Los pueblos originarios han vivido las políticas de exterminio, incluido el genocidio contrainsurgente y el abandono estatal. Por siglos se forzó a la niñez de pueblos originarios a procesos de alfabetización con el idioma español impuesto. Debió haber una reforma educativa medianamente seria para que se avanzara en la educación bilingüe aunque con grandes limitaciones por la corrupción estatal.
No obstante, tras más de cinco siglos de resistencia, sobrevivir al genocidio y al abandono del Estado, los pueblos originarios dan lecciones de organización y liderazgo. Sus formas organizativas tradicionales y sus métodos de consulta y acción se diferencian por mucho de las formas occidentales que, ante la ausencia de liderazgos evidentes, quedan en orfandad profunda.
Así se vio luego de la Firma de la Paz y la desmovilización forzada de los movimientos sociales. Mismos que no han logrado emerger y alcanzar las dimensiones que tuvieron en las décadas de los 70 y 80. De ser fuerza social poderosa derivaron en espacios marginales, muy atomizados y con fuertes fisuras que dificultaban, cuando no impedían, cualquier grado de articulación.
A partir de que la lucha por la defensa de los territorios avanzara, a inicios del nuevo siglo, en esa misma dimensión se planteaba que la reserva moral –para llamarle de algún modo– estaba en el liderazgo de los pueblos originarios. Que desde los pueblos emergerían las nuevas formas de lucha y los espacios reales de coordinación.
Los hechos acontecidos desde este 2 de octubre así lo evidencian. En septiembre, las coordinaciones de autoridades ancestrales fijaron un plazo de 48 horas para que renunciara la fiscal general, María Consuelo Porras. Esa demanda respondía a la exigencia social de depuración del Ministerio Público (MP) el cual en manos de Porras se había convertido en arma de venganza jurídica contra quienes combatían la corrupción. El MP alcanzó tal nivel de podredumbre que sirvió de ariete al golpe contra las elecciones y contra la voluntad ciudadana.
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Luego de transcurridas las 48 horas, la típica desesperación capitalino-centrista y clasemediera afloró. Los reclamos contra el liderazgo de pueblos indígenas, en particular contra la Asociación de 48 Cantones de Totonicapán, no tardaron en emerger. La mente citadina esperaba que, vencido el plazo, los pueblos se lanzaran sin más a las calles y arremetieran contra el sistema sin mayor respaldo que su sola voluntad.
Pero las autoridades ancestrales agotaron todas las vías legales. Una vez agotadas, entonces sí convocaron al #ParoNacionalIndefinido, para el cual se prepararon y organizaron como sus métodos les indican. Por ello lograron sostener y hacer crecer a nivel nacional el movimiento de reclamo de renuncia de la Fiscal General y su equipo de corrupción. La fiesta ciudadana que nació tras la convocatoria, la adhesión voluntaria y espontánea en todos los rincones del país es la prueba maestra de que, por fin, más de cinco siglos después, Guatemala reconoce el indiscutible liderazgo de los pueblos mayas.
La sabia conducción del paro nacional, la respuesta social de respaldo y, por supuesto, el obvio rechazo de las élites racistas, clasistas y discriminadoras, responde a la inequívoca calidad de conducción de las autoridades ancestrales.
Más allá de los resultados que deriven del paro nacional, lo que ha quedado claro es que, hoy por hoy, el liderazgo de los pueblos originarios y sus autoridades es indiscutible. Que ninguna transformación será posible sin su guía y que toca aprender y aprehender de sus formas y métodos de consulta, organización y trabajo comunitario.
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