Conforme crecen los números de casos de covid-19 y de muertes por dicha enfermedad, Giammattei agudiza sus comentarios ofensivos, como el de las «150 gentes» manifestando en la plaza, o sus desatinos, como su prioridad a la iniciativa de ley 5,915, Ley de Libertad de Religión y Creencia, de Culto y de Conciencia, para que algunas Iglesias sigan lavando dinero con impunidad legalizada. Manifestaciones de desinterés y de menosprecio al pensar y sentir de la ciudadanía en lugar de las acciones responsables y conscientes de un estadista preocupado y sensato.
La realidad de la respuesta gubernamental es la de un país a merced de la caridad expresada por las donaciones de los países amigos, que, por muy generosas que sean y por mucho que merezcan todo nuestro agradecimiento, no exculpan a Giammattei y a su gabinete por la estafa del contrato de las vacunas rusas. Vacunas que le están llegando a cuentagotas a la gente, que hace largas filas bajo el sol en los centros de vacunación. Y estos, pese a los esfuerzos heroicos y al cansancio agotador del personal sanitario, siguen operando con insumos y personal insuficientes.
Paralelamente, los hospitales, públicos y privados, ya están saturados. La única empresa proveedora de oxígeno en Guatemala está operando las 24 horas, y la gente que puede se aglomera en las afueras buscando recargar los cilindros de oxígeno. La realidad en los hospitales es dantesca, agudizada por la ineptitud y la negligencia de las autoridades, evidenciada en las imágenes del Hospital Especializado de Villa Nueva, sin personal y con pacientes abandonados a su suerte. Esto, en la ciudad capital, porque se teme que la situación en el interior del país sea mucho peor.
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Pero las cifras ya evidencian que los crímenes de Giammattei y de su gobierno no se limitan a la tragedia de la ineptitud y de la negligencia en el abordaje de la pandemia del covid-19, sino también en el descuido de las demás responsabilidades de la salud pública. Antes de la pandemia, Guatemala ya ocupaba una posición mundial vergonzosa, con más de la mitad de su niñez condenada por la desnutrición crónica, con niveles excesivamente altos de mortalidad materna e infantil y con una prevalencia también excesivamente alta de otras enfermedades. Evidencia de esta tragedia paralela a la pandemia es el incremento de muertes por cáncer y por enfermedades renales resultado del abandono criminal de la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico.
El estado de prevención decretado por el Gobierno, en vez de una medida sanitaria de emergencia legítima, parece más una acción para golpear económicamente a los sectores empresariales que no se han alineado al grupo que, defendiendo lo indefendible, busca lucrar apoyando a contracorriente a Giammattei. Evidencia de esto es el amparo que un grupo de empresarios presentó en contra del estado de prevención decretado, ya que en la práctica se está aplicando en los sectores comerciales y empresariales que se han sumado a las protestas y denuncias contra Giammattei, pero es blando y flexible con los empresarios y religiosos que los apoyan.
El descontento contra Giammattei y el rechazo de este y de su gobierno son generalizados, tal como lo revelan las encuestas hasta ahora realizadas. Sin embargo, todas estas evidencias parecen importarle poco al mandatario, que parece más interesado en seguir estimulando y permitiendo la corrupción, que crece rampante en entidades como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y que abierta y explícitamente menosprecia y descalifica la protesta ciudadana. Pero, sobre todo, no le importa, menos le duele, la muerte de un número creciente de la ciudadanía cuya vida juró proteger. ¿Hasta cuándo?
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