Los últimos guardianes del bosque

A un costado del camino de terracería entre Tikal y Uaxactún, hay una torre de metal que sobrepasa la copa de los árboles. Desde arriba, se puede ver una extensión considerable de la Reserva de la Biosfera Maya. Si uno lanza la vista hacia el sur, verá el Parque Nacional de Tikal, el cual goza del mayor grado de protección ambiental. El panorama es sobrecogedor: una selva densa, uniforme, en donde cada árbol pelea duro para hacerse de un espacio al sol. A lo lejos, la silueta del Templo IV a penas se distingue.

Si ahora uno gira la mirada hacia el norte, verá el área de la concesión forestal de Uaxactún, en donde una cooperativa comunitaria tiene derecho a talar árboles según normas ambientales estrictas. El paisaje es exactamente el mismo: un bosque que se pierde en el horizonte, un verde continúo que solo rompe, aquí y allá, algún árbol de flores amarillas o blancas, o una bandada de loros.

Para los administradores de la cooperativa y las ONG que la acompañan, el paisaje que se ve desde la torre es una muestra del éxito de un sistema de manejo forestal comunitario, creado y desarrollado en Guatemala, que ha permitido salvar una buena porción de la selva que cubría, hace unos 30 años, la mayor parte del departamento de Petén.

La Reserva de la Biosfera Maya

En 1990, bajo el gobierno de Vinicio Cerezo, se creó la Reserva de la Biosfera Maya: en la mitad norteña del Petén, 21 mil kilómetros cuadrados de selva tropical, un poco más que la  superficie de El Salvador, fueron puestas bajo la custodia de una institución recién creada, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

La reserva se organizó según varios regímenes de protección. El más fuerte es el de las áreas núcleo: parques nacionales como el de Tikal y Yaxhá, biotopos y corredores biológicos. En estos, se prohibieron los asentamientos humanos y cualquier tipo de explotación forestal.

Algunos ambientalistas querían que toda la reserva gozara de este tipo de protección. Pero entonces, ¿qué habría sido de las comunidades que habían quedado dentro de la reserva?

Y es que la selva petenera no es una selva virgen: desde principios del siglo 20, varias comunidades como Uaxactún y Carmelita viven de la extracción del chicle, la savia viscosa del chicozapote que servía de base a la goma de mascar, y de otros productos naturales como la pimienta gorda o el xate, una pequeña palma utilizada en arreglos florales.

Durante el proceso de creación de la reserva, éstas se organizaron y fundaron la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) para que la causa ambientalista no se transformara en un despojo para ellas. Dieron a entender que si no se les permitía seguir viviendo del bosque, su única alternativa sería la agricultura realizada bajo la destructiva modalidad de tumba y quema.

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 Las autoridades, asesoradas por organizaciones ambientalistas como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Rainforest Alliance o el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), buscaron  un equilibrio entre protección del bosque y actividades económicas. Se creó entonces la Zona de Usos Múltiples. En ésta, se permite la explotación sostenible de madera y de productos naturales. 40% de la reserva está bajo esta figura.

A partir de 1997, el CONAP empezó a otorgar concesiones a las comunidades: espacios dentro de la Zona de Usos Múltiples bajo la administración de una cooperativa. Cada una tiene derecho a extraer recursos del bosque, según normas impuestas por CONAP y por los organismos internacionales de certificación de la madera, a cambio de proteger su concesión de incendios, tala ilegal y asentamientos nuevos.

CONAP otorgó así 13 concesiones que suman alrededor de 500 mil hectáreas de bosque. Tres de estas fracasaron: sus líderes, manipulados por terratenientes y narcoganaderos, en vez de adherirse a las normas de manejo sustentable, repartieron las tierras y tumbaron una gran parte del bosque.

Las otras 10 buscan mejorar la calidad de vida de los asociados de las cooperativas y de sus respectivas comunidades a través del manejo forestal. En estas, se da esta paradoja: la tala de árboles es la garantía de la supervivencia del bosque.

