Audiencia tras audiencia, el Tribunal A de Mayor Riesgo ha escuchado las declaraciones de los testigos, conocido las investigaciones de los peritos y ha tenido a la vista 48 osamentas encontradas en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, entre los municipios de Panzós y El Estor, en el juicio que inició el pasado 1 de febrero.
En la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, las mujeres q’eqchíes han revivido el recuerdo de los meses que pasaron en el destacamento de Sepur Zarco. Los años que guardaron silencio, “un silencio cultural de protección”, como explicó en su peritaje la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj, quien el miércoles 17 de febrero habló de los tejidos sociales que construyeron las mujeres al compartir su dolor de forma colectiva y ayudarse a perder el miedo, contar lo que vivieron y pedir justicia. Los testimonios de las víctimas, que fueron ofrecidos en 2012, y presentados como prueba anticipada ante el juez Miguel Ángel Gálvez, han sido reproducidos y han vuelto a narrar la forma en que los soldados –guiados por comisionados militares–desaparecieron a sus esposos en agosto de 1982. “Viudas” y “solas” las obligaron a trasladarse al destacamento militar de Sepur Zarco, donde, según sus relatos, fueron violadas en repetidas ocasiones durante seis meses y forzadas a cocinar y lavar uniformes militares. A pesar de los intentos del abogado Moisés Galindo, defensor del teniente Reyes, por excluir estos testimonios como parte del debate, el Tribunal decidió que no era posible debido a que “no se puede retrotraer el proceso y las pruebas ya fueron admitidas”, según explicó la jueza Yassmín Barrios.
“Esas diligencias están viciadas, los abogados defensores que oyeron a las mujeres no hicieron ninguna pregunta. Ahora nos tienen amarrados de las manos, solo podemos hacer una defensa técnica”, alegó Galindo.
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Cada día se revela una nueva pieza del rompecabezas que construye la acusación. Un testigo protegido de la Fiscalía, presentó su declaración por medio de una video-conferencia. Relató que su reclutamiento dentro del Ejército fue forzado junto a otras 350 personas. El testigo explicó al Tribunal que llegó al destacamento de Sepur Zarco en 1983, como parte de la tropa que relevaría a la del teniente Esteelmer Reyes como responsable del lugar que servía de descanso para los soldados que patrullaban Izabal y Alta Verapaz. “La comunidad estaba asustada por las violaciones y desapariciones”, recordó. El testigo dijo que en Sepur Zarco encontró a dos hombres dentro de una fosa. “Tenían los ojos cerrados y les di de beber agua con una cuchara. Fue feo escuchar cómo les tronó la garganta”, relató.
Cuerpos con torturas
Los testimonios cuentan historias similares, personas que sobrevivieron a torturas, golpes y violaciones en los destacamentos militares alrededor de Sepur Zarco: Chaviland, San Lucas, Pueblo Viejo, Panzós, El Estor, Tinajas, Paraná Las Colinas y Pataxte; además de dos zonas militares: la número 21, Antonio José Irisarri; y la número 6. Ahí muchos de los testigos vieron cómo sus familiares fueron detenidos por soldados del Ejército de Guatemala y ya no supieron nada de ellos. Hasta años después, algunos de los testigos encontraron los restos de sus parientes. Juan Maquín Caal reconoció la camisa de su padre en las exhumaciones realizadas hace cuatro años en las fincas donde se ubicaban los destacamentos. También doña Julia, la madre de Dominga Choc –una de la víctimas de violencia sexual de Sepur Zarco-, encontró las osamentas de su hija y nietas Hermelinda y Anita, a la orilla del río Rojquipur en una exhumación de 2001.
Durante todas las audiencias, las mujeres q’eqchíes han llevado la cara cubierta por perrajes, apenas se les ven los ojos. En el momento que los peritos abrieron las cajas que contenían las 48 osamentas con señales de torturas, su mirada se fijó en los restos de las personas que no han sido identificadas y que podrían ser alguno de sus esposos o familiares de los testigos que han acudido al juicio.
El arqueólogo Óscar Ixpatá indicó que realizaron exhumaciones en la finca Tinajas, donde localizaron 13 fosas. Dentro de éstas encontraron 48 osamentas. Además de los restos humanos, había lazos, vendas, cintas de zapato y material sintético. El experto concluyó que las personas sufrieron torturas y mostró las fisuras de algunos cráneos que recibieron un disparo en la cabeza o golpes fuertes. La defensa del teniente Reyes exigía la cadena de custodia de las osamentas, argumentando que debía estar absolutamente seguro de que cada uno de los vestigios presentados fue encontrado dentro de las instalaciones del destacamento Tinajas. El Tribunal denegó la petición debido a que la cadena de custodia no constituye un medio de prueba.
Listado macabro
Los testigos presentados por la Fiscalía, hablaron de una fecha que tienen grabada: 25 de agosto de 1982. Ese día es la celebración de Santa Rosa de Lima, la fiesta patronal de Panzós, en Alta Verapaz. También fue el día de la captura de 18 hombres, entre ellos, los esposos de las 15 mujeres que hoy son querellantes adhesivas del proceso. Según declararon tres alcaldes de las comunidades, el Ejército había empezado las detenciones dos meses antes de esa fecha. Los militares sabían quiénes tramitaban la titulación de propiedades en los comités de tierra. Los comisionados militares tenían la lista de los campesinos que desde 1970 habían empezado a gestionar un título de propiedad en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y detenían a quienes aparecían en ésta.
