursos.
En tanto, el jefe edil de la ciudad capital no se queda atrás. Ricardo Quiñónez, quien prácticamente heredó la alcaldía de su pariente fallecido y eterno jerarca municipal, Álvaro Arzú Irigoyen, mantiene las estructuras de control social, de espionaje y de represión que el clan Arzú instauró en la alcaldía a la vez que protege a delincuentes como el ex alcalde auxiliar de la zona 21 Jorge Mario García, alias Gilligan. Quiñónez dirige una corporación que ha sido incapaz de resolver problemas esenciales como el servicio de agua, el transporte público y la disposición de la basura.
Todos ellos son la punta del iceberg en que se ha convertido el poder municipal, detentado por organizaciones criminales que han desnaturalizado el servicio al municipio. Al fin de cuentas, son las joyas de la corona del reino de la corrupción, el crimen y la impunidad.
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