Las cinco maderas del bosque

Cinco especies de árboles, de las más de 300 que tiene la selva petenera, brindan una madera con uso comercial. La más preciada y cara es la caoba, cuya madera roja es objeto de culto. Las otras especies son cedro, santa maría, pucté y manchiche. Son las que permiten la supervivencia de las comunidades forestales.

En un viaje de prensa organizado a iniciativa del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), institución con sede en Costa Rica y que es parte de la Organización de Estados Americanos, y financiado por la Fundación  Ford, Plaza Pública visitó la concesión de Yaloch. Esta tiene 25 mil hectáreas y es administrada por la cooperativa El Esfuerzo. Se encuentra al Norte de Melchor de Mencos y colinda, al este, con Belice. 

La carretera que se adentra en la concesión atraviesa un bosque tupido y oscuro. Llegamos a una bacadilla: un claro de alrededor de media hectárea que se abrió este año para sacar las maderas preciosas que  fueron extraídas.

Toda la explotación obedece a un plan de manejo forestal que garantiza que el recurso sea renovable. El área de la concesión ha sido previamente dividida en 30 cuadrantes. Cada año, uno solo de estos es aprovechado. Los demás, permanecen en reposo.

En el área de este año, todas las caobas han sido identificadas y ubicadas en un mapa. Sólo se talan las que sobrepasan 60 centímetros de diámetro. Si el árbol es menor, se guarda para la siguiente cosecha en esta área, que será dentro de 30 años. De los que tienen el diámetro indicado, se corta el 70%. Los demás sirven de semilleros para garantizar la reproducción de la especie. Además, los concesionarios tienen prohibido talar cerca de los ríos y lagunas o dentro de los sitios arqueológicos. En total, la intensidad de tala es uno a dos árboles por hectárea y por año.

Los árboles talados son llevados después al aserradero de la cooperativa en donde son cortados en tablas y exportados. Otra parte de la cosecha se manda a Forescom, una empresa propiedad de las cooperativas,  en donde la madera es procesada de forma más fina. Esta empresa busca agregarle valor a la madera fabricando productos como paneles, pisos, postes, celosías que también son exportados a Europa y Estados Unidos. Toda la madera extraída tiene el sello FSC (Forest Stewardship Council) que demuestra que la explotación maderera se ha realizado según normas muy estrictas, tanto ambientales como sociales.

Desde el punto de vista ambiental,  esta forma de operar es exitosa. El CATIE acaba de realizar un estudio sobre el estado de conservación de las especies maderables después de 15 o 20 años de manejo forestal por parte de las comunidades. Realizado por un experto estadounidense, James Grogan, el estudio mostró que las poblaciones de estas especies están en muy buenas condiciones. El nivel de explotación maderera está por debajo de la productividad de la selva, con lo cual, el recurso, en vez de disminuir, aumenta.

Según Bryan Finnegan, experto en manejo forestal del CATIE, el buen estado de conservación de la caoba y las otras maderas preciosas es crucial para la conservación de un bosque: garantiza que, además de su importancia ecológica, este tenga un valor económico. Según su experiencia, cuando las maderas preciosas se agotan en un bosque, la tentación por echarlo abajo crece.

Otros estudios anteriores ya mostraban la buena conservación de la selva petenera en las concesiones. Por ejemplo, la Wildlife Conservation Society mostró que la población de jaguares en estas zonas era de entre 10 y 12 cada 100 kilómetros cuadrados, lo cual, según los expertos, es una excelente estadística. Además, las imágenes satelitales demuestran que tasa de deforestación en las concesiones es de 0,4%, la mitad que en las zonas núcleo de la reserva que, teóricamente, gozan de mayor protección.

