Así lo confirma el libro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Cumplirles a las niñas, niños y adolescentes, una propuesta de inversión pública en niñez y adolescencia (2020-2023) para avanzar en la agenda ODS. Con el rigor técnico característico del Icefi, dicha publicación muestra que el Estado guatemalteco incrementó la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) del 3.2 % del producto interno bruto (PIB) en 2015 a solamente el 3.5 % en 2020. Eso quiere decir que el Gobierno pasó de invertir Q6.30 diarios por cada niña, niño o adolescente en 2015 a invertir Q8.83 diarios en 2020. Ello, sin descontar el efecto del incremento de los precios, con el cual los montos serían aún menores.
Montos que destacan por pequeños, con el agravante de que el Gobierno no fue capaz de ejecutar la totalidad de la IPNA presupuestada, ya que en 2019 y 2020 ejecutó el 91 % de las asignaciones vigentes al final de los períodos. Además, los datos muestran un desequilibrio en las prioridades de la IPNA, ya que hay un sesgo marcado para educación, con un 79 % del total, en contraste con una prioridad de solamente el 9 % para salud o del 5 % para protección social. Invertir en educación es correcto, pero no debe ser a costa de descuidar otros derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia.
El libro del Icefi es innovador, ya que vincula los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas con los resultados estratégicos del Gobierno. El análisis de la inversión pública para cumplir los ODS confirma el sesgo para educación e incrementos más bien marginales del 3.0 % del PIB en 2017 a 3.3 % en 2020. Estos incrementos en la IPNA y en la inversión pública para cumplir los ODS resultan abrumadoramente insuficientes e insostenibles en el tiempo, además de que no son pertinentes por su marcado sesgo en educación y porque descuidan otros derechos fundamentales. Asimismo, se han empleado como válvula de escape, ya que se han recortado en tiempos de crisis.
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Para cumplir las metas de los ODS vinculados a educación, salud, nutrición y pobreza, el Icefi muestra que se requiere un incremento considerable del gasto público, el cual gradualmente debería pasar del 1.9 % del PIB en 2019 al 8.0 % de este en 2030. Se anticipa a atajar las críticas usuales reconociendo como condición obligada que este incremento debe acompañarse de una agenda efectiva para fortalecer la planificación, el seguimiento, la evaluación, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En sus palabras de apertura del evento público de presentación del libro, al vicepresidente de la república le asistió la razón al reconocer la magnitud del desafío, el cual no podrá superarse durante este gobierno. Sin embargo, él mencionó acciones que el Gobierno podría emprender desde ya para corregir el rumbo y por lo menos sentar las bases para que Guatemala inicie el recorrido por la senda correcta. Además, el vicepresidente se alejó de los discursos demagógicos y reconoció la magnitud del desafío de lograr que el Gobierno adopte una agenda efectiva, creíble y verificable de lucha contra la corrupción, así como de corregir al mismo tiempo la multiplicidad de falencias en términos de gestión del gasto público.
Hablar en pro de la niñez y de la adolescencia no es suficiente. Debe transitarse del discurso, demasiadas veces demagógico, a la acción efectiva para que gradualmente, pero con paso firme, Guatemala les cumpla a sus niñas, a sus niños y a sus adolescentes.
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