Manuel Cuc, alcalde auxiliar de la aldea de San Miguelito en Alta Verapaz en 1982, narró al Tribunal que él fue designado para tramitar las tierras de su comunidad. El 25 de junio de ese año, los soldados lo detuvieron, le acusaban de ser un delincuente y no lo dejaron hacer su solicitud en la municipalidad. Durante 45 días permaneció detenido en una casa en los alrededores del destacamento de Sepur Zarco. Estuvo con los ojos vendados, las manos y pies atados. No le daban de comer y si pedía agua le decían que abriera la boca y tomara los orines de los militares.
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Los exalcaldes, Manuel Ical de La Esperanza en Alta Verapaz, y Mateo Rax Maquín de San Lucas Tinimaj, Alta Verapaz, contaron que iban todos los viernes a la municipalidad de Panzós, donde se reunían otros alcaldes comunitarios de las aldeas de Panzós, para recibir órdenes y comunicarlas al resto de sus comunidades. Le llamaban el “Día de Viernes”. Allí conocieron al comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quien, según dijeron los dos testigos, siempre llevaba un listado en su mano e identificaba a los que llegaban al edificio municipal. Si sus nombres estaban escritos en la lista, los llevaba a un calabazo ubicado a la par de la municipalidad.
Rax Maquín, relató que fue detenido en uno de los retenes militares durante su trayecto de San Lucas Tinimaj a Panzós. Los soldados lo llamaron junto a otros tres hombres y los llevaron al destacamento de Tinajas. “Los cuatro estábamos solicitando tierra. Nos trataron como cerdos, nos amarraron a un poste y no nos daban de comer”. Fueron llevados a una casa dentro del destacamento, en la cual había cerca de 20 hombres, que eran torturados. A algunos les cortaban las orejas, la cara o la lengua. Uno a uno, los hombres desaparecían y nadie sabía dónde estaban sus restos, hasta que en una exhumación de 2012 encontraron varios cuerpos con las manos y pies atados.
Lucha por el dominio de la tierra
Las declaraciones de los sobrevivientes coinciden en que la mayoría de las víctimas de Sepur Zarco fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas cuando realizaban trámites para la titulación de la tierra de varias comunidades. El antropólogo, Juan Carlos Peláez, presentó un peritaje histórico-registral, en el cual demuestra que las siete víctimas de desaparición forzada en Sepur Zarco, aparecen en los archivos de solicitudes de tierra del INTA. Según Peláez, la violencia sexual y tratos inhumanos sufridos por mujeres y hombres del pueblo maya q’eqchi’ del área del Valle del Polochic, correspondieron a la ejecución de un plan sistemático que buscaba resguardar los intereses de propietarios de fincas con inscripciones registrales anómalas. “Las desmembraciones de algunas fincas eran más grandes que el tamaño de las fincas matriz. Con las solicitudes de los campesinos se iban a revisar las propiedades e iban a surgir todas esas incongruencias”, explica.
El investigador social, Héctor Rosada coincide con Peláez. Durante la presentación de su peritaje militar, aseguró que la violencia en el Valle de Polochic surgió por el temor de los terratenientes cuando los campesinos empezaron a organizarse en busca de legalizar la propiedad de sus tierras. En su dictamen, explica que en Sepur Zarco la denuncia de la élite que temía perder sus tierras, hizo que el Ejército implementara un operativo de control. “Los militares querían estar bien con los dueños de las haciendas, porque allí instalaban sus destacamentos. Incluso les daban carne para sus tropas”. Rosada narró cómo se desarrolla un plan táctico militar en áreas consideradas por el Ejército en conflicto interno, implementaban torturas públicas y patrullajes permanentes.
Pero, según el experto declaró, en la comunidad de Sepur Zarco, no hubo actividad guerrillera durante el conflicto armado. Su afirmación se sustenta en las consultas que hizo a “los dos bandos”. Rosada Granados tiene experiencia y antiguas relaciones con excomandantes guerrilleros y altos mandos del Ejército, debido a su trabajo como negociador de los Acuerdos de Paz y por las investigaciones que ha realizado.
En estos días, el abogado defensor Moisés Galindo presentó un amparo para detener el debate, que fue denegado por la Corte de Constitucionalidad y un recurso de revisión que tampoco fue aceptado. El juicio sigue su curso; la Fiscalía y los querellantes terminarán de presentar sus pruebas esta semana. En total, 34 testimonios –19 testigos presenciales y 15 vídeos de anticipo de prueba– 26 peritajes y los vestigios materiales de las osamentas, ropa y objetos asociados. La próxima semana iniciaría el turno de la defensa que planea presentar 48 testigos. Entre ellos, miembros de la congregación evangélica, a la cual pertenece Heriberto Valdez Asij y compañeros exmilitares del teniente Esteelmer Reyes.