Amenazas a las concesiones

En 20 años de existencia, las concesiones no han tenido un momento de paz. Otorgadas en un territorio rico en recursos, enmarcado por dos fronteras conflictivas por donde trasiegan drogas y armas, estas despiertan el interés de políticos, empresarios y narcotraficantes. Así, los concesionarios han tenido que hacer frente a múltiples amenazas.

Una de las principales es la llamada narcoganadería: en su afán por controlar rutas  de trasiego de drogas, los narcotraficantes suelen adueñarse de grandes extensiones de tierra arrebatadas al bosque y que luego disfrazan de explotación ganadera. Sin estar preparadas para esto, las concesiones se convirtieron en un escudo ante el avance de esta práctica.

Para visualizar la presión a la que han resistido las concesiones, basta con el caso de la Laguna del Tigre, la parte oeste de la Reserva de la Biosfera Maya. En este parque nacional, considerado como el mayor humedal de Mesoamérica ninguna actividad económica está permitida. En teoría. En la realidad, queda muy poco del bosque que cubría esta zona.

En el informe “Disputa por los recursos estratégicos”, el investigador Harald Waxenecker explica que la laguna del Tigre se convirtió en un territorio bajo control de diversos poderes fácticos: las empresas petroleras Basic Ressources primero, y Perenco después, familias de narcotraficantes como los Lorenzana y los Mendoza y grupos de poder político liderados por Manuel Baldizón y los hermanos Barquín.

La carretera que abrió Basic Ressources dentro de  la reserva permitió la entrada de una oleada de población que se asentó dentro del área protegida. Con esto, el parque nacional fue dividido en fincas y parcelas ilegales, y el bosque fue talado. Todo, ante la pasividad del Estado.  

Hay un peligro latente de que un proceso similar ocurra en las zonas donde están las concesiones forestales. Esto pondría en peligro, no sólo las áreas concesionadas, sino también los parques de El Mirador y Tikal. Algunas concesiones como Afisap, que colinda con la Laguna del Tigre, han tenido que hacer frente, repetidas veces, a invasiones de comunidades.

“En la actual coyuntura, si queremos salvar la Reserva, hay que frenar el avance de la narcoganadería, y esto es imposible sin el apoyo del Estado”, opina Marco Vinicio Cerezo Blandón, director de la organización ambientalista Fundaeco. Esta idea vuelve repetidamente en boca de los concesionarios, para quienes, sin el apoyo del Ejército para controlar el territorio, les será imposible resistir al avance de la ganadería y rutas para el trasiego de drogas. También les preocupa saber que bajo el bosque de las concesiones, hay yacimientos de petróleo por explotar.

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“Las concesiones forestales son un buen instrumento para la conservación. Pero no están en su óptimo. Están en una fase de suspenso. Y así como cayeron tres, podrían caerse las demás. No se han consolidado porque falta el liderazgo fuerte del Estado”, opina Juventino Gálvez, director de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, quien estaba al frente de CONAP cuando, a finales de los años 90, se entregaron las primeras concesiones.

Para Gálvez, los sucesivos gobiernos, desde Alfonso Portillo hasta Otto Pérez Molina, han quitado capacidades al CONAP, lo que ha puesto en peligro el desarrollo del modelo concesionario. Además, varios de estos gobiernos se olvidaron de mantener el control territorial de todo el Norte petenero.

En el terreno, no parece que el proceso esté moribundo. Las concesiones reciben apoyo constante de grandes organizaciones ambientalistas (CATIE, Rainforest Alliance, WCS, Defensores de la Naturaleza), y de la cooperación estadounidense. En la entrada de cada ruta hay talanqueras controladas por el ejército y la policía en las que siempre hay guardarrecursos de CONAP y representantes de las concesiones forestales. Estos puestos de control evitan el paso de madera ilegal, de ganado y de alambre de púas.

