Desde ese día, incansablemente, Marco Antonio ha sido buscado y reclamado por su familia, la familia Molina Theissen. En el 2004, como parte de ese incansable trajinar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció que el Estado de Guatemala era responsable de su secuestro y desaparición. Condenó a Guatemala a realizar acciones de reparación que partieran de la investigación de los hechos y del paradero del niño a fin de entregárselo a su familia.
La corte también ordenó la creación de un banco nacional de genética que debía contener los exámenes de ADN de quienes tuvieran un familiar desaparecido. Además, también mandó que se juzgaran en las cortes nacionales los delitos correspondientes a la desaparición forzada de Marco Antonio y a la detención ilegal y a la violencia sexual perpetradas contra su hermana Emma Guadalupe. Este proceso concluyó en la condena en primera instancia de cuatro altos oficiales militares involucrados en la cadena de mando y en la acción directa del secuestro del niño.
La condena, primera en un caso de desaparición forzada de un menor de edad en Guatemala, fue posible gracias al inagotable esfuerzo de la familia Molina Theissen y al acompañamiento solidario de organizaciones nacionales e internacionales. Fue posible porque la evidencia es contundente y porque quienes tuvieron a su cargo la imputación y la conducción de las distintas etapas del proceso hicieron su trabajo. La defensa, por el contrario, buscó desprestigiar a la familia y justificar los hechos en la militancia de Emma Guadalupe, así como en la vocación democrática del padre y de otros miembros de la familia.
En síntesis, la defensa técnica nunca hizo su trabajo y, al final, como venganza por la condena, inició una acción infame. Patrocinados por la exnuera de Jorge Carpio Nicolle, Karen Fischer, los militares condenados inventaron el infundio de que Marco Antonio no solo estaba vivo, sino de que además estaba presente en la sala el día de la condena y había contraído matrimonio con una de sus hermanas.
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Hay que tener la mente frita por el mal, la perversidad y la inhumana visión del perpetrador para darle vida a semejante trama. No conformes con este acto de crueldad y vileza, insisten en requerir pruebas de ADN adicionales a las ya presentadas, que evidencian con creces la falsedad de su afirmación. Y con ello queda claro que la abogada y sus patrocinados se miden con la misma vara de la ruindad que revictimiza a una familia que por cuatro décadas ha buscado a su niño.
A diferencia de esa indigna profesional del derecho y de sus representados, la familia Molina Theissen puede erguirse con la frente en alto porque la dignidad y la nobleza han sido sus estandartes. La verdad y la justicia son y seguirán siendo sus guías. Por eso, jamás estará sola. Por el contrario, cada vez son más las voces que se alzan para reclamar justicia por Marco Antonio y Emma y para exigir que el niño sea devuelto a su familia.
La desaparición forzada de un niño indefenso, arrebatado de los brazos de su madre, es un enorme acto de cobardía, crueldad y maldad anidadas en los cuatro militares condenados, quienes, al igual que otros, usaron sus posiciones, pagadas con nuestros impuestos, para violar los derechos humanos de cientos de miles de personas. Como la familia Molina Theissen, otras 5,000 familias reclaman a un menor desaparecido y más de 50,000 familias esperan saber de un familiar detenido desaparecido. El silencio del Estado y del Ejército sobre los paraderos de ellos es inaceptable e imperdonable y solo constituye un gesto de impunidad.
Este 2021 se ha cumplido un año más del secuestro y la desaparición de Marco Antonio. Han pasado otros 12 meses sin que los ojos de doña Emma dejen de buscarlo. Son 365 días que se suman a cada uno de los 14,245 transcurridos desde el 6 de octubre de 1981 hasta 2020. Y aunque las han querido silenciar, las voces por Marco Antonio se elevan en número y en volumen. Son voces que reclaman justicia y que demandan que, en un acto de justicia, él le sea devuelto a su familia.
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