A nivel económico, los concesionarios se complacen en resaltar sus éxitos. Por ejemplo, la concesión de Uaxactún ha obtenido un contrato millonario para enviar manchiche y pucté para el paso peatonal del puente de Brooklyn. Esto, tras una licitación en la que se enfrentaron a 122 proveedores de todo el mundo. Por su parte, las cooperativas de Melchor de Mencos están orgullosas de venderles madera a los famosos fabricantes de guitarras Gibson y Taylor.

Además, las concesiones realizan esfuerzos por diversificar sus actividades. La recolección de xate, planta ornamental que se exporta luego a Estados Unidos y Europa, se une a la extracción de chicle, pimienta gorda y ramón. En Uaxactún, hay también un incipiente proyecto de turismo para que una parte de los visitantes de Tikal llegue a visitar el observatorio maya del lugar. En esta concesión, la que ha hecho los mayores esfuerzos por diversificarse, la madera aporta el 65% de sus ingresos, mientras que el 35% lo dan los demás productos.

Los ingresos permiten a las comunidades invertir en control del territorio. Según Teresita Chinchilla, de Acofop, las cooperativas invierten hasta Q2,5 millones anuales en patrullajes para evitar la tala y la cacería ilegal, así como para mantener los 300 kilómetros de brechas cortafuegos que recorren las concesiones.

Pero a pesar de estos logros, el modelo concesionario no puede aún valerse por sí mismo para funcionar. Las organizaciones ambientalistas que acompañan las cooperativas siguen siendo determinantes, tanto en lo técnico como en lo político. “Sin el apoyo internacional, nos costaría sobrevivir. La gente diría ‘ya están solos, podemos caerles’”, admite uno de los líderes de la cooperativa Laborantes del Bosque.

Otro tema que preocupa a las concesiones es su renovación. Estas fueron otorgadas, a partir de 1995, por una duración de 25 años. Por lo tanto, varias de estas sienten que el tiempo se les termina. Acofop, la asociación que las reúne, busca a una renovación temprana de las concesiones.

Marco Vinicio Cerezo también aboga por estos nuevos contratos: “La renovación debe darse temprano para darles certeza jurídica a los concesionarios. De otra forma, conforme la incertidumbre crezca, crecerá la tentación de vender pedazos de tierra como se vio en la concesión de La Colorada. Se necesitan contratos puestos al día, mejorados, que permitan reducir la presión de los narcoganaderos”.

Juventino Gálvez también apoya la renovación mejorada de un sistema que “trae más beneficios que perjuicios”. Pero ve con preocupación la respuesta del Estado. “Las administraciones del Conap no han visto a los concesionarios como verdaderos aliados. El país los ha dejado solos”. Un país, añade Gálvez, que suele promover el modelo de desarrollo del “gran capital, con uso intensivo de tecnología, contaminante, cortoplacista, enfocado en el mercado internacional”. Las concesiones forestales del Petén, añade Gálvez, “son un modelo alterno, centrado en las comunidades”.

Sobre las renovaciones, Eliseo Gálvez, subsecretario del CONAP, informa que la institución aún está realizando las evaluaciones  para decidir qué concesiones serán extendidas 25 años más. “No es automático que todas sean reconducidas”. Pero enseguida agregó: “CONAP reconoce  los esfuerzos de las comunidades para cumplir con  el manejo forestal sostenible. Este es un modelo que hay que  mantener y fortalecer ya que es un  ejemplo internacionalmente reconocido”. En cuanto al plazo para la renovación de las concesiones, afirmó que el proceso  de evaluación podría terminar el año que viene. “La renovación debería hacerse cinco años antes de que venzan las concesiones ya que este es el periodo que cubren los planes de manejo forestal”, explicó Eliseo Gálvez.  

Queda por ver si la intención de CONAP no cambia con la llegada con las próximas autoridades. Otra incertidumbre es la voluntad del Estado en entablar un pulso con los poderes fácticos y  con las comunidades invasoras que ocupan y degradan grandes extensiones de la Reserva de la Biosfera Maya. Sin este apoyo, el bosque petenero tiene los días  contados.